Podríamos decir que el Teatro Real de Madrid es el último de toda una serie de edificios consagrados a las artes escénicas que se construyeron en el mismo terreno, en el centro de la ciudad. El primero se levantó en 1708 y, a partir de esa fecha, gracias a la piqueta o los incendios, se han sucediendo ahí los teatros.
En 1978, el Gobierno decidió dedicar el actual a la ópera, lo que motivó la última gran reforma a fondo del edificio. En la actualidad, está gestionado por la Fundación Teatro Lírico. Una entidad cuyo patronato está designado a medias por el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid.
La actividad económica de la fundación es notable. En el año 2006 ganó más de 65 millones de euros por diversas actividades entre las que se incluye la propia, que es la lírica. De ese dinero, más de 24 millones fueron en subvenciones públicas.
Como cualquier institución en la que participan administraciones públicas, es auditada de forma periódica por el Tribunal de Cuentas. Y lo cierto es que la última auditoría –la del ejercicio 2006- no es nada favorable para la entidad. El Tribunal de Cuentas detectó un número considerable de irregularidades que tienen que, entre otras con la contratación de personal, los métodos para obtener abonos y temas contables. No es poco.
De lo primero cabe decir que es un mal endémico en las instituciones participadas por lo público, cuando debían ser ejemplares. De lo segundo que supone una lesión a los derechos de la ciudadanía al acceso y a la accesibilidad a los servicios culturales que presta la entidad.
Las irregularidades contables detectadas van desde registros erróneos a imputar partidas de dinero a conceptos que no corresponde. Faltaba también documentación, por lo que no todas las cuentas se pudieron comprobar.
La fundación se comprometió a subsanar las deficiencias señaladas por la auditoría. Pero aquí no vamos a entrar en las cuentas en sí. Son temas de gestión cultural, cuando no económica o laboral. Pero cuando uno ve casos así no puede por menos que hacerse preguntas. Preguntas que ahora quiero compartir con ustedes.
A la hora de desarrollar una política cultural determinada, tan importante es la concepción como la ejecución. No basta con fijar objetivos. También hay que decidir qué fórmulas se van a usar para alcanzarlos. Y eso me lleva a la primera de las preguntas. ¿Se están aplicando en España las fórmulas correctas?
Parece que en muchos casos no. En el sector Cultura actúa una multitud de instituciones –desde fundaciones a empresas públicas- participadas por el Estado, las CCAA y los Ayuntamientos. Muchas reciben subvenciones suculentas. Y en sus patronatos o consejos se sientan representantes de las administraciones, con frecuencia «compensados» con dietas generosas.
En concreto, para seguir con el ejemplo de la Fundación Teatro Lírico, en el 2006 –año auditado que nos ocupa- los seis patronos natos eran el Ministro de Cultura, el Presidente de la Comunidad de Madrid, el subsecretario del Ministerio de Cultura, el titular del INAEM, el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid y el presidente de la Junta de Protectores. Aparte, existían vocales-patronos, nombrados unos por el Ministerio de Cultura y otros por la Comunidad de Madrid.
Pues no parece que la presencia de tanto notable sirviera para que las cosas se hicieran en la forma correcta. Y esto ocurre con multitud de entidades. Y si la presencia de tanto cargo nato y designado no sirve para que las cosas se hagan bien, ¿para qué sirve? Si las irregularidades no son casos aislados sino la norma, ¿no será que estas fórmulas no son acertadas?
En esto la inercia es terrible, como en tantos otros campos. ¿No sería posible mejorar los artefactos a través de los que trabajamos? Sin duda. Habría que recurrir a gestores culturales, juristas, expertos en gestión y administración de empresas, etc., para tales mejoras.
Pero, yendo más allá, ¿no podríamos emplear otros artefactos mejores? Sin duda. ¿Por qué no? Habría que estudiar qué soluciones exitosas se aplican en otros países. Con la ayuda de los expertos arriba mencionados, podríamos adaptarlo a nuestro propio estado. No que no tiene sentido es perpetuarse en la ineficacia y el error.
¿Por qué ni las Administraciones ni sus representantes en esas instituciones tengan responsabilidad alguna? No hablo ante los delitos. Pero si las cosas no se hacen como es debido, alguien tendría que asumir responsabilidades políticas. Y desde luego que alguien debería exigírselas.
Una última pregunta. ¿Por qué las Administraciones no supervisan el uso que se da a las subvenciones que entregan? Eso es dinero público. Ya hemos comentado que en este caso –que insisto que es solo un ejemplo de una situación general- el Ministerio de Cultura otorgó más de 24 millones. Pero otro tanto podemos decir del Ayuntamiento de Madrid, que dio a esta institución una subvención de 1,5 millones y esta la contabilizó en donaciones y legados, y no en subvenciones.
Las cuentas cantan. Y cantan que estas fórmulas no salen a cuenta. Debiéramos plantearnos nuestros esquemas, las soluciones que empleamos. Hay que romper con la inercia antes mentada, porque es una de las cuerdas que está estrangulando a la cultura en este país, que tan pródigo es en creadores y artistas por otra parte.
Addenda. Quien tenga curiosidad, puede consultar en la siguiente dirección el asunto de las cuentas de la Fundación Teatro Lírico, que por otra parte he usado en este artículo a título tan solo de botón de muestra: http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/23/pdfs/BOE-A-2011-5311.pdf
