Hace un par de semanas, el director de la Academia de Cine, González Macho, hizo un comentario en una conferencia en el Foro de la Nueva Cultura que me dio que pensar. Fue acerca de la piratería contra la propiedad intelectual y las pérdidas que causa a la Hacienda Pública. Alrededor de 2.000 millones perdidos en impuestos. Suficientes para cubrir el agujero en sanidad.
Lo que me dejó pensando no fue la cifra ni eso de la sanidad, que ni siquiera he comprobado. Fue más bien la orientación del comentario. Porque son datos como ese los que se descuidan a la hora de concienciar a la opinión pública sobre este tema.
Soy de esos que creen que uno de los grandes errores en la lucha contra la piratería es que la batalla de la imagen se ha dado de forma pésima. O más bien ni se ha dado.
Piensen que los derechos de la propiedad intelectual se enfrentan a un hándicap importante respecto a otros derechos. Verán: en el caso del robo, el asesinato o la violación, el 99% de los ciudadanos son susceptibles de sufrir el delito y solo un porcentaje residual de cometerlo. De ahí el consenso social en esos temas. Reprimir tales delitos es cuestión de supervivencia para la gran mayoría.
La cosa cambia con la piratería. Los porcentajes son inversos casi. Un 1% de la población –si llega- está amenazada por ese delito, en tanto que la gran mayoría tiene la posibilidad de cometerlo. Eso marca una diferencia y es absurdo ignorar el hecho.
De esa mayoría en posición de piratear, un porcentaje lo hace. Y parte de ellos además alardean de hacerlo y lo defienden. Como cuando se comete cualquier delito o agresión contra los que son sus conciudadanos, buscan justificaciones. Buscan soportes ideológicos que certifiquen que lo que hacen no está mal o incluso que está bien.
Y si hay demanda, aparece la oferta. No faltan los gurús de ocasión que dan ese soporte ideológico y eslóganes. Que alientan y fabrican argumentos. Tampoco faltan medios de comunicación dispuestos a dar resonancia a esos argumentos. Medios que son parte interesada en esta guerra, por cierto.
Si a todo eso sumamos las malas prácticas de ciertas sociedades de gestión y colectivos de la creación, el caldo de brujas está servido. La avaricia, la prepotencia, la apuesta por el lobby de presión política frente a la defensa de las buenas leyes han hecho mucho daño al sector.
La imagen de unos creadores codiciosos y ruines no se ha forjado en dos días. Tampoco nació por generación espontánea.
Es paradójico que en esto el sector cultural haya perdido la batalla de la imagen. Tantas mentes brillantes, tantos conocimientos sobre el tema. Y derrotados por… ¿por quién? Por unos cuantos agitadores de segunda y por los trolls que saturan a insultos las páginas de comentarios de la prensa online cada vez que se toca este tema. Poco más.
¿No será que la batalla de la imagen la ha perdido el sector cultural más por los errores propios que por la cantidad y calidad de sus enemigos activos?
Por eso digo que me quedé pensando cuando oí aquel dato sobre las pérdidas causadas por la piratería a Hacienda. ¿Qué pasaría si esas cifras se usasen de manera adecuada? En otra entrada que titulé Contra la piratería, más educación y una pizca o dos de visión estratégica, contaba cómo los expertos señalan que para combatir la piratería son necesarios educación, leyes más claras y represión adecuada.
A esas tres quizá habría que añadir un cuidado por la imagen que hasta ahora no se ha tenido.
El sector cultural debiera invertir en imagen, como lo hacen otros. Presentar a la ciudadanía las cifras. El dinero perdido en impuestos. La destrucción de empleos. El lucro indecente de particulares y mafias organizadas. Habría que tratar a la piratería en su conjunto, y no solo a la que daña a la propiedad intelectual. Habría… mucho que hacer, eso es lo que habría.
Si el sector cultural diese la batalla de la imagen, tal vez se volverían las tornas. Si los profetas de la piratería campan a sus anchas es porque nadie les planta de verdad cara. Al menos no de la manera adecuada. En una época de crisis como la que vivimos, la opinión pública es muy sensible a las pérdidas para las arcas públicas y en empleo.
Acaba de anunciar el nuevo ministro de Educación (y por tanto de Cultura) que está dispuesto a actuar contra los que se lucran de forma indebida con las descargas. Y eso ha bastado para que ya salgan a relucir las navajas. Ya veremos en qué forma aborda este Gobierno ese problema.
Lo que decía que para el sector cultural es un problema de imagen, para el Estado es una cuestión de pedagogía. No puede ser que según una encuesta reciente, solo un 30% de los españoles ve a las descargas ilegales como algo delictivo. Se han estado haciendo muy mal las cosas. Hay que presentar esas cifras y si es preciso recurrir a campañas de concienciación pública como las de los accidentes de tráfico. Las medidas legales, llegados a este extremo, me da la sensación de que no bastan.
Ocurre que el propio Estado ha quedado salpicado por haber tomado medidas que favorecían a algunas industrias culturales mediante fórmulas chapuceras que al final han hecho mucho daño. Y ahora es fácil echarle encima a la gente. No tanta multitud como parece, pero sin duda que habrá bastante ruido mediático y en redes. Y eso suele poner muy nerviosos a ciertos políticos. Y si no véase la lamentable actuación del anterior presidente, el Sr. Rodríguez Zapatero, que paralizó la aprobación del reglamento de la llamada ley Sinde no por convicción sino por miedo a la reacción de ciertos sectores públicos.
Para no alargarnos. Que mientras no se trabaje más en las áreas de pedagogía e imagen, la guerra contra la piratería no podrá ganarse en este país. Y mientras no se gane –porque lo anterior ha de acompañar a mejores leyes. Leyes que protejan los derechos legítimos de los creadores sin conculcar los también legítimos de los ciudadanos-, España seguirá siendo señalada como un paraíso para toda clase de piratas. Y eso incluye a las mafias organizadas de la falsificación. Una distinción más bien triste que yo, al menos, no quisiera ver mucho tiempo en nuestra pechera.
