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Archive for 31 marzo 2011

Cuentas cantan

Podríamos decir que el Teatro Real de Madrid es el último de toda una serie de edificios consagrados a las artes escénicas que se construyeron en el mismo terreno, en el centro de la ciudad. El primero se levantó en 1708 y, a partir de esa fecha, gracias a la piqueta o los incendios, se han sucediendo ahí los teatros.

En 1978, el Gobierno decidió dedicar el actual a la ópera, lo que motivó la última gran reforma a fondo del edificio. En la actualidad, está gestionado por la Fundación Teatro Lírico. Una entidad cuyo patronato está designado a medias por el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid.

La actividad económica de la fundación es notable. En el año 2006 ganó más de 65 millones de euros por diversas actividades entre las que se incluye la propia, que es la lírica. De ese dinero, más de 24 millones fueron en subvenciones públicas.

Como cualquier institución en la que participan administraciones públicas, es auditada de forma periódica por el Tribunal de Cuentas. Y lo cierto es que la última auditoría –la del ejercicio 2006- no es nada favorable para la entidad. El Tribunal de Cuentas detectó un número considerable de irregularidades que tienen que, entre otras con la contratación de personal, los métodos para obtener abonos y temas contables. No es poco.

De lo primero cabe decir que es un mal endémico en las instituciones participadas por lo público, cuando debían ser ejemplares. De lo segundo que supone una lesión a los derechos de la ciudadanía al acceso y a la accesibilidad a los servicios culturales que presta la entidad.

Las irregularidades contables detectadas van desde registros erróneos a imputar partidas de dinero a conceptos que no corresponde. Faltaba también documentación, por lo que no todas las cuentas se pudieron comprobar.

La fundación se comprometió a subsanar las deficiencias señaladas por la auditoría. Pero aquí no vamos a entrar en las cuentas en sí. Son temas de gestión cultural, cuando no económica o laboral. Pero cuando uno ve casos así no puede por menos que hacerse preguntas. Preguntas que ahora quiero compartir con ustedes.

A la hora de desarrollar una política cultural determinada, tan importante es la concepción como la ejecución. No basta con fijar objetivos. También hay que decidir qué fórmulas se van a usar para alcanzarlos. Y eso me lleva a la primera de las preguntas. ¿Se están aplicando en España las fórmulas correctas?

Parece que en muchos casos no. En el sector Cultura actúa una multitud de instituciones –desde fundaciones a empresas públicas- participadas por el Estado, las CCAA y los Ayuntamientos. Muchas reciben subvenciones suculentas. Y en sus patronatos o consejos se sientan representantes de las administraciones, con frecuencia «compensados» con dietas generosas.

En concreto, para seguir con el ejemplo de la Fundación Teatro Lírico, en el 2006 –año auditado que nos ocupa- los seis patronos natos eran el Ministro de Cultura, el Presidente de la Comunidad de Madrid, el subsecretario del Ministerio de Cultura, el titular del INAEM, el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid y el presidente de la Junta de Protectores. Aparte, existían vocales-patronos, nombrados unos por el Ministerio de Cultura y otros por la Comunidad de Madrid.

Pues no parece que la presencia de tanto notable sirviera para que las cosas se hicieran en la forma correcta. Y esto ocurre con multitud de entidades. Y si la presencia de tanto cargo nato y designado no sirve para que las cosas se hagan bien, ¿para qué sirve? Si las irregularidades no son casos aislados sino la norma, ¿no será que estas fórmulas no son acertadas?

En esto la inercia es terrible, como en tantos otros campos. ¿No sería posible mejorar los artefactos a través de los que trabajamos? Sin duda. Habría que recurrir a gestores culturales, juristas, expertos en gestión y administración de empresas, etc., para tales mejoras.

Pero, yendo más allá, ¿no podríamos emplear otros artefactos mejores? Sin duda. ¿Por qué no? Habría que estudiar qué soluciones exitosas se aplican en otros países. Con la ayuda de los expertos arriba mencionados, podríamos adaptarlo a nuestro propio estado. No que no tiene sentido es perpetuarse en la ineficacia y el error.

¿Por qué ni las Administraciones ni sus representantes en esas instituciones tengan responsabilidad alguna? No hablo ante los delitos. Pero si las cosas no se hacen como es debido, alguien tendría que asumir responsabilidades políticas. Y desde luego que alguien debería exigírselas.

Una última pregunta. ¿Por qué las Administraciones no supervisan el uso que se da a las subvenciones que entregan? Eso es dinero público. Ya hemos comentado que en este caso –que insisto que es solo un ejemplo de una situación general- el Ministerio de Cultura otorgó más de 24 millones. Pero otro tanto podemos decir del Ayuntamiento de Madrid, que dio a esta institución una subvención de 1,5 millones y esta la contabilizó en donaciones y legados, y no en subvenciones.

Las cuentas cantan. Y cantan que estas fórmulas no salen a cuenta. Debiéramos plantearnos nuestros esquemas, las soluciones que empleamos. Hay que romper con la inercia antes mentada, porque es una de las cuerdas que está estrangulando a la cultura en este país, que tan pródigo es en creadores y artistas por otra parte.

 

Addenda. Quien tenga curiosidad, puede consultar en la siguiente dirección el asunto de las cuentas de la Fundación Teatro Lírico, que por otra parte he usado en este artículo a título tan solo de botón de muestra: http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/23/pdfs/BOE-A-2011-5311.pdf

 

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Hará ya dos años, tuve la fortuna de poder conversar con un policía experto en delitos contra la propiedad industrial e intelectual. Un hombre de larga experiencia, con gran conocimiento sobre el tema. Sostenía que para combatir con éxito este tipo de delitos hay que apoyarse en tres puntos esenciales. Leyes más claras, represión adecuada y educación.

Claridad legal, porque en España no la hay. No la hay. Existen lagunas, confusión, indefiniciones que ayudan a escabullirse a los que cometen delitos contra la propiedad industrial o intelectual. Los piratas, para entendernos.

Represión adecuada que pasa por dotar a la policía de medios. Por castigar también a los compradores, por ejemplo con multas, cosa que ahora no se hace. Tal vez por crear juzgados especializados en este tipo de delitos, como los hay en otros.

Y educación. No es verdad que nuestro país sea uno de los que más piratea. Ocurre que aquí se ha viciado la opinión pública. En otros países de la UE se piratea más, pero pocos se jactan de algo que es ilegal. En España muchos se vanaglorian de ello. Con ese alarde tratan en el fondo de justificar algo que saben que está mal y se disfrazan de Robin Hood en pugna heroica contra malvadas industrias.

Y lo que quiero plantear aquí tiene mucho que ver con el ejercicio de pedagogía que se debe hacer en esta cuestión de la piratería.

Verán. Creo que es un error tratar de separar, a la hora de abordar estos delitos, al sector Cultura del resto. Error y de los graves. Ese acto preciso –presentar a la piratería contra lo cultural como algo aparte-, hace a la cultura mucho más vulnerable a ella.

Aunque el sector genera cientos de miles de empleos directos e indirectos, la parte visible del mismo es muy pequeño. Creadores, directivos de grandes empresas del sector, poco más. Muy poca gente. Algo que, unido a la segregación arriba apuntada, hace fácil a otros sectores interesados malquistar a la cultura con la opinión pública. Es fácil presentar el problema como un puñado de privilegiados voraces que no dejan de reclamar prebendas.

Es preciso que la ciudadanía tenga una perspectiva más amplia, que es por cierto más ajustada a la realidad.

La piratería afecta a muchos sectores productivos. Informática, ropa, calzado, perfumes, complementos…  Hay casos, como el de los medicamentos, en que se atenta además contra la salud. Es preciso que los ciudadanos sepan que se pierden cerca de medio millón de empleos al año en la UE por culpa de este tipo de delitos.

También que sirve para financiar tramas extremistas. Islamistas sobre todo. Hay sospechas fundadas de que en nuestro país actúan redes de este tipo. Por ejemplo, algunas integradas por islamistas paquistaníes a las que es casi imposible controlar, dadas las dificultades que tiene la policía para infiltrar agentes en las mismas.

Hay más. La piratería es parte de un problema mayor. El de los productos que, fabricados dentro o fuera de la UE, se comercializan en la misma sin homologación ni controles. En el peor de los casos suponen un riesgo para la salud. Y siempre son competencia desleal para fabricantes y comerciantes que siguen las normas, pagan impuestos y tienen en condiciones legales a sus trabajadores. La existencia de ese mercado pirata disminuye la calidad de los productos, merma las arcas públicas y atenta contra derechos laborales que han costado mucho tiempo y sangre conseguir. Casi nada.

Todo esto es preciso mostrárselo a los ciudadanos. Y hacerlo de la forma adecuada. Solo entonces, cuando vean la magnitud y las implicaciones de este problema, tomarán conciencia del mismo. Y tal vez entonces su actitud hacia la piratería cambie.

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Hace ahora un año –el 26 de marzo del 2010-, la Agencia Tributaria emitió una respuesta vinculante a una consulta sobre el IVA aplicable a los ebooks. En ella indicaba que el IVA sería del 16% (ahora 18%) en los casos en que los libros se suministrasen mediante descarga.

Tal respuesta produjo un gran trastorno en el sector editorial. Muchas empresas tenían en marcha proyectos de producción y comercialización de ebooks, y se vieron obligadas a recalcularlo todo sobre la marcha.

La AGT sustanciaba su respuesta sobre todo en la directiva 2009/47/CE y parece que la gran mayoría de los legisladores españoles han aceptado esa óptica sin rechistar, ya que sus iniciativas se han encaminado a pedir al Gobierno que propicie un cambio en esa directiva. Sin embargo, existe otra óptica sobre el asunto que aquí quiero compartir.

De entrada, las directivas europeas no son obligatorias. Si la legislación propia de un país miembro contiene preceptos parecidos que pueden ser armonizados, no hay ninguna razón para trasponer la directiva, total o parcialmente. De hecho, esa directiva no se ha traspuesto en España. Resulta por tanto pintoresco que la AGT se acoja a ella.

Otro punto negro es que la AGT recurra a la definición de libro de la RAE y no a la de la ley 10/2007 de la lectura, del libro y de las bibliotecas. Desde un punto de vista jurídico, la única definición válida de libro es la que da esta ley. Y en ella se le define como producto y no como servicio.

Entiende la AGT que la venta del libro es la prestación de un servicio. Pero, según la definición que la ley del IVA, eso es imposible. El libro tiene como característica esencial que no puede ser modificado sin permiso. Así lo establece la Ley de la Propiedad Intelectual. Es imposible que un producto intelectual terminado se convierta en un servicio susceptible de modificarse a petición del comprador.

Habla de «venta de servicios». Pero los servicios no se venden sino que se prestan por un tiempo determinado. Su no permanencia temporal, su no propiedad por parte del usuario es lo que les diferencia de los productos. Los productos sí que son propiedad permanente: se disfrutan de nuevo sin necesidad de otro pago y su propiedad se puede trasmitir.

La AGT mezcla dos conceptos distintos. Atribuye más importancia al envase que al contenido. La ley del libro establece que el libro es producto y no servicio, y que puede estar en cualquier soporte. Eso es así porque el soporte lo único que hace es permitir la lectura. Y la lectura es la forma del disfrute del bien adquirido. Sin ello, no tendría sentido la compra.

Con su respuesta, la AGT contradijo otras previas, emitidas por ella misma sobre el mismo asunto. Y ha causado una serie de daños notables:

Daño a todos los españoles, que son los destinatarios últimos de las políticas culturales. Su derecho al acceso a la cultura y a la información se resiente por culpa de este tipo abusivo de IVA.

Daño al desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

Daño a las empresas editoriales e informáticas. También a los creadores.

No es un tema baladí. Puede llevar a escenarios poco halagüeños. Por ejemplo a que las editoriales españolas tengan que competir en desventaja con otras radicadas en estados de legislación más favorable. Puede haber riesgo de deslocalización, de que nuestras empresas se muden a otros países, ya que para vender ebooks solo se necesitan páginas de descarga y no presencia física en el país.

Casi cualquier opción nos lleva a la pérdida de movimiento económico y a la destrucción de empleo.

Así que más nos vale que alguien haga algo al respecto. Algo tan sencillo como desarrollar una legislación coherente. Una que ayude a un sector de futuro con un mercado potencial enorme que, según las previsiones, no hará sino crecer en las próximas décadas.

 

Legislación mencionada:

Directiva 2009/47/CE

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:116:0018:0020:ES:PDF

 

Ley de la lectura, del libro y las bibliotecas:

http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27140-27150.pdf

 

Ley del IVA http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1992-28740

 

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Ayer 23 de febrero, inauguraron una plaza minúscula con el nombre de Antonio Vega. Es en realidad un rinconcito –la confluencia de tres calles en Malasaña- hasta ahora sin nombre. ¿Qué más da eso? El más pequeño de los jardines históricos de Madrid, el del Príncipe de Anglona, es al tiempo uno de los más hermosos de la ciudad. Antonio Vega es una figura mítica de una época mítica. Y poner su nombre en esa placita, junto al barrio enseña de la movida madrileña no podía por menos que atraer a los medios. Así que tampoco podía faltar el alcalde de Madrid.
Esta afirmación la hago sin retintín. Su presencia era lógica y obligada. Su ausencia hubiera sido poco menos que un desaire, además de un daño a la imagen del cargo como vertebrador de la vida cívica. También, desde luego, hubiese sido renunciar de forma absurda a una publicidad positiva para la persona.
Gran número de acciones culturales tienen su dimensión mediática. Eso es un hecho. Dan imagen positiva a los promotores. También a la sociedad que los acomete, sea una ciudad, región o país. Y eso se traduce en prestigio, turismo, ingresos, puestos de trabajo.
¿Qué ciertas actuaciones culturales tienen su toque de vanidad? Claro, como casi cualquier acto humano. Eso en sí no es bueno ni malo. Sin ese punto de vanidad humana –personal o colectiva- tal vez no tendríamos pirámides, ni catedrales ni pintura renacentista. La vanidad solo es dañina si se desboca y antepone al primero objetivo de las políticas culturales. Les ocurre a los dictadores, que tienen tendencia a sembrar sus países con estatuas ciclópeas de ellos mismos. Efigies que, casi con en un rito de paso, las multitudes derriban y achatarran no bien cae el régimen.
Pero volvamos al factor «imagen» en las políticas culturales. Soy de los que creen que no solo debe asumirse su presencia. Es indispensable tenerlo en cuenta al diseñar cualquier política de tipo cultural. Si no se hace, el cálculo estará siempre incompleto. Digo esto para que no se malentienda lo que esto diciendo.
Volvamos de lo general a lo particular. Esto viene a que ayer, cuando vi en la tele cómo el alcalde inauguraba esa placita, ante cámaras y micros, esa imagen me resultó de un gran simbolismo.
Verán. A solo unos pasos de ese cruce de tres calles está la calle del Dos de Mayo. Y ahí, en el nº 11, está la iglesia de la parroquia de Nuestra Señora de las Maravillas y los santos Justo y Pastor. Un monumento del siglo XVII que ahora se está cayendo. Se cae de verdad, sin que nadie haga nada para remediarlo.
Es simbólico porque esa iglesia pertenece al municipio, no al obispado. El templo era parte de un convento que, tras la revolución de 1868, fue desamortizado. Demolieron el convento pero no la iglesia, que pasó a propiedad municipal, aunque se permitió seguir celebrando culto en su interior.
Así pues, el responsable de mantener esa pieza del patrimonio arquitectónico es el Ayuntamiento de Madrid. Pero a la vista está que el consistorio no está cumpliendo con su obligación. Han aparecido grietas que afectan a la estructura. Grietas que en la cúpula llegan a los diez centímetros de anchura. Diez centímetros. Se están produciendo caídas de materiales. Por esta razón ya han tenido que acudir los bomberos varias veces, la última esta misma semana.
El mal estado en que se halla el edificio ha sido reconocido por el Ayuntamiento. En su día hizo un plan de saneamiento. Plan que es papel mojado. Nada. Porque de momento ninguna obra se ha acometido.
¿No resulta muy simbólico que esos dos sucesos tengan lugar a solo unos pasos de distancia y con unas pocas horas de diferencia. El señor alcalde que inaugura una placita ante los medios y los bomberos municipales que acuden tras la llamada de vecinos alertando de la caída de material del exterior de la iglesia cuatro veces centenaria.
Y ahora regresemos a lo general. En las políticas culturales es malo no tener en cuenta el factor imagen. Por no hacerlo ocurre que ciertas actuaciones –como las subvenciones al cine, ciertos eventos o algunas restauraciones de monumentos- se ganan la hostilidad de la población, que las ve como un despilfarro de dinero público.
Y lo contrario, primar demasiado la imagen, no es malo sino terrible. Que la imagen sirva se sustente sobre nada. Que no sea pantalla donde se proyectan los resultados de la política en materia de cultura sino telón para tapar las ruinas. Ruinas de verdad como las que amenazan a esa iglesia.
Por eso aquella imagen en televisión de ayer me resultó tan simbólica. Símbolo de una situación que venimos sufriendo con demasiada frecuencia. Sufriendo en toda España y no solo en Madrid, eso es cierto.

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Hace unos meses, un importador español de ebooks readers tuvo un tropiezo importante en la aduana. Al ingresar en nuestro territorio una partida de esos dispositivos, fabricados en Oriente, quiso hacerlo pagando los mismos aranceles que se aplican a las pantallas de ordenador. Esto es: cero. Sin embargo, las autoridades no consideraron que tales dispositivos de lectura de ebooks fuesen equiparables a las pantallas. En consecuencia les impuso un tributo oneroso.
El tropiezo es serio. El pago de tales tasas implica de forma automática que el precio de venta final será más elevado. Y aquí surge un problema. Los importadores españoles de estos dispositivos tendrán que competir en desventaja con los de otros estados miembros de la UE. A ellos sus propias autoridades no les aplicarán ese arancel. Podrán pues remitir partidas a nuestro país para venderlas aquí a un precio que nuestros propios importadores no podrán igualar. Como mucho, se verán obligados a trabajar con márgenes de beneficio menores, so pena de verse barridos del mercado.
Esto no es algo que afecte solo a estos dispositivos. Ocurren con gran cantidad de elementos electrónicos importados. Pero aquí estamos hablando de este caso concreto porque afecta de lleno a un segmento del sector Cultura.
¿Y cómo es posible que ocurra algo así? Pues sucede que era el importador el que llevaba la razón. Le avala una IAV. IAV son las siglas de Información Aduanera Vinculante. Son dictámenes que sobre cuestiones concretas emite alguna autoridad aduanera comunitaria. Y son vinculantes para todos los estados miembros.
Sin embargo, en España se vienen produciendo reiterados problemas a la hora de aplicar esas IAVs. Las razones para ello podrían ser varias. No nos extenderemos sobre las mismas, aunque cabe señalar que una muy importante es la multiplicidad de centros (puertos, aeropuertos, etc.) que llevan a la aplicación de criterios distintos a un mismo caso, según el lugar.
El problema –y por tanto su solución- pasa por un hecho simple. En la página web de la Agencia Tributaria no figuran esas IAVs. Y si no están, no hay por qué aplicarlas. Si estuvieran, dado que la web es un tablón de anuncios público con efectos jurídicos, quedaría zanjado el tema.
Los perjudicados no están desvalidos. Pueden recurrir y así lo hacen a los tribunales económicos. Pero eso significa demoras y gastos para todos. Para la empresa desde luego y también para las arcas públicas. Y de paso se daña a la economía nacional, ya que se está poniendo a nuestras empresas en situación de desventaja frente a las de otros países de la Unión.
Bastaría con que la ley obligase a la Agencia Tributaria a esa inclusión en su web. No estaría tampoco nada mal que hubiera traducción de las webs a las que enlaza la Agencia. Eso haría más fácil a los importadores el conocer el marco legal. Por culpa de tanta traba, a menudo tienen que recurrir a agencias tramitadoras, cosa que aumenta sus costes.
Esto que acabo de comentar es –a mi modesto entender, claro- un ejemplo perfecto de hasta qué punto los límites del sector Cultura son imprecisos. De cómo es una pieza más de la maquinaria productiva y legal del país. También de cómo las acciones u omisiones de la administración, en campos sin aparente relación con la Cultura, pueden afectar al sector, de forma por lo general bastante dañina.

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No voy a ser yo el que haga valoraciones sobre las posibles intenciones de algunos de los errores detectados en el diseño de los cálculos que generan la Cuenta Satélite de la Cultura. Pero no se pueden pasar por alto los efectos negativos que tales errores causan. Efectos como que:

Incrementan de forma artificial la importancia económica y la participación del sector Cultura en el PIB nacional. Son sumas y porcentajes irreales. Y está claro que, si se diseñan planes de acción institucional a partir de tales resultados, tales planes nacerán ya viciados.

Al hilo de esto, asombra –como tantas cosas en este país- el hecho de que algunas administraciones autonómicas no suministren los datos necesarios para los cálculos. Vulneran así la ley. También lo hacen las del Estado por dejación al permitirlo. Se puede corregir cuanto se quiera la metodología y los enfoques. Pero si no se alimenta al cómputo con el suficiente número de datos es imposible llegar a conclusiones acertadas.

Pero el problema más grave de la Cuenta Satélite, a juicio de muchos, es el siguiente. Si sus conclusiones son falsas, los recursos, ayudas y subvenciones que las Administraciones Públicas asignen en función de esas cifras no serán los acertados. Se quiebra así el principio de distribución justa.

Repito que no voy a entrar en juicios de intenciones. Pero si se revisan los números, no se puede negar que algunos segmentos culturales, gracias a la Cuenta Satélite, se ven muy favorecido a la hora de recibir dinero público.

En fin. Es cierto que hacer algo en España es exponerse a ataques agrios, sean merecidos o no. Aquí menearse es un riesgo. Es mejor quedarse quieto y no salir movido en la foto. Por eso me parece justo dejar para el final lo bueno. Bueno a mi entender, claro.

Es muy interesante que se pretenda evaluar qué peso económico tiene el sector en nuestro país. Eso no significa desdeñar otros aspectos de la Cultura, en absoluto. Es obvio que Cultura es algo más que economía. Pero también es economía, dinero, empleos.

Para evaluar eso, la Cuenta Satélite puede ser buen punto de partida. Malo si se pretende de llegada.

Dicen los que saben que no solo habría que corregir los métodos. Tendría que ser más flexible. Incorporar actividades y profesionales que trabajan de lleno en el sector. El caso ya señalado de los químicos que se ocupan en la restauración es el ejemplo perfecto.

Es más. El sistema tendría que estar sometido a revisiones y ajustes continuos. El sector Cultura es uno de los que, gracias a las «nuevas tecnologías» está sometido a transformaciones de vértigo. En segmentos enteros, el panorama puede cambiar por completo casi de un año para otro. Las pautas que son válidas hoy estarán obsoletas antes de una década. Eso vale para el aspecto creativo, sí. Y también para el económico.

 

Enlaces relacionados.

 

Enlaces relacionados.

La Cuenta Satélite de la Cultura en España. http://www.mcu.es/estadisticas/MC/CSCE/index.html

Los criterios estadísticos de EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-77-07-296/EN/KS-77-07-296-EN.PDF

Los criterios estadísticos del Ministerio de Cultura http://www.mcu.es/estadisticas/docs/CSCE/metodologia_csce-2009.pdf

http://www.mcu.es/estadisticas/MC/CSCE/index.html

http://www.mcu.es/cooperacion/docs/MC/Estadisticas_e_indicadores_culturales.pdf

 

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La segunda de las críticas a la Cuenta Satélite viene desde una dirección bien distinta a la primera, aunque igual de bien fundada. Se refiere tanto a la metodología empleada como al enfoque del que parten todos estos cálculos.

El Ministerio de Cultura español sigue un criterio de evaluación y valoración económica VAB (Valor Añadido Bruto). Todo se basa en que las distintas actividades culturales tienen una incidencia medible sobre el PIB.

Contra esto se aduce que el criterio del VAB en este terreno ha sido rechazado por las leyes estadísticas de la UE. También que la hipótesis de trabajo sobre la que se fundamenta la Cuenta Satélite ha sido invalidada por EUROSTAT (las estadísticas oficiales de la UE) en 2007. Pese a ello, el Ministerio de Cultura sigue aplicando el criterio EUROSTAT del 2002, ya superado.

En general, se achaca a que la «ideología» que rige todo esto tiene ya olor a rancio. Los datos sobre los que se informa son, en esencia, los mismos que se tomaban ya en los años 50 y 60. Y desde entonces el sector Cultura ha cambiado mucho.

No solo el método es obsoleto y la hipótesis de partida discutible. A todo ello hay que sumar encima un problema práctico, propio de la España de las Autonomías. Según la ley, las administraciones están obligadas a suministrar los datos necesarios para las estadísticas. Sin embargo, algunas CCAA se niegan por sistema a entregar datos cuantificables al Estado, sin que este haga valer sus derechos. Por tanto, las informaciones proceden solo de las fuentes que las facilitan y no del conjunto. Y eso es algo que no puede por menos que distorsionar de forma muy grave unos resultados que proceden de la estadística.

Más fallos señalados. Que se confunden productos con servicios. Que se equipara a estos con industrias. Y algo muy grave: que se olvidan de incluir todo un rimero de profesiones relacionadas con el sector Cultura. Desde químicos especializados en restauración a informáticos, por señalar solo dos ejemplos entre docenas de profesionales que trabajan en distintos campos culturales, han sido obviados en función de criterios anticuados.

No es la única simplificación excesiva. Se incluyen a todas las TIC en el segmento de Cinematografía y audiovisuales. No se contemplan las colecciones de los Gabinetes Reales de Ciencias o los BIC* de las Reales Academias…

Podríamos seguir, pero basten esos ejemplos. Es toda una serie de errores, omisiones, simplificaciones que, a juicio de los críticos, invalidarían a la Cuenta Satélite como radiografía de la actividad económica del sector Cultural.

Los resultados equivocados llevarían a su vez a un reparto erróneo de los recursos, en función del falso nivel de importancia atribuido a cada segmento dentro del sector Cultura. Al no conocerse de verdad las necesidades y el impacto social de los distintos segmentos, ni de cada CCAA, Ente Local e instituciones culturales del Estado, mal se pueden distribuir con justicia o eficacia los recursos, las ayudas y las subvenciones.

 

* BIC: Bienes de Interés Cultural.

 

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Esta es la primera de las críticas que se hacen a la Cuenta Satélite de la Cultura. Que se inflan los datos y se magnifican los resultados. Y lo cierto es que los argumentos de esos críticos son de una solvencia indiscutible. Porque en esencia indican que para hacer las estimaciones se incluyen a segmentos que no se puede calificar como pertenecientes a la Cultura. Al menos, no del todo.

Dentro de los segmentos introducidos a calzador estaría ni más ni menos que el gran peso pesado en cuanto a generación de ingresos y empleos. Los libros y la prensa. Es cierto que no parece nada razonable ubicar a los periódicos y las revistas dentro del sector Cultura. Una parte sí, desde luego. Pero no todo, ni mucho menos.

Y eso es solo un botón de muestra. Otros serían las agencias de noticias o la televisión. ¿Cabe considerar a los telediarios o los concursos –por no hablar del corazoneo- como parte del sector Cultura? Parece lógico responder que no.

Entonces, habría que determinar qué porcentaje habría que retirar de esos segmentos a la hora de hacer los cálculos de la Cuenta Satélite. Es algo que resulta peliagudo, porque en la mayor parte de ellos una parte de su actividad es imputable a Cultura y otra no.

Los hay que indican incluso que toda esa actividad económica atribuida de forma errónea a Cultura podría suponer alrededor de los 15.000 millones de euros. Casi el 50% del total. La mitad. Mucho. Y eso solo en el tema monetario. Porque estas correcciones tendrían también un efecto demoledor sobre las estimaciones del número de empleos que genera el sector.

Según el contraanálisis, habría que restar los ingresos generados por: la prensa escrita, la compraventa de aparatos de imagen y sonido, la actividad de radio y televisión, la de las agencias de noticias… Es una resta masiva que dejaría el porcentaje que Cultura aporta al PIB nacional en un mucho más discreto 2,5%. Ahora sí, por debajo de sectores como el energético o el agrícola, en el otro post mencionados.

No acaba ahí la cosa. Existe además un factor que distorsiona de forma importante los cálculos. Se trata de las políticas de financiación que llevan a cabo las distintas Administraciones Públicas en el campo de la Cultura. Estado, CCAA y Entes Locales han estado destinando al año más de 5.000 millones de euros para financiación, subvenciones y actuaciones públicas en este terreno.

Aquí el grueso del gasto corre a cargo de los Entes Locales. Con los datos del 2006 en la mano, sabemos que ese año los Ayuntamientos gastaron 2.895 millones, frente a los 1.466 que gastaron las CCAA y los 784 que gastó el Estado.

Visto todo esto, parece razonable pensar que –a partir de los segmentos incluidos y los baremos aplicados- cabe aplicar una corrección severa a la baja si se quiere hacer un cálculo realista. No tanta como dicen algunos detractores, desde luego. De hacer caso a estos, tendríamos que eliminar segmentos enteros, lo que tampoco es lógico.

Pero, incluso con aplicando estas correcciones, no por eso quedaría ajustado el cálculo. Hay otros críticos que señalan con igual razón que hay elementos y factores que no se han tenido en cuenta. De haberse hecho, entrarían ingresos que no se han computado. Así pues, estamos ante una distorsión doble, pues un error no corrige a otro.

Pero sobre la ausencia de esos elementos en el cálculo, vamos a hablar en detalle ya en la tercera entrega.

 

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En la última década, el Ministerio de Cultura español ha venido utilizando la fórmula de la Cuenta Satélite de la Cultura para medir el dinero que mueve el sector, así como el porcentaje que le corresponde dentro del PIB nacional. La Cuenta Satélite de la Cultura busca una evaluación objetiva del peso económico del sector, mediante la aplicación de herramientas estadísticas e índices oficiales. Se pretende pues medir el valor material que produce el sector, sin entrar en el valor inmaterial que pueda generar.

Para ello se consideran, por un lado, distintos segmentos: Patrimonio, Archivos y Bibliotecas, Libros y prensa, Artes plásticas, Artes escénicas, Audiovisual, Cine y vídeo, Música grabada, Radio y televisión. De otra parte se contemplan diversas actividades: Creación y producción, fabricación, difusión, promoción, actividades educativas, actividades auxiliares.

Los cálculos son sin duda complejos. De todo ello, la Cuenta Satélite de la Cultura nos ofreció, para el año 2008 –última fecha hecha pública- una cifra de 31.094 millones de euros. Algo más del 4% del PIB nacional. Ese, siempre según la Cuenta Satélite, sería el movimiento económico que genera la Cultura en España.

Sin observamos por sectores, la estrella es sin duda el de Libros y Prensa, que supone algo más del 40% de todo eso. Y, en cuanto a actividades, la palma se la lleva la de Creación y producción, que abarca el 56% del total.

Si hemos de creer a la Cuenta Satélite, tampoco en el terreno del empleo la Cultura es de desdeñar. En actividades culturales, estaría dando trabajo a 660.000 personas, nada menos. Y aquí de nuevo brilla el sector de Libros y prensa, que supone el 40% de esa cantidad. Le seguiría Audiovisual y multimedia con el nada despreciable porcentaje del 22%.

En lo que toca a las comparativas, también la Cuenta Satélite mostraría la salud relativa del sector. Por ejemplo que no habría dejado de crecer en cifras, desde los 19.833 millones de euros del año 2000 a los citados 31.094 del 2008. O por ejemplo que tendría más importancia que el sector energético (2,7% del PIB) o que el agrario (3,7%).

A simple vista, todo esto parece una gran suma y un % del PIB más que respetable. Pero no lo es a juicio de algunos. España es el segundo o tercer país con mayor patrimonio cultural –material e inmaterial- del mundo. Solo estamos en este terreno por detrás de México y no disputamos el segundo puesto con Italia. Con este factor sobre la mesa, los hay que consideran que el sector Cultura debía generar más ingresos y aportar más al conjunto de la riqueza nacional.

Pero además, dejando de lado esta cuestión, resulta que la Cuenta Satélite, los métodos que emplea y las cifras que ofrece, están sometidas a crítica desde campos muy diversos. Desde los que consideran que se inflan las cifras a los que le acusan de dejar fuera de las estimaciones a elementos importantes. Y es a ambas críticas a los que vamos echar una ojeada en las siguientes entradas.

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Quizá para evitar equívocos lo mejor sea que comience por explicar lo que este blog no es. No está dedicado a la crítica literaria, musical o cinematográfica, ni a la crónica de eventos socio-culturales, tipo entrega de premios. Tampoco a la reflexión teórica sobre las Artes.

El blog se ocupa justo de lo que pone en su subtítulo. Las «políticas culturales». Y ese es un término que abarca un campo de acción muy amplio y a varios niveles. Bajo su paraguas caben desde la legislación sobre cultura a las actuaciones que llevan a cabo las instituciones públicas ligadas al sector, por citar solo dos ejemplos.

Por eso he optado por usar la expresión en plural. «Políticas culturales». En este blog tendremos entradas de lo más diversas. Unas dedicadas a comentar actuaciones puntuales o concretas. Otras a estructuras político-culturales. Algunas a cambios legales que afectan –por acción u omisión- a segmentos enteros del mundo cultural.

Soy consciente de que las palabras «política» y «cultura» parecen chocar. El término puede sonarles a algunos a oxímoron. Y a otros a tejemanejes entre politiquería y artisteo. Es como si el primer vocablo le privase al segundo de cualquier mimbre intelectual o posible glamur. Aparte de sonar a muy, pero que muy aburrido.

Nada de eso. Una cosa es lo que haga o dejen de hacer nuestros políticos –tan devaluados como clase- y otra lo que es la política. Hay que entender a esta como el ordenamiento de lo público, la administración de los recursos del Estado, la gestión razonable de lo posible.

Eso, llevado al campo de la cultura, son las políticas culturales. En su caso, involucran tanto a bienes materiales como inmateriales*. Esa es una de las razones que las hacen en ocasiones tan espinosas.

La cultura, como sector, se puede comparar a una malla tridimensional. Una muy compleja, de lo más sensible a cualquier variación y en ocasiones harto frágil. Provocar cambios en alguno de los puntos de esa malla imaginaria, sin tener en cuenta todo lo que lo rodea y se interrelaciona con él produce a menudo consecuencias que distan mucho de lo que se esperaba. Es justo eso lo que hace que el terreno de las políticas culturales sea tan difícil y a la vez tan fascinante.

Es verdad que todo esto puede tener una vertiente árida. Lo jurídico suele serlo para los legos, entre los que me incluyo. Pero este no es un blog jurídico, así que nos cuidaremos de entrar en ciertas profundidades que conviene dejar a los expertos.

Aquí vamos a tratar de explorar el sector cultural en España. Uno de tantos que no da de sí todo lo que debiera. La cultura como sector en España se podría comparar a un huerto de suelo rico que, aunque da frutos sueltos de primera, no acaba nunca de rendir las grandes cosechas que con su potencial debiera. Y eso en parte se debe a la aplicación de políticas al sector que muchas veces no son las más adecuadas.

* Material e inmaterial son dos términos complementarios que van a aparecer en más de una entrada. En este caso concreto se refiere al binomio sector productivo-creación.

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