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Archive for the ‘General’ Category

Supongo que todo el mundo recuerda aquel asunto de «los papeles del archivo de Salamanca». El incidente tuvo lugar durante la primera etapa del zapaterismo y provocó una bronca tan áspera como sonada. El Gobierno Central entregó al de la Generalitat catalana documentación incautada en Cataluña durante el franquismo. Esa entrega fue una excelente ocasión para políticos y mediáticos de toda ralea, que aprovecharon para llenarse la boca al respecto. Luego todo cayó en el olvido, como suele ocurrir en este país, en el que a ciertos personajes lo que ocurra en sí no les interesan para nada, más allá de si les sirve o no para saltar a la palestra o ganar audiencia.

Ese silencio mediático ha inducido a muchos a creer que aquello fue un suceso aislado. Nada de eso. Han seguido saliendo documentos del archivo de Salamanca, reclamados por los gobiernos regionales de Cataluña y el País Vasco. El otro día, sin ir más lejos, sacaron del archivo un camión y dos furgonetas con 727 cajas –unos 800.000 documentos- según las informaciones, rumbo a la primera de esas comunidades.

En su día, tanto ruido mediático y tanta declaración altisonante solo sirvieron para crear confusión sobre el asunto. Así que vamos a tratar de aclarar lo que está ocurriendo en unas pocas líneas.

Al Archivo de la Memoria Histórica, ubicado en Salamanca, por mor de una de las ocurrencias del presidente Rodríguez Zapatero, distintas CCAA están enviando documentación tocante a la Guerra Civil. Esto en sí ya es considerado una barbaridad por los expertos, puesto que la medida supone dividir archivos ubicados en ciudades de toda nuestra geografía. Eso ha ocurrido por ejemplo con el archivo de Melilla, que se ha visto privado de toda la documentación referente a la Guerra Civil, a cambio de una mísera inversión en fondos para su biblioteca pública y una exposición.

Pero ocurre que la legislación derivada del estatuto de Cataluña en materia cultural dispone que todo aquello que tenga que ver con Cataluña puede ser reclamado para su ubicación en instalaciones de esa región. Amparándose en tal disposición, sucesivos gobiernos autonómicos han estado apoderándose de documentación depositada en Salamanca.

El esperpento –una de las señas de identidad del zapaterismo- es tal que ha salido documentación de Madrid obedeciendo a la ley que obliga a depositarla en Salamanca, y acto seguido la Generalitat se ha apoderado de ella para llevársela a algún destino todavía sin especificar de Cataluña.

En cuanto al hecho en sí, el de que los papeles queden en poder de un gobierno regional como es el de Cataluña, también conviene hacer algunas aclaraciones. En su día ciertos mediáticos mal informados o malintencionados –o un poco ambas cosas-, pertenecientes a lo que se ha dado en llamar «la caverna», sembraron una notable confusión al respecto.

De entrada, en su día el franquismo se incautó de no pocos papeles pertenecientes a privados. Parece lógico y de justicia básica que si esas personas o sus descendientes los reclaman se les entreguen. Por cierto que eso no parece haber sucedido, lo que convierte a la entrega de documentos privados –sin cumplir el requisito previo legal de haber sido solicitados por las personas legalmente interesadas- en un acto cuanto menos irregular. Es un despropósito archivístico y podemos suponer que incurre en infracciones de la ley de Protección de Datos.

Pero más allá de ese punto concreto, hay que sentar que es falso que el gobierno central haya entregado esa documentación en propiedad a la Generalitat catalana. Eso sería ilegal. El Gobierno no puede dar la propiedad de bienes del patrimonio común a una administración de rango inferior, sea autonómica o local. Lo que ha hecho es cederlo sine díe. Entregarlo en encomienda de custodia. Es decir: la propiedad sigue siendo del estado pero por el momento la custodia y el mantenimiento corren a cargo de la administración autonómica.

Y tras estas aclaraciones, vamos con el caso Centelles.

Agustí Centelles está considerado con justicia el fotógrafo de la Guerra Civil española. Nacido en Valencia pero trasladado a Cataluña muy joven, ejerció allí el fotoperiodismo y allí le sorprendió la Guerra Civil. Unido al bando republicano, realizó reportajes en plena línea de combate y colaboró con el ejército republicano. Con la derrota, se exilió en Francia y no regresaría hasta 1944. No se le permitió realizar fotoperiodismo ya más. Murió en 1985 dejando un legado impresionante de miles de fotografías.

Durante años, sus hijos trataron en vano de que la Generalitat catalana adquiriese la colección fotográfica de la guerra de su padre. Esta institución no se interesó o si lo hizo fue ofreciendo sumas irrisorias, de la misma forma que no se molestó en honrar al fotógrafo en los últimos años de su vida.

En 2009, al ofrecer la sala Christie´s 850.000 euros por la colección y ante el riesgo de la salida de esta de territorio nacional, el Ministerio de Cultura ejerció derecho de tanteo. Los herederos del fotógrafo se avinieron a venderla al estado por 700.000 euros. Pusieron además ciertas condiciones, como que los negativos –unos 10.000 nada menos- quedasen depositados justo en el Centro Documental de la Memoria Histórica, en Salamanca. Y ahí comenzó el lío.

Porque no bien adquirida la colección por el estado, los nacionalistas catalanes comenzaron a exigir esos negativos, con acciones parlamentarias y las declaraciones altisonantes de costumbre. Y en ello siguen. Hasta ahora, hay que reconocerlo, parece que el Ministerio se ha resistido con éxito a esas pretensiones. Pero en un país donde los partidos mayoritarios están acostumbrados a entregar los muebles del estado a los partidos nacionalistas, regionalistas, locales, etc., a cambio de su apoyo en votaciones parlamentarias, ya veremos cómo acaba todo esto.

Pero en esta entrada no vamos a hablar de la indecencia que supone anteponer intereses de partidos a interés de estado. Tampoco de la extravagancia de tratar de reunir en una sola ubicación todos los archivos que van de 1936 a 1975. Ni de la mala fe de unos partidos nacionalistas que buscan siempre la confrontación entre territorios. Ni de dónde debieran estar depositados esos negativos.

Sí quiero señalarles un «detalle». Ese detalle es justo que la colección Centelles está formada por negativos. Y los negativos requieren unas condiciones de conservación muy estrictas. En el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca han construido ya una bóveda que cumple esas condiciones. Allá donde pretenden trasladar los negativos los nacionalistas no existe tal bóveda. O sea: que tendrían que construirla. Y eso vale –así como mantener después las condiciones idóneas- una fortuna. Literalmente una fortuna. No es una licencia literaria. Muy pocas empresas en el mundo pueden hacerlo y cobran sus servicios a peso de oro.

Y con ese «pequeño» completamos el cuadro. Porque no me digan que en conjunto no es buena alegoría de este régimen zapaterista que da ya sus últimas boqueadas. Fíjense si no:

Un mega archivo sobre la Guerra civil y el franquismo, enésima ocurrencia de un presidente cuyas acciones han solido estar manchadas de oportunismo o mesianismo, cuando no de las dos cosas a la vez. Para nutrir a ese mega archivo se están destrozando archivos por casi toda la geografía española. Pero a su vez, no bien llegan esos documentos, los nacionalistas caen sobre ellos para apropiarse de lo que les viene en gana. Unos nacionalistas desquiciados que parecen estar dispuestos a pagar la millonada que costaría construir una bóveda capaz de contener los negativos, al tiempo que no les tiembla la mano a la hora de cerrar hospitales en Cataluña.

Señores, esto es delirante.

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La semana pasada, la Federación de Gremios de Editores de España presentó un Avance sobre el Comercio Interior del Libro, correspondiente al año 2010. Un informe estadístico que viene a poner en cifras lo que todos los que nos movemos en el mundo del libro sentimos –y sufrimos en carne propia-: que el sector no vive precisamente uno de sus mejores momentos.

El estudio se ha elaborado a partir de un cuestionario rellenado por 390 empresas del sector. De ese cuestionario ha salido un documento muy interesante al que les invito a echar por lo menos un ojo. No es largo, es de presentación limpia y está bien estructurado, por lo que a un simple vistazo saltan algunos datos curiosos y otros significativos. En estas líneas no tengo intención de hacer análisis, porque tampoco ha lugar. Pero sí quiero compartir con ustedes algunas cifras que me han llamado la atención.

Según se abre el informe, la primera en la frente. En 2010 había un 5,6% menos de empresas agremiadas. Eso significa que una de cada veinte editoriales desaparecieron ese año. Pero esa cifra no nos lleva tampoco demasiado lejos. No sabemos de qué tipo eran, ni de que dimensiones. En el mundo editorial español coexisten desde grandes grupos a editoriales que son un señor con un ordenador en su casa. Y el informe no entra en detalles al respecto.

Eso en cuanto a las empresas. En cuanto a la producción, se publicó un 8% menos de ejemplares. Y las tiradas medias por título bajaron de manera significativa. En cambio, siguieron aumentando el número de títulos. Es decir: más títulos, menos tirada y menos ventas. Esa es una ecuación en las que no pocos ven uno de los ejes de la mala situación editorial. Se publica demasiado y a menudo sin ton ni son. Sin otro objetivo que mantener la máquina editorial en marcha.

Si nos vamos al campo del dinero, el declive es palpable. En 2010, el sector perdió un 7% de facturación respecto al 2009. Un siete por ciento, nada menos. Fue el segundo año en descenso. Y todos tenemos la sensación de que este 2011 está siendo todavía peor que el 2010.  ¿Cuánto peor? Imposible saberlo de momento. Pero si la Feria del Libro de Madrid puede servirnos de cata al respecto, la caída puede ser tanta o más que la del 2010 respecto al 2009.

Lo dicho, el sector del libro no vive su mejor momento y es posible que le vengan aún etapas más duras. Así tal vez los poderes públicos debieran empezar a pensar en algún plan para ayudar al sector a salir a flote, más que en dar algunos premios de relumbrón y unas cuantas ayudas a fondo perdido a la edición.

Otras cifras dignas de interés. La facturación total del sector fue de 2.890 millones de euros. Y de ellos, 817 fueron de libros de texto no universitarios. Es decir, el 35% de total. Este segmento sufrió menos que otros, ya que su descenso fue «solo» del 3,2%. Pero es justamente uno de los que más problemas está afrontando. La gratuidad de los libros escolares en alguna CCAA los está poniendo en apuros, justo porque esas comunidades ahora están apretando mucho en tema de precios. Y es de suponer que sea uno de los segmentos más afectados por la digitalización, ya que es de suponer que en un futuro muy próximo buena parte de los contenidos educativos pasen a otros soportes distintos del papel. Pero de los ebooks hablaremos en la siguiente entrega.

El informe nos habla de pasada sobre la edición en lenguas regionales y otras lenguas. De pasada porque esta parte está incompleta. Solo se nos ofrece información sobre el número de títulos publicados. Nada de datos de facturación, tiradas medias o ejemplares vendidos.

Sería interesante echar un ojo a ese tipo de cifras, porque la edición en lenguas regionales es un mundo aparte. Podríamos decir que son economías «asistidas». Lo pequeño del mercado potencial y de las ventas medias hacen que este tipo de edición no pueda vivir sin el apoyo de lo público. Apoyo que se sustancia por un extremo en subvenciones y ayudas a la edición y por el otro en compras institucionales de ejemplares. Por eso merecería la pena recopilar la información y tratar de hacer la radiografía de la evolución en ese segmento en esos tiempos de crisis.

Si la facturación bajó un 7%, los pagos en concepto de derechos de autor bajaron casi un 10%. Nada menos. ¿Cómo es posible tal disparidad? La explicación está en que no hay una correlación absoluta entre los libros vendidos y los pagos a los autores.

Vamos a dejar de lado elementos como que alguna editorial no pague, que escamotee ejemplares en sus liquidaciones anuales a los autores o cualquier otra práctica ilícita. Lo cierto es que con la crisis han bajado la cuantía de los anticipos. También algunas editoriales han reducido el porcentaje de derechos de autor, sobre todo a los escritores noveles, que no tienen mucho donde elegir. Y también muchas están siendo más restrictivas a la hora de prevenir posibles devoluciones. Esos son algunos de los elementos que podrían explicar la disparidad entre la facturación y el pago de derechos de autor.

Y en fin, un último dato curioso. Entre las CCAA de Madrid y Cataluña (en este caso es decir Barcelona sobre todo) mueven más del 90% de la facturación del sector del libro. Así que se puede decir que este negocio se lo reparten estas dos comunidades, porque la tercera es la vasca, con el 2,1%, la cuarta la andaluza con el 1,7% y de ahí para abajo.

En los últimos años del franquismo y en la Transición, era Barcelona la que concentraba casi todo el negocio editorial y Madrid, aunque la segunda, estaba a años luz de distancia. Ahora están casi parejas. Sin embargo, es obvio que las demás regiones no han conseguido despegar en este segmento. Pero en el futuro, ¿quién sabe? Puede que el libro electrónico cambie muchas cosas. Y una de ellas sea esta concentración en solo 2 de las 17 comunidades españolas.

Pero, como antes he dicho, el libro electrónico lo dejamos para la próxima entrada.

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Toda política a priori justa, cuando es llevada más allá de unos límites razonables, degenera en acciones dañinas en sus resultados y a veces muy grotescas en sus formas. Es eso lo que lleva ya tiempo ocurriendo en nuestro país con las cuestiones de igualdad entre sexo en los ámbitos del Estado.

Un caso sonado –el último- ocupa estos días a los medios. El Ministerio de Cultura decidió in extremis suspender la concesión del Premio Nacional de Cinematografía. Digo in extremis porque el jurado estaba entrando ya a deliberar cuando se produjo la suspensión.

¿Por qué? Porque de repente alguien cayó en la cuenta de que ese jurado no cumplía con la paridad. Como lo leen. Que de doce jurados solo tres eran mujeres. Visto y hecho. Revocan al jurado y suspenden el fallo hasta nuevo aviso.

Podría hablar aquí de que más valiera que eligiesen a jurados por sus mimbres profesionales. Pero no voy a hablar de eso ni de nada que tenga que ver con este suceso tan lamentable. Lo ocurrido habla por sí solo. Y hay gente del propio mundo del cine que se está despachando a gusto sobre el tema en las redes sociales.

Pero sí quiero señalar que no es un suceso extraordinario. Ojalá. Pero no. No es una astracanada aislada. En un sarpullido más de una malacia que aflige al cuerpo administrativo español. Y eso incluye a Cultura, que es de lo que sí quiero hablar.

Solo daré un ejemplo. Uno que será complemento del incidente del premio cancelado. Porque si este ha sido sonado, aquel es uno de tantos que ocurren de forma callada, sin llamar la atención de la gente.

Verán. En el BOE del 28 de junio de 2011 apareció publicada la Orden CUL/1781/20011, por la que se convocaban «ayudas en régimen de concurrencia competitiva para la dotación de inversiones en museos». La orden tiene objetivos loables en general. Es el caso de la intención de impulsar la renovación tecnológica en museos o apoyar proyectos que ayuden a la sostenibilidad de los mismos.

Pero ahí, entre esos objetivos, nos encontramos con uno recogido en la finalidad F, que les trascribo de forma literal. Dice:

f) Considerar de manera positiva las propuestas que integren actuaciones de fomento de la igualdad de género de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, especialmente en lo establecido en sus artículos 11 y 26.

Uno se rasca perplejo la cabeza. ¿Es que hay que tomar medidas adicionales en los museos para impulsar la igualdad? ¿Existen algún hecho diferencial en los mismos para obligar a acciones extraordinarias en este tema? Digo yo que los funcionarios y el personal laboral ahí se regirá por la misma legislación que el resto. Y que la situación en materia de igualdad será más o menos la misma que en el resto del aparato del Estado?

¿O no irá con el personal de museos todo este asunto?

Miedo da el pensar que quieran impulsar políticas de «igualdad» de sexo en el tema de los creadores o en el de la propias creaciones. ¿Se imaginan que regulen para que haya tantas exposiciones de pintores como de pintoras, de escultores como de escultoras? Visto lo visto…

En toda la Administración Pública se coloca a la paridad por encima de la excelencia. Y la igualdad no es paridad. La paridad a veces es una herramienta para garantizar la igualdad, que no es lo mismo. Pero la paridad es establecer una proporción numérica. Igualdad es procurar que nadie sea discriminado por razones de sexo, credo, raza. Igualdad es conseguir que lo único que importe sea la excelencia artística o profesional.

Iniciativas como la de esta Orden causan perplejidad y desazón. Y mira que llevamos décadas sufriendo acciones similares. Son parte ya del paisaje. Un agujero más por el que se escapa de forma inútil el dinero público. Inútil al menos para el conjunto de la ciudadanía. Lugo hay personas y colectivos que ganan mucho dinero a través de proyectos delirantes sufragados por las arcas públicas. Pero el tema de las economías parásitas articuladas alrededor del Estado y en particular del Ministerio de Cultura no solo es mucho tomate, sino que no es tampoco materia de esta entrada.

El par de ejemplos es buena muestra del todo. De lo que sucede día a día. De actuaciones que a juicio de muchos –entre ellos un servidor- son enemigas más que otra cosa de la igualdad entre sexos en materia profesional.

Y para despedirme, se me ocurre un proyecto que tal vez impulsaría igualdad de género en museos. Lo mismo hasta me lo financian. Juzguen ustedes mismos. Se me ocurre que podríamos trasladar el Museo del Prado desde su actual emplazamiento a algún establo. Así tendríamos los cuadros colgados en las cuadras. Habríamos creado un museo con igualdad de género absoluta. Al menos en términos de género gramatical.

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El martes pasado se discutió en el Parlamento una PNL (proposición no de ley) del PP a propósito del canon digital. Se pedía en ella la derogación del canon digital y su sustitución por «fórmulas menos arbitrarias e indiscriminadas». La PNL en sí misma parece bastante vacía de contenido real. El canon digital es un cadáver desde el momento en que una sentencia judicial asentó su ilegalidad. Otra cosa es que este Gobierno haya mantenido a ese cadáver insepulto más tiempo de lo razonable. Insepulto y recaudando de manera ilícita, contra las indicaciones de los tribunales.

Pareciera que esta PNL obedeciera más a la intención de dejar sin bazas al Gobierno, que estaba preparando algo en tal sentido. También a acosarle también por este flanco, aprovechando su situación de debilidad general y también particular en Cultura, debido al caso SGAE. Pero no vamos a hablar aquí de nada de eso.

Sí de que la presentación de la PNL fue buena excusa para que los distintos grupos parlamentarios debatiesen sobre el tema. Además, en concreto, UPyD presentó a través de su diputada Rosa Díez dos enmiendas de calado. Sobre la primera de ellas trata esta entrada. Una enmienda que proponía lo siguiente:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo dé tres meses una nueva redacción al artículo 25 del Real Decreto-Legislativo 1/1996 recogido por la Ley23/2006 de Propiedad Intelectual, en el que sin gravar indiscriminadamente a los usuarios y contemplando todos los preceptos que la elaboración de una norma de tal rango exige, se plasmen estudios económicos objetivos y se estudien las posibles alternativas que podrían surgir de una aplicación muy reducida de los tipos impositivos con los que actualmente se grava la percepción de estos derechos por copia privada en sustitución de una tasa de difícil cuantificación. Así como a la devolución de las cantidades retenidas en concepto de aplicación del canon digital desde la fecha de la Sentencia03576/2008, de 22 de marzo de 2011, dela Sala de lo Contencioso dela Audiencia Nacional».

Digo que es de calado. Un calado que puede quizá pasar desapercibido a muchos en una primera lectura. Sin embargo, fíjense que lo que se propone es compensar la copia privada por un método diametralmente opuesto al del canon digital.

El método del canon digital se basa en la recaudación. En gravar a todos los soportes electrónicos susceptibles de servir para copia privada, desde los CDs a los discos duros. Es una tasa injusta desde el momento en que grava por igual al material comprado por particulares, empresas y administraciones públicas. De ahí la demanda de la empresa Padawan que acabó en la práctica ilegalizando al canon digital.

Pero supongamos que se eximiese del pago del canon a empresas y administraciones públicas. Seguiría siendo injusto. Al imponer una tasa a todo lo adquirido por los particulares se viola la presunción de inocencia de los mismos. Se presupone que van a emplear ese material para realizar copias privadas, cosa que no tiene por qué ser así.

La enmienda de UPyD le da la vuelta a la tortilla. ¿Por qué? Porque propone compensar a creadores y a empresas culturales con una fiscalidad reducida que se aplicaría a los ingresos percibidos por la creación.

Esa fiscalidad podría aplicarse por tramos. ¿Por qué? Para que el beneficio sea acorde a lo declarado en concepto de ingresos por explotación de derechos de autor. A falta de estudios sobre el tema, lo más justo parece considerar que podría haber una correlación entre la copia privada y la obra en circulación. Desde luego, el método sería de lejos mucho más justo que los repartos arbitrarios que realizan algunas sociedades de gestión.

Fiscalidad frente a recaudación, que ha sido el método tradicional.

Con este método, la Hacienda Pública dispondría además de más información, lo que sería muy útil para comenzar a hacer estudios sobre el tema. Y vendría a corregir una situación atípica señalada por muchos entendidos. El canon digital es a todos los efectos una tasa. Y al entender de muchos no es razonable que un impuesto sea recaudado y gestionado por particular. Porque particulares son las sociedades de gestión de derechos colectivos.

Y una última ventaja. Con el método de la fiscalidad reducida todo el beneficio –poco o mucho- revertiría íntegro en los creadores. Con canon digital, parte de lo recaudado se pierde al estar interpuestas las sociedades de gestión. Es lógico, puesto que la gestión siempre acarrea gastos de personal, instalaciones, etc. Pero con el método de la fiscalidad eso ya no sería necesario.

En fin. Que aunque nada es perfecto en esta vida, parece que compensar la copia privada a través de la fiscalidad es mucho más justo que hacerlo a través de la recaudación indiscriminada. De verdad que me gustaría ver cómo este Gobierno o el que le suceda opta por esa primera vía u otra similar. Si sustituyen el canon por otra fórmula recaudatoria tendremos más repartos discutibles y sobre todo más crispación social. Una crispación que no es nada positiva. Y a quien desde luego menos beneficia es al conjunto de los creadores.

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Está siendo uno de los culebrones del verano. Desde que el pasado viernes detuvieron a ocho personas –entre ellas a varios dirigentes de la SGAE- por haber montado una supuesta trama dedicada a desviar fondos de la entidad, esto está que arde. Declaraciones y contradeclaraciones, adhesiones y denuestos, bailes de cifras.

Aquí no vamos a hablar sobre la investigación. Tampoco sobre posibles culpas o inocencias, por supuesto. Pero al principio se hablaba de que se podrían haber sustraído a la entidad, y por tanto a los socios, cerca de 400 millones. Era una cifra a todas luces muy exagerada que por lo último que he oído han hecho bajar a 4 millones. Que tampoco está nada mal. Y eso, o más bien las circunstancias que lo han hecho posible, sí que creo que merecen unas líneas en este blog.

Supongamos que se confirma la existencia de un fraude de millones, ejecutado a lo largo de varios años y en una entidad de este tipo. ¿Hasta qué punto sería responsable de lo sucedido el Ministerio de Cultura y por tanto el propio Gobierno?

Diversas fuentes del Gobierno se han apresurado a indicar que no este no tiene competencias para auditar a las entidades de gestión, que eso corresponde a las CCAA. Y la propia ministra llegó a declarar que «Cultura no tiene competencias para vigilar a la SGAE como entidad de gestión, pues fueron transferidas en 1997 a las comunidades autónomas» (diario El País, edición impresa, cultura, 04/07/2011).

En eso han tratado de escudarse. ¿Pero es la afirmación cierta? Eso es lo que vamos a tratar de averiguar aquí.

Tomemos la actual Ley de la Propiedad Intelectual. En su artículo 159 se indica que le corresponde al Ministerio de Cultura la vigilancia sobre el cumplimiento por parte de las entidades de gestión de las obligaciones y los requisitos establecidos por la ley. Dice textualmente que: «A estos efectos, el Ministerio de Cultura podrá exigir de estas entidades cualquier tipo de información, ordenar inspecciones y auditorías y designar un representante que asista con voz pero sin voto a sus Asambleas generales, Consejos de Administración u órganos análogos».

Parece claro, ¿no? Entonces, ¿por qué ha tratado de exculparse el Gobierno echando la competencia sobre las espaldas autonómicas?

Se remite a una sentencia del Tribunal Constitucional. Es cierto que en su día dos CCAA (las de Cataluña y el País Vasco) recurrieron varios artículos del Real Decreto legislativo 1/1996 porque pensaban que invadía sus competencias. La sentencia 196/97 de 13 de noviembre de 1997 establecía respecto al artículo 144 que en efecto podía producirse un conflicto de competencias.

Ya sé que esta parte es farragosa. Pero un poquito de paciencia.

Ocurre que el art. 144 tiene que ver con el registro de la Propiedad Intelectual, que sí está territorializado. La gestión de los derechos colectivos no. Es unitaria y las sociedades de gestión actúan en todo el territorio nacional. Ese es nuestro modelo. El nuevo Estatut de Cataluña pretendía con su artículo 155 apropiarse de la capacidad de crear sociedades de gestión en esa comunidad autónoma. Fue uno de los artículos declarados inconstitucionales.

Vamos, que se mire por donde se mire, la fiscalización de este tipo de entidades es competencia y obligación del Ministerio de Cultura. Sin embargo, agarrándose a aquella sentencia del Constitucional, el Gobierno se ha negado de forma tenaz a hacer auditorías a estas entidades desde hace una década. Ellos sabrán por qué.

Que la ministra diga que esta competencia fue transferida a las CCAA en el 97 le deja a uno con la boca abierta. Lo del 97 hará alusión a la fecha de aquella sentencia, digo yo. Una afirmación así solo se puede entender como una maniobra de despiste, en la línea seguida por sucesivos Gobiernos para eludir sus obligaciones. Porque no cabe pensar en ignorancia por parte de la ministra. Quizá ella no conozca los pormenores del asunto. Tampoco tiene por qué conocerlos, porque para eso tiene asesores; para darle cuenta rápida y cumplida de todo esto.

Además, concurren aquí otros elementos que agravan la responsabilidad del Gobierno. Verán: al menos parte del dinero recaudado por estas entidades es en forma de tasas. Es por tanto dinero público y las sociedades de gestión son intermediarios que lo distribuyen entre las personas físicas y jurídicas que tienen derecho a ello. Y siempre que hay dinero público por medio, el Tribunal de Cuentas es el organismo facultado para auditar.

En fin, que por más que traten de escurrir el bulto, el Gobierno de la nación es el responsable directo que de, desde hace una década, no se realice ningún tipo de control sobre las entidades de gestión. Bueno, sí. Trató de maquillar su omisión ordenando una inspección sobre la SGAE a AEVAL. Pero esa es la Agencia Española de Evaluación y no se mete a fondo en las cuentas porque no es su cometido.

Por esa dejación de obligaciones hemos llegado a esto. Porque si el Gobierno hubiese ordenado auditorías periódicas la situación sería bien distinta.

Supongamos que alguno o todos los inculpados son inocentes. De haber estado auditada la entidad, no se habría producido esta investigación policial y esas personas no habrían tenido que pasar por un calvario judicial y mediático.

Supongamos que al menos uno es culpable. En ese caso, las auditorías habrían destapado hace tiempo el fraude. Y el daño económico a la entidad y a los socios habría sido mucho menos cuantioso.

Es más. Saber que tarde o temprano se iba a auditar habría frenado a posibles delincuentes a la hora de crear una trama así. Ha sido la certeza de que no iba a haber auditorías la que ha podido dar alas a los defraudadores al crearles sensación de impunidad.

Porque para eso sirven muchas de las instituciones del Estado. Su simple existencia previene el delito. Y es por eso que una inhibición como esta por parte del Gobierno ha sido tan dañina.

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Veo y oigo cada afirmación que me hace llevarme las manos a la cabeza. Entiendo los deslices, los errores de la gente de la calle. Pero es intolerable que líderes políticos sigan diciendo ante las cámaras que el llamado canon digital sirve para compensar a los autores por las pérdidas por piratería. Eso cuando no entra en juego la mendacidad más negra, como este mediodía en una tertulia de TeleMadrid, en la que una todóloga afirmaba que ella no cobraba derechos colectivos de sus libros porque se había negado a entrar en la SGAE. Eso es ganas de echar veneno inflamable al fuego: nunca habría podido entrar en la SGAE porque en esa entidad no nos aceptan a los escritores. Para eso está CEDRO.

Así que, un poco harto de tanto desatino, aquí les dejo una guía rápida o guiaburros para que si tiene alguien que naufragar en esta cuestión lo haga por su propia mala fe o contumacia, y no porque no tenga información a su disposición. Vamos allá en lista ampliable.

¿Qué son las entidades de gestión colectiva? Recurriendo a la página del Ministerio de Cultura, se pueden definir como «organizaciones privadas de base asociativa y naturaleza no lucrativa que se dedican en nombre propio o ajena a la gestión de derechos de propiedad intelectual de carácter patrimonial por cuenta de sus legítimos titulares.

¿Qué son los derechos de gestión colectiva? Todos aquellos que por su naturaleza son imposibles de desglosar de manera real. Por ejemplo, la música que se pone en garitos: es imposible cuantificar qué canciones y de qué autores se han puesto en cada local. Por eso se gestionan de forma colectiva y luego se realiza el reparto mediante distintos baremos. Al menos era imposible de cuantificar hasta ahora. Cada vez son más las voces que indican que gracias a los avances tecnológicos ahora es posible saber qué canciones se emiten. Por tanto, sería posible convertir esos derechos en individuales.

¿Cuáles son las sociedades de gestión y qué ámbitos abarcan? Buena pregunta, porque muchos –incluyendo a tertulianos que debieran informarse mínimamente- parece creer que la SGAE gestiona en exclusiva los derechos colectivos. Nada más lejos de la realidad. Aunque estamos ante un sistema de oligopolio, criticado en un informe bastante reciente de la Comisión Nacional de la Competencia, lo cierto es que existen 8 sociedades de gestión colectiva aprobadas por el Ministerio de Cultura. A saber:

  1. AGEDI. Para productores de fonogramas.
  2. AIE. Artistas, intérpretes y ejecutantes musicales.
  3. AISGE. Artistas, intérpretes y ejecutantes actores.
  4. CEDRO. Autores, traductores y editores literarios.
  5. DAMA. Directores, realizadores y guionistas de producciones audiovisuales.
  6. EGEDA. Productores audiovisuales.
  7. SGAE. Agrupa a editores y autores de obras musicales, audivisuales, literarias, dramáticas y coreográficas, aunque en la práctica no se encuentra a escritores ahí.
  8. VEGAP. Autores de obras plásticas.

¿Puede crear cualquiera una entidad de gestión colectiva? Técnicamente sí. Hay que reunir los requisitos y luego conseguir la aprobación del Ministerio de Cultura. En la práctica, el Ministerio no da la aprobación a nadie. Ya fue una lucha muy dura el conseguir por parte de distintos colectivos de creadores formar entidades al margen de la otrora omnipresente y monopolística SGAE. Ahora se ha establecido un oligopolio en la práctica. Una sociedad de gestión por colectivo de creadores. Esa es otra circunstancia resaltada por el informe de la Comisión Nacional de la Competencia.

¿Quién es competente para auditar a las entidades de gestión? El Ministerio de Cultura. Así lo establece el artículo 157 de la Ley de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, los últimos Gobiernos han tratado de escudarse en sentencias del Tribunal Constitucional para aducir que han de ser los que auditen las CCAA. Sin embargo, la gestión de la propiedad colectiva es unitaria y las entidades cubren todo el territorio nacional. Por eso el único competente es el Estado Central. Como el Ministerio no tiene capacidad de auditar, recaería tal auditoría en el Tribunal de Cuentas.

¿Qué es el canon digital? El llamado canon digital es en realidad la compensación por copia privada. Es decir, pretende compensar las pérdidas ocasionadas a los autores por copias privadas de carácter legítimo (un respaldo, una copia para el coche, para un amigo, etc.). Se implantó siguiendo directivas europeas y en ningún caso compensa por pérdidas por piratería.

¿Por qué es tan cuestionado el canon digital? Dejando de lado la oposición ejercida por demagogos e ignorantes, el canon digital en España ha sido cuestionado porque grava a la totalidad de los soportes susceptibles de copiar. Es decir: la estimación incluye no solo la parte estimable de copia privada, sino la de copia propia, los soportes destinados a administraciones públicas, a autónomos y empresas, etc. De ahí que salga un cálculo a pagar muy elevado que ha despertado oposiciones enconadas.

Parece de todas formas que el canon digital vive sus últimos días tal como lo conocemos. Recientes sentencias europeas han declarado abusivo el cobro indiscriminado del mismo a empresas y eso ha abierto la puerta a su derogación tal como lo conocemos. Los jueces ya han hablado, solo falta que este o el siguiente Gobierno de el paso de acatar –debiera haberlo hecho sin dilación- y anular al menos las partes abusivas.

¿Cómo hemos llegado a esta situación, con intervención de la policía, la fiscalía Anticorrupción y la salida a la luz de una supuesta trama que habría hecho desaparecer cientos de millones? Por omisión del Ministerio de Cultura de su deber de supervisión. Así de fácil. Se han escudado de forma torticera en una sentencia -que no vale para las entidades de gestión colectiva- para eludir auditar a ninguna entidad de gestión colectiva en la última década. De lo ocurrido, el principal responsable es el Ministerio y por tanto el Gobierno (conocer más).

¿Son culpables los detenidos? Eso debemos dejárselo a los jueces.

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Dicen que la cara es el espejo del alma. Desde luego, hay iniciativas legislativas que sí lo son de los partidos que las promueven. En ocasiones, no hay microscopio mejor con el que observar qué es lo que hay de verás detrás de ciertas formaciones políticas.

En las iniciativas políticas de todo partido asoman tics, reflejos condicionados que son parte de su esencia. Y esto es sobre todo válido para los nacionalistas. A ellos, sus peculiares fantasmas les rondan siempre cerca. Acaban siempre por enturbiar su discurso y sus actuaciones, no importa cuál sea el tema que se esté tratando.

La estrategia y obsesión de los nacionalistas es la de arrebatar al estado cuotas de poder o en su defecto dañar el entramado legislativo e institucional para debilitarlo. Es una batalla que dan en todas las áreas –desde la energía a la enseñanza, de la cultura a los transportes- y la dan también a todos los niveles.

Digo esto porque la atención pública suele fijarse en las grandes decisiones, en polémicas transferencias de competencias. Y es un error. Porque por debajo –no al nivel de las leyes sino al de los articulados de tales leyes- los nacionalistas han estado trabajando de manera incansable. Llevan décadas forzando a gobiernos débiles a introducir modificaciones que una a una pueden parecer pequeñas. Pero todas juntas han ido dando a los gobiernos regionales más poder. Han desviado hacia esos gobiernos –o hacia organizaciones y personas satélites de los mismos- más dinero. Han ido de paso lastrando cada vez más al estado.

Vamos por ejemplo a fijarnos en la Ley Reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Una ley más que discutible que el actual gobierno trata de sacar adelante. El martes pasado, los distintos grupos parlamentarios presentaron sus enmiendas. De entrada, uno pensaría que esto debiera ser un tema bastante neutro. Pero en política no hay nada neutro y en España menos.

Echemos una ojeada a algunas enmiendas presentadas por partidos nacionalistas y en seguida entenderán lo que les digo. No las leeremos todas, solo tres o cuatro a manera de cata. Hare también una salvedad: junto a estas que vamos a ver, algunos grupos nacionalistas han presentado otras enmiendas más que estimables, como son las que tocan al tema de la accesibilidad.

Para no hacer esta entrada de blog demasiado larga, la voy a dividir en tres o cuatro partes. Y en esta primera entrega, dado que me he extendido en la presentación, solo veremos una. Una sola pero significativa.

Se trata de la enmienda nº5 de adición presentada por ese matrimonio de conveniencia que forma ERC con IU e IPC-V para poder tener grupo parlamentario propio. La enmienda dice lo siguiente:

Se añade un nuevo párrafo a la exposición de motivos con la siguiente redacción:

«El museo debe conservar, difundir, documentar, estudiar, coleccionar… pero por encima de todo está al servicio de la sociedad y de los ciudadanos.

Un museo estatal es un museo al servicio de todos los ciudadanos del estado y por tanto debe colaborar y cooperar con todos los museos de arte contemporáneo participados por cualquier administración pública en cualquier parte de su territorio con una voluntad clara de descentralización y federalismo en lo que respecta a los servicios culturales del estado.»

En su conjunto, esta enmienda es una muestra más que notable de lo que se llama falacia retórica. Es decir, trata de imponerse recurriendo a la manipulación lingüística antes que a las razones. Vamos a analizarla un poco.

La primera frase comienza enumerando las funciones propias de un museo. Sin embargo, acto seguido introduce ese «pero por encima de todo está el servicio de la sociedad y de los ciudadanos». La construcción de esta frase es una falacia retórica de las de libro. ¿Por qué? Porque con ese «pero» ahí situado trata de presentar a los fines propios de los museos como algo que podría ser contrario al bien común. Como si esos objetivos de conservar, coleccionar, etc., pudieran ser lesivos para la ciudadanía. Pretende crear una posible contraposición. Y una vez hecho eso, pasa al segundo párrafo.

Aquí se repite la jugada. Se parte de un supuesto aceptado –el de que un museo está al servicio de los ciudadanos-, pero solo para colar después un «por tanto…» que pretende inducir a la creencia de que el deber de un museo estatal es el de « colaborar y cooperar con todos los museos de arte contemporáneo participados por cualquier administración pública en cualquier parte de su territorio». ¿Las administraciones autonómicas por ejemplo?

Entendámonos. Por supuesto que los museos estatales deben de colaborar con los autonómicos y locales. Pero esa colaboración se centra en asesorías y apoyo técnico. No puede convertirse en una forma de financiar proyectos de museos autonómicos en detrimento, por merma de recursos, de los propios de ese museo estatal.

Pero sigamos, porque de ahí el texto, sin pausa, se acoge a eso de «con voluntad clara de descentralización y federalismo en lo que respecta a los servicios culturales del estado».

Acabáramos. Así que este encadenado de falacias retóricas –que no está nada mal estructurado- nos quería llevar a este huerto. A que los museos estatales deben emplear sus recursos materiales y humanos en beneficio de los autonómicos. Y, claro, a que las colecciones puedan –e incluso deban- ser descuartizadas como reses para ser repartidas entre las distintas CCAA. Todo en aras de «descentralizar y federalizar la cultura»… por supuesto.

Ocurre que los museos se dedican a reunir piezas en colecciones y no a lo contrario. Su misión es poner a disposición de la ciudadanía colecciones lo mejores y más amplias posibles. Por no hablar de que un museo bien concebido y ubicado puede convertirse en uno de los motores económicos de una población, dado que es fuente de atracción para visitantes. Así ha ocurrido con el Tyssenn o el propio Reina Sofía en Madrid, o con el Gugennheim en Bilbao.

Pretender dispersar las colecciones atenta contra los objetivos culturales y económicos de los museos. La defensa de una barbaridad así por parte de ciertas formaciones nacionalistas obedece en parte al mero interés. Al deseo de sacar tajada del despiece de un patrimonio de estado que sucesivos gobiernos han sido incapaces de proteger. Obedece también a esa aversión básica que sienten este tipo de ideologías contra todo aquello que pueda ser un elemento vertebrador y una seña de identidad del estado.

Algún día hablaré del poco respeto que las autoridades nacionales parecen tener por la unidad e integridad de las colecciones que forman nuestro patrimonio museístico. También de ese concepto delirante que es el de «museos dispersos». Un término acuñado para dar una patina de legalidad a que gran número de piezas de colecciones de distintos museos estén eso, dispersas por todo el territorio nacional. En lugares a veces peregrinos y en condiciones que no son las óptimas para una buena conservación.

Pero ahora, para acabar, me gustaría señalar un detalle que me ha llamado la atención. Uno que a mi juicio dice mucho.

En el segundo párrafo de la enmienda se lee que «un museo estatal es un museo al servicio de todos los ciudadanos del estado». Dice museo estatal, no museo a secas. ¿No sería más lógico decir que los museos están al servicio de los ciudadanos? Es como si «sus» museos no tuvieran que estar al servicio de todos. Asoma en esa redacción uno de esos fantasmas nacionalistas de los que hablaba al comienzo. Esa visión patrimonial y excluyente de los bienes y servicios que administran allá donde gobiernan.

Pero es mejor acabar esta primera entrega aquí. En la próxima o próximas ya nos detendremos en otras enmiendas que tienen tanta miga como esta.

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