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Inaceptables las «explicaciones» del Ministerio de Hacienda sobre el IVA que pasa a aplicarse a muchos sectores de la Cultura. Declaraciones como la de que el Gobierno «ha reclasificado el IVA de ciertos productos de entretenimiento como las entradas de los espectáculos (cine, teatro y otros) que pasan al tipo general del 21 %. El tipo general del IVA se aplica también en otros países del entorno como Francia, Reino Unido y Portugal» no son de recibo. De entrada porque no es cierto. El IVA aplicado a las artes plásticas en los países de nuestro entorno es menor. Adquirir un cuadro en Francia o Gran Bretaña supone pagar un impuesto reducido (creo recordar que en el segundo de esos países es del 5%).

Pero además, esa división entre entretenimiento y cultura es espeluznante. Es posible que un Gobierno acorralado a críticas desde multitud de flancos por la subida del IVA, haya recurrido al truco de la manipulación semántica. ¿Por qué no? Es lo que parece estar haciendo, en la estela de lo que ya hicieron los gobiernos de Rodríguez Zapatero. Casi todo lo malo se pega con rapidez.

Y además, el recurrir a esa dicotomía falsa cultura-entretenimiento no sale del aire. Llevamos un tiempo oyen y leyendo acerca de que «la cultura no es entretenimiento», «no hay que confundir cultura con entretenimiento» y expresiones por el estilo. Y si eso empezó como la reflexión sincera de ciertos intelectos cultivados, pronto se extendió y se convirtió en la tapadera de «quítale la subvención a otros sectores, pero al mío no».

Así que ahora al Gobierno le ha sido fácil recurrir a ese mantra. Solo ha necesitado darle la vuelta para apuntar con él contra los mismos que lo enarbolaban.

Esa distinción desde el Ministerio entre cultura y entretenimiento es tremenda e inaceptable, y lo es por dos razones fundamentales.

La primera porque el área administrativa Cultura se dedica a regular, ordenar, etc., todos aquellos segmentos englobados bajo la misma. Así de sencillo. De hecho, puede variar. Espectáculos Taurinos estaba hasta hace menos de un año en Interior, no en Cultura. Y Prensa bien podría estar fuera de Cultura.

Que ahora un Gobierno establezca esa división y grave a unos segmentos o actividades con un IVA y a otros les mantenga con el reducido o superreducido crea una especie de «cultura vip» y «cultura turista». Y eso no puede ser. Si uno pretende imponer distintos impuestos a diferentes sectores, no debe recurrir a argumentos como esos.

Entre otras cosas porque, aunque es cierto que cultura no equivale a entretenimiento, la cultura sí puede ser entretenimiento y viceversa. Es como decir que el ser humano es algo más que materia orgánica. Es cierto. Pero también lo es que sí es materia orgánica. La dicotomía en sí es absurda. No son términos iguales pero tampoco lo son antagónicos.

La segunda razón es algo que a mí, en particular, me resulta espeluznante. Parece que el PP –que siempre han sido un poco los japoneses (los de antes) de la política española, en el sentido de su capacidad de hacer copias baratas pero eficaces de propuestas ajenas- no solo han clonado esta legislatura las tácticas de manipulación del lenguaje del PSOE. También ese sentido de superioridad, de pastores intelectuales de la ciudadanía. Porque esa división entre cultura y entretenimiento implica el considerarse con la capacidad y la potestad de decidir qué es cultura y qué es solo simple evasión. Y eso es terrible.

Eso sí, no debe de asombrarnos que unos y otros consideren antagónicos cultura y entretenimiento. Eso quiere decir que consideran que cultura es sinónimo de aburrimiento. Lógico. Es congruente con nuestra historia de siglos. No por nada en El nombre de la Rosa, el enloquecido religioso que trataba de destruir el libro de Aristóteles sobre la Risa –considerando que la risa y el esparcimiento eran malos para el espíritu humano- era español. Y así seguimos muy en el fondo: considerando que la diversión es de baja estofa, que la cultura ha de ser engolada y pomposa.

Y así nos va.

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Soy consciente de tener estos días abandonado el blog. De cometer el pecado imperdonable de no colocar al menos una entrada nueva a la semana (imperdonable según los expertos). Ocurre que un par de proyectos absorben todo mi tiempo. Porque justo es una época en la que hay materia de actualidad, desde luego. La subida del IVA que cualquier lógica dice que será catastrófica para ciertos sectores culturales, la nueva ley de PI anunciada para octubre, el expolio del Liceu, imputado ya oficialmente a CIU y que demuestra la incapacidad del Estado (que ha estado dando millones a esa institución durante años) para supervisar el destino de esos fondos…

En fin, para mantener esto en movimiento y para ser esperanzador, les dejo un ensayo estupendo sobre Julio César y las Bibliotecas Públicas. Digo esperanzador porque indica que ya de muy antiguo había un interés por preservar y difundir la cultura, por mucho que entonces lo de público fuese un concepto más restrictivo que ahora. Leer Julio César y la idea de biblioteca pública en la antigua Roma.

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Se celebra lo que desde hace tres cuartos de siglo es la gran fiesta del libro en Madrid: La Feria del Libro. A la sombra de la crisis, con una caída real de ventas del 20% (catastrófico), menos casetas y tratando todos de poner al mal tiempo buena cara. Lo que no han faltado son las casetas institucionales. Casetas de un montón de ministerios y también una enorme del Ayuntamiento de Madrid.

¿Es eso razonable? Si siguen este blog sabrán que no soy partidario de los recortes indiscriminados, que no son más que otra cara de la demagogia. Pero ¿qué sentido tienen las casetas institucionales? Toda la documentación se podría librar -en muchos casos ya está así- a través de PDFs colgados en web. Y en cuanto a esos libros carísimos de papel excelente y grandes fotografías… ¿Para qué sirven en estos tiempos de repositorios? Y no me digan que es que hay algunas personas que están interesados en eso y no están hechos a manejarse en red. No me digan eso por favor, cuando luego justifican quitarle a la gente ambulatorios. Esa minoría que no accede a la Red, que se las apañe. Si no lo hace, no es por falta de dinero. Desde luego, el que es pobre para pagarse una conexión a internet (algo lamentable y que debía ser un servicio universal y gratuito, al menos en su paquete más básico) tampoco lo tiene para pagar libros de fotos de arte en papel couché.

Estamos en una crisis terrible, con gente que hace cinco años era próspera viviendo en la calle, porque hasta la casa ha perdido. Nuestros gobernantes reducen prestaciones sanitarias, aumentan la ratio de alumnos por aula, despiden a profesores, alargan la edad de jubilación… pero ahí siguen, un año más, las malditas casetas institucionales. De ahí mi pregunta que da título a esta entrada y otras más que se me ocurren. ¿Es esto razonable? ¿Es esto responsable? ¿Es esto buena gestión de los escasos fondos públicos? Ustedes ¿qué opinan? A lo mejor estoy sacando las cosas de quicio…

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Dado que hoy es el Día Internacional de los Museos, pues hoy no haremos una entrada de números, leyes o situaciones. Vamos a disfrutar del día y os invito a un paseo virtual por cico de los muchos museos interactivos que ya están abiertos en la Red. Vamos allá. Poco o nada hay que decir, porque sus mismos nombres lo dicen todo. Solo entren y disfruten.

1. Comencemos por el Museo Nacional de las Artes Populares de México. IR

2.El Museo Americano de Fotografía IR

3. El Museo de las artes decorativas húngaras IR

4. El Museo Virtual de la Ciencia, del CSIC español IR

5. El Museo Virtual de las Artes del Paraguay IR

Corta presentación, ¿Verdad? Pero largo recorrido si se animan al paseo. Ah, y con el aliciente añadido de que algunos de estos museos son del todo virtuales; es decir, no son el reflejo en Red de un museo físico, sino que solo existen en la Nube. Que los disfruten.

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En el Día Mundial de Monumentos y Sitios, el buscador del Ministerio de Bienes del Patrimonio. Para acceder, basta con pinchar aquí.

Via Scoop.itDe políticas culturales

Se ofrece la posibilidad de buscar los bienes declarados, tanto por comunidad autónoma como por fecha de inscripción…

Via www.mcu.es

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Estamos en septiembre y gran número de pueblos por toda nuestra geografía celebran sus fiestas en este mes. Fiestas que en algunos casos van a estar más que apretadas en cuestión de presupuestos. La situación económica obliga. Llevamos ya cuatro años de crisis y hace unos pocos meses que fueron las elecciones municipales. Gran número de nuevos alcaldes se han encontrado con que las arcas estaban mucho más vacías de lo que pensaban, si no repletas de deudas inesperadas. Y han tenido que tomar medidas a toda prisa.

Puestos en tal tesitura, una de las partidas que se suele reducir de forma casi instintiva es la destinada a los festejos. En realidad, esto es algo que ha venido haciéndose desde que comenzó esta malhadada crisis. Pero según la situación se vuelve más y más dura, la tendencia se acentúa. Vamos, que los alcaldes se hacen eco de aquel dicho popular de que «no estamos para fiestas» y no dejan de tratar de ahorrar por ahí.

La medida parece natural y ha sido aplaudida por muchos, ahí donde se ha llevado a cabo. Parece lógico, sí, que en una situación apurada, con ayuntamientos que a duras penas pueden pagar la luz, el agua y los sueldos de sus funcionarios, se empiece a recortar por estos conceptos.

Pero lo que parece tan evidente a veces luego resulta no ser la realidad. ¿De verdad es tan lógica esta medida como parece a simple vista? ¿Son los gastos en festejos tan accesorios que deben ser de lo primero que un alcalde sensato prescinda o al menos reduzca? Me gustaría que le diésemos una vuelta a tal cuestión es esta entrada.

El razonamiento es: «Hay que recortar gastos. Hay necesidades más básicas que las fiestas del pueblo. Si reducimos a la mitad el presupuestos para festejos, tendremos más dinero para destinar a esas necesidades más básicas». Visto así parece una verdad meridiana. ¿No es cierto? Pero tal vez no lo sea tanto. ¿Y si estuviéramos ante un silogismo, hecho de dos proposiciones verdaderas y una conclusión falsa?

¿Seguro que todo eso es un gasto a fondo perdido? A lo mejor en ciertos casos es una inversión importante para la población. Porque las fiestas de ciertos pueblos atraen a gran número de visitantes. Visitantes que van desde la gente de otros pueblos próximos a antiguos vecinos del lugar o descendientes suyos que han seguido manteniendo los lazos. Con motivo de las fiestas del pueblo se reúnen en él gran número de personas dispuestas a gastar con prodigalidad. Muchos negocios –sobre todo de hostelería- hacen cajas sustanciosas en esos días, al punto de que más de uno subsiste gracias a estos ingresos. Si aguamos las fiestas, si la gente no acude porque en realidad no merecen la pena, ¿qué pasa con esos ingresos y esos negocios?

Vamos a poner un ejemplo que es verdad que es extremo y se refiere a una ciudad. Pero es más que ilustrativo. Fijémonos en los sanfermines. ¿Por qué se creen que Pamplona tolera cada año una invasión de borrachos, sucios y maleducados de todas las esquinas del planeta (junto con visitantes más civilizados, claro). Pues porque esas fiestas son una de las principales industrias de la ciudad.

Me comentaba hace no mucho un buen amigo de pamplona que una hora después del chupinazo la ciudad apesta a vino, a meados y a vómitos. Pero, ¡amigo!, hacen una caja de fábula. Me comentaba que hay tabernas que en un día –despachando bebidas, bocadillos y pinchos- ganan lo que en un mes normal. Que incluso hay establecimientos de otros ramos que en esas fiestas se convierten en despachos de comida y bebida.

Vuelvo a reconocer que es un caso extremo. Pero es extrapolable a muchas poblaciones de muy diversos tamaños. En gran número de lugares, las fiestas mayores son una fuente nada desdeñable de ingresos. Aminorarlas pude dañar al tejido productivo de esa población. Porque lo que los hosteleros ganan luego se redistribuye en forma de compra a otros negocios y pagos por servicios a otras empresas del lugar. Y en esta situación de crisis, donde muchos pequeños negocios subsisten a duras penas, cualquier golpe puede ser la puntilla.

Con esto no quiero decir que se deba de gastar a tontas y a locas. Digo que antes de tomar ciertas medidas hay que reflexionar sobre las consecuencias que pueden traer las mismas. Si es posible, se debe hacer una estimación de lo que reportan las fiestas al pueblo. Y en la actual situación, de qué impacto puede tener la reducción de presupuestos.

Hay poblaciones en las que sí existen evaluaciones de lo que generan –en todos los órdenes y no solo el económico- los diferentes festejos. Es algo fundamental. Y, aunque hemos de admitir que no podemos pedir que se lancen a estudios poblaciones pequeñas y en la práctica en la bancarrota, por lo menos debiéramos pedir que quien deba se piense un poco las cosas.

Y ese quien deba no son solo los cargos públicos. Uno de los grandes problemas de la política española, a juicio de más de uno, es que somos una ciudadanía muy poco reflexiva. Y eso propicia la selección negativa. Están arriba los que nosotros aupamos. Hace no tantos años, cuando el dinero del ladrillo era como maná inagotable, ¿a quién se votaba para alcalde? ¿Al que hablaba de modelos sostenibles o al que prometía un gran polideportivo en el pueblo? Al segundo, ¿verdad? Los hombres sensatos eran barridos por los promeseros. Y luego estos, para pagar todos esos equipamientos recalificaban y permitían urbanizaciones aberrantes en sus términos municipales.

Y ahora que ha llegado el invierno económico, la gente vota a quien se habla de recortar por ciertos gastos, hipnotizada a veces por silogismos como el que arriba enuncio. Que sin duda muchos de esos cargos públicos obran de buena fe, pero es su obligación no empeorar todavía más las cosas con sus buenas intenciones.

En fin. Que en este tema, como en otros tantos, lo mejor es abandonar los terrenos de la retórica, las ideas preconcebidas y las generalizaciones y tratar de objetivar el asunto lo más posible. Porque solo con datos en la mano podremos saber si ciertos gastos son de verdad despilfarros o inversiones. Y a partir de ahí, obrar en consecuencia.

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En una entrada anterior hacía algunos comentarios sobre los datos ofrecidos por el Avance sobre el comercio interior del libro, publicado por la Federación de Gremios de Editores de España. Ahora vamos a usar otro documento de la misma institución, El barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, correspondiente al primer semestre del 2011, para echar una ojeada a la situación de los libros electrónicos en España. Eso sí, les animo a echar una ojeada al documento completo, porque resulta de sobra interesante.

Centrándonos en el ebook, se nos indica que un 2,1% de los lectores que leen en algún tipo de soporte digital, leen este tipo de libros. Como el estudio cifra el porcentaje de lectores digitales en el 52,5% del total de la población española, hemos de entender que alrededor de un 1% de los españoles lee ya libros electrónicos.

El barómetro nos informa también de que un 3% de los españoles dispone de lector de ebooks. También de que esto supone un incremento de nada menos que el 75% en los últimos seis meses. Parece un dato muy alentador, pero conviene no echar las campanas al vuelo. ¿Por qué? Porque de la lectura del barómetro me queda la duda de si esos lectores son readers de tinta electrónica o si aquí se incluyen también las tabletas PC. El detalle es importante, ya que las segundas son dispositivos multimedia que no es adquieren como los primeros para leer, aunque lo permitan. Si estuvieran incluidas, se quedaría en poco ese incremento tan espectacular del 75%, ya que el periodo coincide con uno de despegue en ventas de las tabletas.

En fin, que el libro electrónico en nuestro país sigue siendo residual. A punto de dejar de serlo para convertirse en una opción minoritaria pero a tener en cuenta, es cierto, pero no avanza ni de lejos a la velocidad que en Estados Unidos, por poner un ejemplo. Así que habría que preguntarse por qué. Si hay algún motivo, más allá de una hipotética renuencia frente a este formato por parte de los lectores de libro en papel.

En lo que a la Administración toca, no se lo está poniendo fácil al libro electrónico no. Y la principal traba es el IVA que se ha fijado para este tipo de productos. A un libro electrónico, si se descarga, se le aplica nada menos que un 18%. A ese mismo libro electrónico en soporte CD o similar, así como al libro en papel, en cambio, se les aplica un IVA superreducido del 4%. Esta discriminación absurda proviene de una respuesta vinculante de la Agencia Tributaria a una consulta. En esa respuesta, la Agencia invocó para la aplicación del 18% una directiva europea que ni está traspuesta ni es de obligado cumplimiento. Pero este tema ya lo hemos tratado en otra entrada anterior. Ahí pueden ver el asunto desarrollado y aquí solo diremos que esto del IVA está lastrando de forma muy grave al sector en este terreno.

Pero también hay problemas que no son imputables a las Administraciones Públicas y sí al propio sector del libro.

De entrada, hay pocos títulos disponibles, al menos si se lo compara con la cantidad de títulos disponibles en papel. Y para seguir, algunas editoriales –con independencia del IVA antes señalado- ponen un precio disparatado a sus ebook. No puede ser que haya títulos que en papel cuestan 20 euros y que electrónicos salgan por 16. Los lectores se echan las manos a la cabeza y con razón. Cuando los editores afirman que les es imposible poner un precio menor, en seguida se les acusa de de avaricia, de afán de lucro desmedido. Pero eso tampoco es así. Vamos a ver qué ocurre.

Sucede que el ebook es un producto editorial del todo distinto. Y que eso hace que se esté produciendo un fenómeno de «canibalización». Es decir: lo que una editorial gana con la venta de ebooks es a costa de sufrir un descenso en las ventas de esos títulos en papel. El ebook es más barato, el número de libros vendidos (suma de electrónico y papel) se mantiene igual y la empresa sigue teniendo una serie de gastos que producen los segundos: almacenes, comerciales, transportes, etc.

Es una ecuación peligrosa. Y algunas editoriales están cometiendo el error de cargar a los ebooks –como a cualquier otro de sus productos- la parte proporcional que le correspondería de esos gastos. Solo que los ebooks no causan tales gastos.

Por poner un ejemplo, es como tener una empresa de transportes en la que hubiera botas de caminar y caballos para cabalgar. Y se imputase a las primeras los gastos de forraje, establos, veterinarios, etc. Desde luego el par de botas saldría carísimo. Pues aquí igual.

Así que no es una cuestión simple de codicia, o al menos no en todos los casos.

¿Significa esto que está bien, que es una política acertada? A juicio de muchos no. De hecho es más bien suicida. A largo plazo no se podrá sostener. Porque ¿qué pasará cuando los ebooks supongan el 20 y no el 1% de los ejemplares vendidos? ¿Irán aumentando el precio para compensar el gasto adicional derivado de la progresiva reducción de tiradas en papel, que encarecerá al libro tradicional?

Pero a corto plazo hay una cuestión más urgente. Si revisan el barómetro de hábitos de lectura, verán que el ebook crece sobre todo entre los lectores más jóvenes y los mayores. Eso no puede ser casualidad. El formato electrónico es un gran avance para las personas de edad, ya que les permite aumentar el tamaño de letra. Y en cuanto a los más jóvenes, la comodidad y lo familiar para ellos de los dispositivos de lectura son grandes alicientes.

Si la oferta de títulos en electrónico es escasa y los precios abusivos, los jóvenes acudirán a las descargas ilegales. Hay infinidad de páginas piratas con una oferta mucho mayor que la legal de las editoriales. Eso a día de hoy es un hecho. Si toda una generación se acostumbra a piratear libros electrónicos, luego la cosa va a ser difícil de enmendar. A las pruebas me remitió. Y si no piensen lo que pasó hace solo unos años con las descargas de música.

¿Cuál es la solución? Bueno, por la parte de la administración parece más fácil. Corregir ese absurdo del IVA del 18%. Tal vez también aceptar que el editorial es un sector que se enfrenta a una crisis de cambio y, en consecuencia, desarrollar una legislación favorable y arbitrar ayuda. Ayudas en forma de créditos como los que se conceden a cualquier otro sector industrial. Por favor: nada de subvenciones a fondo perdido, que lo único que crean son clientelismos, corrupción y economías parásitas, como ya se ha visto con otras industrias culturales.

En cuanto a las propias editoriales, ¿qué pueden hacer? Pues la verdad es que no sabría decirles. Desde luego, parece lógico que seguir por ciertos caminos antes apuntados solo llevan al desastre.

Las editoriales tendrán que realizar los cambios necesarios, que serán distintos en cada caso. Piensen que el mundo editorial es casi un universo en sí mismo. No es lo mismo una editorial pequeña que una mediana, y estas dos poco tienen que ver con un gran grupo. Todas producen libros, pero como estructuras empresariales son de lo más distintas.

Las editoriales pequeñas tienen en principio más fácil adaptarse al ebook, ya que no tienen almacenes en propiedad, ni personal comercial, ni cargan con una serie de condicionantes que retrasen la reconversión. Los grandes grupos a su vez pueden crear nuevas sociedades mercantiles para la gestión en exclusiva de los ebooks. Pero eso no les libra de cómo grupo tener que encarar los problemas arriba señalados. Aparte de que hay que abordar el tema de cómo se van a promocionar en el futuro los libros electrónicos, que discurren por canales no tradicionales…

En fin. Que es un gran lío. Es complicado y cada cual tendrá que arreglar su casa como buenamente sepa y pueda, que para eso las empresas son sociedades mercantiles; negocios. Pero el Estado a su vez es la casa de todos. Y la Administración debiera dar los pasos para facilitar y no para estorbar el desarrollo del ebook.

Si no lo hacemos así, lo único que conseguiremos es que en el futuro los españoles compremos ebooks a través de webs de empresas radicadas en el extranjero. Y no digo esto porque sufra un brote de nacionalismo, que es algo que detesto. Pero si eso ocurre habremos destruido una industria de momento pujante en España. Eso significaría pérdida de puestos de trabajo y una sangría de dinero hacia el exterior. En definitiva, que nos empobreceríamos todavía un poco más como país.

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Supongo que todo el mundo recuerda aquel asunto de «los papeles del archivo de Salamanca». El incidente tuvo lugar durante la primera etapa del zapaterismo y provocó una bronca tan áspera como sonada. El Gobierno Central entregó al de la Generalitat catalana documentación incautada en Cataluña durante el franquismo. Esa entrega fue una excelente ocasión para políticos y mediáticos de toda ralea, que aprovecharon para llenarse la boca al respecto. Luego todo cayó en el olvido, como suele ocurrir en este país, en el que a ciertos personajes lo que ocurra en sí no les interesan para nada, más allá de si les sirve o no para saltar a la palestra o ganar audiencia.

Ese silencio mediático ha inducido a muchos a creer que aquello fue un suceso aislado. Nada de eso. Han seguido saliendo documentos del archivo de Salamanca, reclamados por los gobiernos regionales de Cataluña y el País Vasco. El otro día, sin ir más lejos, sacaron del archivo un camión y dos furgonetas con 727 cajas –unos 800.000 documentos- según las informaciones, rumbo a la primera de esas comunidades.

En su día, tanto ruido mediático y tanta declaración altisonante solo sirvieron para crear confusión sobre el asunto. Así que vamos a tratar de aclarar lo que está ocurriendo en unas pocas líneas.

Al Archivo de la Memoria Histórica, ubicado en Salamanca, por mor de una de las ocurrencias del presidente Rodríguez Zapatero, distintas CCAA están enviando documentación tocante a la Guerra Civil. Esto en sí ya es considerado una barbaridad por los expertos, puesto que la medida supone dividir archivos ubicados en ciudades de toda nuestra geografía. Eso ha ocurrido por ejemplo con el archivo de Melilla, que se ha visto privado de toda la documentación referente a la Guerra Civil, a cambio de una mísera inversión en fondos para su biblioteca pública y una exposición.

Pero ocurre que la legislación derivada del estatuto de Cataluña en materia cultural dispone que todo aquello que tenga que ver con Cataluña puede ser reclamado para su ubicación en instalaciones de esa región. Amparándose en tal disposición, sucesivos gobiernos autonómicos han estado apoderándose de documentación depositada en Salamanca.

El esperpento –una de las señas de identidad del zapaterismo- es tal que ha salido documentación de Madrid obedeciendo a la ley que obliga a depositarla en Salamanca, y acto seguido la Generalitat se ha apoderado de ella para llevársela a algún destino todavía sin especificar de Cataluña.

En cuanto al hecho en sí, el de que los papeles queden en poder de un gobierno regional como es el de Cataluña, también conviene hacer algunas aclaraciones. En su día ciertos mediáticos mal informados o malintencionados –o un poco ambas cosas-, pertenecientes a lo que se ha dado en llamar «la caverna», sembraron una notable confusión al respecto.

De entrada, en su día el franquismo se incautó de no pocos papeles pertenecientes a privados. Parece lógico y de justicia básica que si esas personas o sus descendientes los reclaman se les entreguen. Por cierto que eso no parece haber sucedido, lo que convierte a la entrega de documentos privados –sin cumplir el requisito previo legal de haber sido solicitados por las personas legalmente interesadas- en un acto cuanto menos irregular. Es un despropósito archivístico y podemos suponer que incurre en infracciones de la ley de Protección de Datos.

Pero más allá de ese punto concreto, hay que sentar que es falso que el gobierno central haya entregado esa documentación en propiedad a la Generalitat catalana. Eso sería ilegal. El Gobierno no puede dar la propiedad de bienes del patrimonio común a una administración de rango inferior, sea autonómica o local. Lo que ha hecho es cederlo sine díe. Entregarlo en encomienda de custodia. Es decir: la propiedad sigue siendo del estado pero por el momento la custodia y el mantenimiento corren a cargo de la administración autonómica.

Y tras estas aclaraciones, vamos con el caso Centelles.

Agustí Centelles está considerado con justicia el fotógrafo de la Guerra Civil española. Nacido en Valencia pero trasladado a Cataluña muy joven, ejerció allí el fotoperiodismo y allí le sorprendió la Guerra Civil. Unido al bando republicano, realizó reportajes en plena línea de combate y colaboró con el ejército republicano. Con la derrota, se exilió en Francia y no regresaría hasta 1944. No se le permitió realizar fotoperiodismo ya más. Murió en 1985 dejando un legado impresionante de miles de fotografías.

Durante años, sus hijos trataron en vano de que la Generalitat catalana adquiriese la colección fotográfica de la guerra de su padre. Esta institución no se interesó o si lo hizo fue ofreciendo sumas irrisorias, de la misma forma que no se molestó en honrar al fotógrafo en los últimos años de su vida.

En 2009, al ofrecer la sala Christie´s 850.000 euros por la colección y ante el riesgo de la salida de esta de territorio nacional, el Ministerio de Cultura ejerció derecho de tanteo. Los herederos del fotógrafo se avinieron a venderla al estado por 700.000 euros. Pusieron además ciertas condiciones, como que los negativos –unos 10.000 nada menos- quedasen depositados justo en el Centro Documental de la Memoria Histórica, en Salamanca. Y ahí comenzó el lío.

Porque no bien adquirida la colección por el estado, los nacionalistas catalanes comenzaron a exigir esos negativos, con acciones parlamentarias y las declaraciones altisonantes de costumbre. Y en ello siguen. Hasta ahora, hay que reconocerlo, parece que el Ministerio se ha resistido con éxito a esas pretensiones. Pero en un país donde los partidos mayoritarios están acostumbrados a entregar los muebles del estado a los partidos nacionalistas, regionalistas, locales, etc., a cambio de su apoyo en votaciones parlamentarias, ya veremos cómo acaba todo esto.

Pero en esta entrada no vamos a hablar de la indecencia que supone anteponer intereses de partidos a interés de estado. Tampoco de la extravagancia de tratar de reunir en una sola ubicación todos los archivos que van de 1936 a 1975. Ni de la mala fe de unos partidos nacionalistas que buscan siempre la confrontación entre territorios. Ni de dónde debieran estar depositados esos negativos.

Sí quiero señalarles un «detalle». Ese detalle es justo que la colección Centelles está formada por negativos. Y los negativos requieren unas condiciones de conservación muy estrictas. En el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca han construido ya una bóveda que cumple esas condiciones. Allá donde pretenden trasladar los negativos los nacionalistas no existe tal bóveda. O sea: que tendrían que construirla. Y eso vale –así como mantener después las condiciones idóneas- una fortuna. Literalmente una fortuna. No es una licencia literaria. Muy pocas empresas en el mundo pueden hacerlo y cobran sus servicios a peso de oro.

Y con ese «pequeño» completamos el cuadro. Porque no me digan que en conjunto no es buena alegoría de este régimen zapaterista que da ya sus últimas boqueadas. Fíjense si no:

Un mega archivo sobre la Guerra civil y el franquismo, enésima ocurrencia de un presidente cuyas acciones han solido estar manchadas de oportunismo o mesianismo, cuando no de las dos cosas a la vez. Para nutrir a ese mega archivo se están destrozando archivos por casi toda la geografía española. Pero a su vez, no bien llegan esos documentos, los nacionalistas caen sobre ellos para apropiarse de lo que les viene en gana. Unos nacionalistas desquiciados que parecen estar dispuestos a pagar la millonada que costaría construir una bóveda capaz de contener los negativos, al tiempo que no les tiembla la mano a la hora de cerrar hospitales en Cataluña.

Señores, esto es delirante.

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La semana pasada, la Federación de Gremios de Editores de España presentó un Avance sobre el Comercio Interior del Libro, correspondiente al año 2010. Un informe estadístico que viene a poner en cifras lo que todos los que nos movemos en el mundo del libro sentimos –y sufrimos en carne propia-: que el sector no vive precisamente uno de sus mejores momentos.

El estudio se ha elaborado a partir de un cuestionario rellenado por 390 empresas del sector. De ese cuestionario ha salido un documento muy interesante al que les invito a echar por lo menos un ojo. No es largo, es de presentación limpia y está bien estructurado, por lo que a un simple vistazo saltan algunos datos curiosos y otros significativos. En estas líneas no tengo intención de hacer análisis, porque tampoco ha lugar. Pero sí quiero compartir con ustedes algunas cifras que me han llamado la atención.

Según se abre el informe, la primera en la frente. En 2010 había un 5,6% menos de empresas agremiadas. Eso significa que una de cada veinte editoriales desaparecieron ese año. Pero esa cifra no nos lleva tampoco demasiado lejos. No sabemos de qué tipo eran, ni de que dimensiones. En el mundo editorial español coexisten desde grandes grupos a editoriales que son un señor con un ordenador en su casa. Y el informe no entra en detalles al respecto.

Eso en cuanto a las empresas. En cuanto a la producción, se publicó un 8% menos de ejemplares. Y las tiradas medias por título bajaron de manera significativa. En cambio, siguieron aumentando el número de títulos. Es decir: más títulos, menos tirada y menos ventas. Esa es una ecuación en las que no pocos ven uno de los ejes de la mala situación editorial. Se publica demasiado y a menudo sin ton ni son. Sin otro objetivo que mantener la máquina editorial en marcha.

Si nos vamos al campo del dinero, el declive es palpable. En 2010, el sector perdió un 7% de facturación respecto al 2009. Un siete por ciento, nada menos. Fue el segundo año en descenso. Y todos tenemos la sensación de que este 2011 está siendo todavía peor que el 2010.  ¿Cuánto peor? Imposible saberlo de momento. Pero si la Feria del Libro de Madrid puede servirnos de cata al respecto, la caída puede ser tanta o más que la del 2010 respecto al 2009.

Lo dicho, el sector del libro no vive su mejor momento y es posible que le vengan aún etapas más duras. Así tal vez los poderes públicos debieran empezar a pensar en algún plan para ayudar al sector a salir a flote, más que en dar algunos premios de relumbrón y unas cuantas ayudas a fondo perdido a la edición.

Otras cifras dignas de interés. La facturación total del sector fue de 2.890 millones de euros. Y de ellos, 817 fueron de libros de texto no universitarios. Es decir, el 35% de total. Este segmento sufrió menos que otros, ya que su descenso fue «solo» del 3,2%. Pero es justamente uno de los que más problemas está afrontando. La gratuidad de los libros escolares en alguna CCAA los está poniendo en apuros, justo porque esas comunidades ahora están apretando mucho en tema de precios. Y es de suponer que sea uno de los segmentos más afectados por la digitalización, ya que es de suponer que en un futuro muy próximo buena parte de los contenidos educativos pasen a otros soportes distintos del papel. Pero de los ebooks hablaremos en la siguiente entrega.

El informe nos habla de pasada sobre la edición en lenguas regionales y otras lenguas. De pasada porque esta parte está incompleta. Solo se nos ofrece información sobre el número de títulos publicados. Nada de datos de facturación, tiradas medias o ejemplares vendidos.

Sería interesante echar un ojo a ese tipo de cifras, porque la edición en lenguas regionales es un mundo aparte. Podríamos decir que son economías «asistidas». Lo pequeño del mercado potencial y de las ventas medias hacen que este tipo de edición no pueda vivir sin el apoyo de lo público. Apoyo que se sustancia por un extremo en subvenciones y ayudas a la edición y por el otro en compras institucionales de ejemplares. Por eso merecería la pena recopilar la información y tratar de hacer la radiografía de la evolución en ese segmento en esos tiempos de crisis.

Si la facturación bajó un 7%, los pagos en concepto de derechos de autor bajaron casi un 10%. Nada menos. ¿Cómo es posible tal disparidad? La explicación está en que no hay una correlación absoluta entre los libros vendidos y los pagos a los autores.

Vamos a dejar de lado elementos como que alguna editorial no pague, que escamotee ejemplares en sus liquidaciones anuales a los autores o cualquier otra práctica ilícita. Lo cierto es que con la crisis han bajado la cuantía de los anticipos. También algunas editoriales han reducido el porcentaje de derechos de autor, sobre todo a los escritores noveles, que no tienen mucho donde elegir. Y también muchas están siendo más restrictivas a la hora de prevenir posibles devoluciones. Esos son algunos de los elementos que podrían explicar la disparidad entre la facturación y el pago de derechos de autor.

Y en fin, un último dato curioso. Entre las CCAA de Madrid y Cataluña (en este caso es decir Barcelona sobre todo) mueven más del 90% de la facturación del sector del libro. Así que se puede decir que este negocio se lo reparten estas dos comunidades, porque la tercera es la vasca, con el 2,1%, la cuarta la andaluza con el 1,7% y de ahí para abajo.

En los últimos años del franquismo y en la Transición, era Barcelona la que concentraba casi todo el negocio editorial y Madrid, aunque la segunda, estaba a años luz de distancia. Ahora están casi parejas. Sin embargo, es obvio que las demás regiones no han conseguido despegar en este segmento. Pero en el futuro, ¿quién sabe? Puede que el libro electrónico cambie muchas cosas. Y una de ellas sea esta concentración en solo 2 de las 17 comunidades españolas.

Pero, como antes he dicho, el libro electrónico lo dejamos para la próxima entrada.

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Toda política a priori justa, cuando es llevada más allá de unos límites razonables, degenera en acciones dañinas en sus resultados y a veces muy grotescas en sus formas. Es eso lo que lleva ya tiempo ocurriendo en nuestro país con las cuestiones de igualdad entre sexo en los ámbitos del Estado.

Un caso sonado –el último- ocupa estos días a los medios. El Ministerio de Cultura decidió in extremis suspender la concesión del Premio Nacional de Cinematografía. Digo in extremis porque el jurado estaba entrando ya a deliberar cuando se produjo la suspensión.

¿Por qué? Porque de repente alguien cayó en la cuenta de que ese jurado no cumplía con la paridad. Como lo leen. Que de doce jurados solo tres eran mujeres. Visto y hecho. Revocan al jurado y suspenden el fallo hasta nuevo aviso.

Podría hablar aquí de que más valiera que eligiesen a jurados por sus mimbres profesionales. Pero no voy a hablar de eso ni de nada que tenga que ver con este suceso tan lamentable. Lo ocurrido habla por sí solo. Y hay gente del propio mundo del cine que se está despachando a gusto sobre el tema en las redes sociales.

Pero sí quiero señalar que no es un suceso extraordinario. Ojalá. Pero no. No es una astracanada aislada. En un sarpullido más de una malacia que aflige al cuerpo administrativo español. Y eso incluye a Cultura, que es de lo que sí quiero hablar.

Solo daré un ejemplo. Uno que será complemento del incidente del premio cancelado. Porque si este ha sido sonado, aquel es uno de tantos que ocurren de forma callada, sin llamar la atención de la gente.

Verán. En el BOE del 28 de junio de 2011 apareció publicada la Orden CUL/1781/20011, por la que se convocaban «ayudas en régimen de concurrencia competitiva para la dotación de inversiones en museos». La orden tiene objetivos loables en general. Es el caso de la intención de impulsar la renovación tecnológica en museos o apoyar proyectos que ayuden a la sostenibilidad de los mismos.

Pero ahí, entre esos objetivos, nos encontramos con uno recogido en la finalidad F, que les trascribo de forma literal. Dice:

f) Considerar de manera positiva las propuestas que integren actuaciones de fomento de la igualdad de género de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, especialmente en lo establecido en sus artículos 11 y 26.

Uno se rasca perplejo la cabeza. ¿Es que hay que tomar medidas adicionales en los museos para impulsar la igualdad? ¿Existen algún hecho diferencial en los mismos para obligar a acciones extraordinarias en este tema? Digo yo que los funcionarios y el personal laboral ahí se regirá por la misma legislación que el resto. Y que la situación en materia de igualdad será más o menos la misma que en el resto del aparato del Estado?

¿O no irá con el personal de museos todo este asunto?

Miedo da el pensar que quieran impulsar políticas de «igualdad» de sexo en el tema de los creadores o en el de la propias creaciones. ¿Se imaginan que regulen para que haya tantas exposiciones de pintores como de pintoras, de escultores como de escultoras? Visto lo visto…

En toda la Administración Pública se coloca a la paridad por encima de la excelencia. Y la igualdad no es paridad. La paridad a veces es una herramienta para garantizar la igualdad, que no es lo mismo. Pero la paridad es establecer una proporción numérica. Igualdad es procurar que nadie sea discriminado por razones de sexo, credo, raza. Igualdad es conseguir que lo único que importe sea la excelencia artística o profesional.

Iniciativas como la de esta Orden causan perplejidad y desazón. Y mira que llevamos décadas sufriendo acciones similares. Son parte ya del paisaje. Un agujero más por el que se escapa de forma inútil el dinero público. Inútil al menos para el conjunto de la ciudadanía. Lugo hay personas y colectivos que ganan mucho dinero a través de proyectos delirantes sufragados por las arcas públicas. Pero el tema de las economías parásitas articuladas alrededor del Estado y en particular del Ministerio de Cultura no solo es mucho tomate, sino que no es tampoco materia de esta entrada.

El par de ejemplos es buena muestra del todo. De lo que sucede día a día. De actuaciones que a juicio de muchos –entre ellos un servidor- son enemigas más que otra cosa de la igualdad entre sexos en materia profesional.

Y para despedirme, se me ocurre un proyecto que tal vez impulsaría igualdad de género en museos. Lo mismo hasta me lo financian. Juzguen ustedes mismos. Se me ocurre que podríamos trasladar el Museo del Prado desde su actual emplazamiento a algún establo. Así tendríamos los cuadros colgados en las cuadras. Habríamos creado un museo con igualdad de género absoluta. Al menos en términos de género gramatical.

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