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El martes pasado se discutió en el Parlamento una PNL (proposición no de ley) del PP a propósito del canon digital. Se pedía en ella la derogación del canon digital y su sustitución por «fórmulas menos arbitrarias e indiscriminadas». La PNL en sí misma parece bastante vacía de contenido real. El canon digital es un cadáver desde el momento en que una sentencia judicial asentó su ilegalidad. Otra cosa es que este Gobierno haya mantenido a ese cadáver insepulto más tiempo de lo razonable. Insepulto y recaudando de manera ilícita, contra las indicaciones de los tribunales.

Pareciera que esta PNL obedeciera más a la intención de dejar sin bazas al Gobierno, que estaba preparando algo en tal sentido. También a acosarle también por este flanco, aprovechando su situación de debilidad general y también particular en Cultura, debido al caso SGAE. Pero no vamos a hablar aquí de nada de eso.

Sí de que la presentación de la PNL fue buena excusa para que los distintos grupos parlamentarios debatiesen sobre el tema. Además, en concreto, UPyD presentó a través de su diputada Rosa Díez dos enmiendas de calado. Sobre la primera de ellas trata esta entrada. Una enmienda que proponía lo siguiente:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo dé tres meses una nueva redacción al artículo 25 del Real Decreto-Legislativo 1/1996 recogido por la Ley23/2006 de Propiedad Intelectual, en el que sin gravar indiscriminadamente a los usuarios y contemplando todos los preceptos que la elaboración de una norma de tal rango exige, se plasmen estudios económicos objetivos y se estudien las posibles alternativas que podrían surgir de una aplicación muy reducida de los tipos impositivos con los que actualmente se grava la percepción de estos derechos por copia privada en sustitución de una tasa de difícil cuantificación. Así como a la devolución de las cantidades retenidas en concepto de aplicación del canon digital desde la fecha de la Sentencia03576/2008, de 22 de marzo de 2011, dela Sala de lo Contencioso dela Audiencia Nacional».

Digo que es de calado. Un calado que puede quizá pasar desapercibido a muchos en una primera lectura. Sin embargo, fíjense que lo que se propone es compensar la copia privada por un método diametralmente opuesto al del canon digital.

El método del canon digital se basa en la recaudación. En gravar a todos los soportes electrónicos susceptibles de servir para copia privada, desde los CDs a los discos duros. Es una tasa injusta desde el momento en que grava por igual al material comprado por particulares, empresas y administraciones públicas. De ahí la demanda de la empresa Padawan que acabó en la práctica ilegalizando al canon digital.

Pero supongamos que se eximiese del pago del canon a empresas y administraciones públicas. Seguiría siendo injusto. Al imponer una tasa a todo lo adquirido por los particulares se viola la presunción de inocencia de los mismos. Se presupone que van a emplear ese material para realizar copias privadas, cosa que no tiene por qué ser así.

La enmienda de UPyD le da la vuelta a la tortilla. ¿Por qué? Porque propone compensar a creadores y a empresas culturales con una fiscalidad reducida que se aplicaría a los ingresos percibidos por la creación.

Esa fiscalidad podría aplicarse por tramos. ¿Por qué? Para que el beneficio sea acorde a lo declarado en concepto de ingresos por explotación de derechos de autor. A falta de estudios sobre el tema, lo más justo parece considerar que podría haber una correlación entre la copia privada y la obra en circulación. Desde luego, el método sería de lejos mucho más justo que los repartos arbitrarios que realizan algunas sociedades de gestión.

Fiscalidad frente a recaudación, que ha sido el método tradicional.

Con este método, la Hacienda Pública dispondría además de más información, lo que sería muy útil para comenzar a hacer estudios sobre el tema. Y vendría a corregir una situación atípica señalada por muchos entendidos. El canon digital es a todos los efectos una tasa. Y al entender de muchos no es razonable que un impuesto sea recaudado y gestionado por particular. Porque particulares son las sociedades de gestión de derechos colectivos.

Y una última ventaja. Con el método de la fiscalidad reducida todo el beneficio –poco o mucho- revertiría íntegro en los creadores. Con canon digital, parte de lo recaudado se pierde al estar interpuestas las sociedades de gestión. Es lógico, puesto que la gestión siempre acarrea gastos de personal, instalaciones, etc. Pero con el método de la fiscalidad eso ya no sería necesario.

En fin. Que aunque nada es perfecto en esta vida, parece que compensar la copia privada a través de la fiscalidad es mucho más justo que hacerlo a través de la recaudación indiscriminada. De verdad que me gustaría ver cómo este Gobierno o el que le suceda opta por esa primera vía u otra similar. Si sustituyen el canon por otra fórmula recaudatoria tendremos más repartos discutibles y sobre todo más crispación social. Una crispación que no es nada positiva. Y a quien desde luego menos beneficia es al conjunto de los creadores.

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Está siendo uno de los culebrones del verano. Desde que el pasado viernes detuvieron a ocho personas –entre ellas a varios dirigentes de la SGAE- por haber montado una supuesta trama dedicada a desviar fondos de la entidad, esto está que arde. Declaraciones y contradeclaraciones, adhesiones y denuestos, bailes de cifras.

Aquí no vamos a hablar sobre la investigación. Tampoco sobre posibles culpas o inocencias, por supuesto. Pero al principio se hablaba de que se podrían haber sustraído a la entidad, y por tanto a los socios, cerca de 400 millones. Era una cifra a todas luces muy exagerada que por lo último que he oído han hecho bajar a 4 millones. Que tampoco está nada mal. Y eso, o más bien las circunstancias que lo han hecho posible, sí que creo que merecen unas líneas en este blog.

Supongamos que se confirma la existencia de un fraude de millones, ejecutado a lo largo de varios años y en una entidad de este tipo. ¿Hasta qué punto sería responsable de lo sucedido el Ministerio de Cultura y por tanto el propio Gobierno?

Diversas fuentes del Gobierno se han apresurado a indicar que no este no tiene competencias para auditar a las entidades de gestión, que eso corresponde a las CCAA. Y la propia ministra llegó a declarar que «Cultura no tiene competencias para vigilar a la SGAE como entidad de gestión, pues fueron transferidas en 1997 a las comunidades autónomas» (diario El País, edición impresa, cultura, 04/07/2011).

En eso han tratado de escudarse. ¿Pero es la afirmación cierta? Eso es lo que vamos a tratar de averiguar aquí.

Tomemos la actual Ley de la Propiedad Intelectual. En su artículo 159 se indica que le corresponde al Ministerio de Cultura la vigilancia sobre el cumplimiento por parte de las entidades de gestión de las obligaciones y los requisitos establecidos por la ley. Dice textualmente que: «A estos efectos, el Ministerio de Cultura podrá exigir de estas entidades cualquier tipo de información, ordenar inspecciones y auditorías y designar un representante que asista con voz pero sin voto a sus Asambleas generales, Consejos de Administración u órganos análogos».

Parece claro, ¿no? Entonces, ¿por qué ha tratado de exculparse el Gobierno echando la competencia sobre las espaldas autonómicas?

Se remite a una sentencia del Tribunal Constitucional. Es cierto que en su día dos CCAA (las de Cataluña y el País Vasco) recurrieron varios artículos del Real Decreto legislativo 1/1996 porque pensaban que invadía sus competencias. La sentencia 196/97 de 13 de noviembre de 1997 establecía respecto al artículo 144 que en efecto podía producirse un conflicto de competencias.

Ya sé que esta parte es farragosa. Pero un poquito de paciencia.

Ocurre que el art. 144 tiene que ver con el registro de la Propiedad Intelectual, que sí está territorializado. La gestión de los derechos colectivos no. Es unitaria y las sociedades de gestión actúan en todo el territorio nacional. Ese es nuestro modelo. El nuevo Estatut de Cataluña pretendía con su artículo 155 apropiarse de la capacidad de crear sociedades de gestión en esa comunidad autónoma. Fue uno de los artículos declarados inconstitucionales.

Vamos, que se mire por donde se mire, la fiscalización de este tipo de entidades es competencia y obligación del Ministerio de Cultura. Sin embargo, agarrándose a aquella sentencia del Constitucional, el Gobierno se ha negado de forma tenaz a hacer auditorías a estas entidades desde hace una década. Ellos sabrán por qué.

Que la ministra diga que esta competencia fue transferida a las CCAA en el 97 le deja a uno con la boca abierta. Lo del 97 hará alusión a la fecha de aquella sentencia, digo yo. Una afirmación así solo se puede entender como una maniobra de despiste, en la línea seguida por sucesivos Gobiernos para eludir sus obligaciones. Porque no cabe pensar en ignorancia por parte de la ministra. Quizá ella no conozca los pormenores del asunto. Tampoco tiene por qué conocerlos, porque para eso tiene asesores; para darle cuenta rápida y cumplida de todo esto.

Además, concurren aquí otros elementos que agravan la responsabilidad del Gobierno. Verán: al menos parte del dinero recaudado por estas entidades es en forma de tasas. Es por tanto dinero público y las sociedades de gestión son intermediarios que lo distribuyen entre las personas físicas y jurídicas que tienen derecho a ello. Y siempre que hay dinero público por medio, el Tribunal de Cuentas es el organismo facultado para auditar.

En fin, que por más que traten de escurrir el bulto, el Gobierno de la nación es el responsable directo que de, desde hace una década, no se realice ningún tipo de control sobre las entidades de gestión. Bueno, sí. Trató de maquillar su omisión ordenando una inspección sobre la SGAE a AEVAL. Pero esa es la Agencia Española de Evaluación y no se mete a fondo en las cuentas porque no es su cometido.

Por esa dejación de obligaciones hemos llegado a esto. Porque si el Gobierno hubiese ordenado auditorías periódicas la situación sería bien distinta.

Supongamos que alguno o todos los inculpados son inocentes. De haber estado auditada la entidad, no se habría producido esta investigación policial y esas personas no habrían tenido que pasar por un calvario judicial y mediático.

Supongamos que al menos uno es culpable. En ese caso, las auditorías habrían destapado hace tiempo el fraude. Y el daño económico a la entidad y a los socios habría sido mucho menos cuantioso.

Es más. Saber que tarde o temprano se iba a auditar habría frenado a posibles delincuentes a la hora de crear una trama así. Ha sido la certeza de que no iba a haber auditorías la que ha podido dar alas a los defraudadores al crearles sensación de impunidad.

Porque para eso sirven muchas de las instituciones del Estado. Su simple existencia previene el delito. Y es por eso que una inhibición como esta por parte del Gobierno ha sido tan dañina.

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Veo y oigo cada afirmación que me hace llevarme las manos a la cabeza. Entiendo los deslices, los errores de la gente de la calle. Pero es intolerable que líderes políticos sigan diciendo ante las cámaras que el llamado canon digital sirve para compensar a los autores por las pérdidas por piratería. Eso cuando no entra en juego la mendacidad más negra, como este mediodía en una tertulia de TeleMadrid, en la que una todóloga afirmaba que ella no cobraba derechos colectivos de sus libros porque se había negado a entrar en la SGAE. Eso es ganas de echar veneno inflamable al fuego: nunca habría podido entrar en la SGAE porque en esa entidad no nos aceptan a los escritores. Para eso está CEDRO.

Así que, un poco harto de tanto desatino, aquí les dejo una guía rápida o guiaburros para que si tiene alguien que naufragar en esta cuestión lo haga por su propia mala fe o contumacia, y no porque no tenga información a su disposición. Vamos allá en lista ampliable.

¿Qué son las entidades de gestión colectiva? Recurriendo a la página del Ministerio de Cultura, se pueden definir como «organizaciones privadas de base asociativa y naturaleza no lucrativa que se dedican en nombre propio o ajena a la gestión de derechos de propiedad intelectual de carácter patrimonial por cuenta de sus legítimos titulares.

¿Qué son los derechos de gestión colectiva? Todos aquellos que por su naturaleza son imposibles de desglosar de manera real. Por ejemplo, la música que se pone en garitos: es imposible cuantificar qué canciones y de qué autores se han puesto en cada local. Por eso se gestionan de forma colectiva y luego se realiza el reparto mediante distintos baremos. Al menos era imposible de cuantificar hasta ahora. Cada vez son más las voces que indican que gracias a los avances tecnológicos ahora es posible saber qué canciones se emiten. Por tanto, sería posible convertir esos derechos en individuales.

¿Cuáles son las sociedades de gestión y qué ámbitos abarcan? Buena pregunta, porque muchos –incluyendo a tertulianos que debieran informarse mínimamente- parece creer que la SGAE gestiona en exclusiva los derechos colectivos. Nada más lejos de la realidad. Aunque estamos ante un sistema de oligopolio, criticado en un informe bastante reciente de la Comisión Nacional de la Competencia, lo cierto es que existen 8 sociedades de gestión colectiva aprobadas por el Ministerio de Cultura. A saber:

  1. AGEDI. Para productores de fonogramas.
  2. AIE. Artistas, intérpretes y ejecutantes musicales.
  3. AISGE. Artistas, intérpretes y ejecutantes actores.
  4. CEDRO. Autores, traductores y editores literarios.
  5. DAMA. Directores, realizadores y guionistas de producciones audiovisuales.
  6. EGEDA. Productores audiovisuales.
  7. SGAE. Agrupa a editores y autores de obras musicales, audivisuales, literarias, dramáticas y coreográficas, aunque en la práctica no se encuentra a escritores ahí.
  8. VEGAP. Autores de obras plásticas.

¿Puede crear cualquiera una entidad de gestión colectiva? Técnicamente sí. Hay que reunir los requisitos y luego conseguir la aprobación del Ministerio de Cultura. En la práctica, el Ministerio no da la aprobación a nadie. Ya fue una lucha muy dura el conseguir por parte de distintos colectivos de creadores formar entidades al margen de la otrora omnipresente y monopolística SGAE. Ahora se ha establecido un oligopolio en la práctica. Una sociedad de gestión por colectivo de creadores. Esa es otra circunstancia resaltada por el informe de la Comisión Nacional de la Competencia.

¿Quién es competente para auditar a las entidades de gestión? El Ministerio de Cultura. Así lo establece el artículo 157 de la Ley de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, los últimos Gobiernos han tratado de escudarse en sentencias del Tribunal Constitucional para aducir que han de ser los que auditen las CCAA. Sin embargo, la gestión de la propiedad colectiva es unitaria y las entidades cubren todo el territorio nacional. Por eso el único competente es el Estado Central. Como el Ministerio no tiene capacidad de auditar, recaería tal auditoría en el Tribunal de Cuentas.

¿Qué es el canon digital? El llamado canon digital es en realidad la compensación por copia privada. Es decir, pretende compensar las pérdidas ocasionadas a los autores por copias privadas de carácter legítimo (un respaldo, una copia para el coche, para un amigo, etc.). Se implantó siguiendo directivas europeas y en ningún caso compensa por pérdidas por piratería.

¿Por qué es tan cuestionado el canon digital? Dejando de lado la oposición ejercida por demagogos e ignorantes, el canon digital en España ha sido cuestionado porque grava a la totalidad de los soportes susceptibles de copiar. Es decir: la estimación incluye no solo la parte estimable de copia privada, sino la de copia propia, los soportes destinados a administraciones públicas, a autónomos y empresas, etc. De ahí que salga un cálculo a pagar muy elevado que ha despertado oposiciones enconadas.

Parece de todas formas que el canon digital vive sus últimos días tal como lo conocemos. Recientes sentencias europeas han declarado abusivo el cobro indiscriminado del mismo a empresas y eso ha abierto la puerta a su derogación tal como lo conocemos. Los jueces ya han hablado, solo falta que este o el siguiente Gobierno de el paso de acatar –debiera haberlo hecho sin dilación- y anular al menos las partes abusivas.

¿Cómo hemos llegado a esta situación, con intervención de la policía, la fiscalía Anticorrupción y la salida a la luz de una supuesta trama que habría hecho desaparecer cientos de millones? Por omisión del Ministerio de Cultura de su deber de supervisión. Así de fácil. Se han escudado de forma torticera en una sentencia -que no vale para las entidades de gestión colectiva- para eludir auditar a ninguna entidad de gestión colectiva en la última década. De lo ocurrido, el principal responsable es el Ministerio y por tanto el Gobierno (conocer más).

¿Son culpables los detenidos? Eso debemos dejárselo a los jueces.

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Dicen que la cara es el espejo del alma. Desde luego, hay iniciativas legislativas que sí lo son de los partidos que las promueven. En ocasiones, no hay microscopio mejor con el que observar qué es lo que hay de verás detrás de ciertas formaciones políticas.

En las iniciativas políticas de todo partido asoman tics, reflejos condicionados que son parte de su esencia. Y esto es sobre todo válido para los nacionalistas. A ellos, sus peculiares fantasmas les rondan siempre cerca. Acaban siempre por enturbiar su discurso y sus actuaciones, no importa cuál sea el tema que se esté tratando.

La estrategia y obsesión de los nacionalistas es la de arrebatar al estado cuotas de poder o en su defecto dañar el entramado legislativo e institucional para debilitarlo. Es una batalla que dan en todas las áreas –desde la energía a la enseñanza, de la cultura a los transportes- y la dan también a todos los niveles.

Digo esto porque la atención pública suele fijarse en las grandes decisiones, en polémicas transferencias de competencias. Y es un error. Porque por debajo –no al nivel de las leyes sino al de los articulados de tales leyes- los nacionalistas han estado trabajando de manera incansable. Llevan décadas forzando a gobiernos débiles a introducir modificaciones que una a una pueden parecer pequeñas. Pero todas juntas han ido dando a los gobiernos regionales más poder. Han desviado hacia esos gobiernos –o hacia organizaciones y personas satélites de los mismos- más dinero. Han ido de paso lastrando cada vez más al estado.

Vamos por ejemplo a fijarnos en la Ley Reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Una ley más que discutible que el actual gobierno trata de sacar adelante. El martes pasado, los distintos grupos parlamentarios presentaron sus enmiendas. De entrada, uno pensaría que esto debiera ser un tema bastante neutro. Pero en política no hay nada neutro y en España menos.

Echemos una ojeada a algunas enmiendas presentadas por partidos nacionalistas y en seguida entenderán lo que les digo. No las leeremos todas, solo tres o cuatro a manera de cata. Hare también una salvedad: junto a estas que vamos a ver, algunos grupos nacionalistas han presentado otras enmiendas más que estimables, como son las que tocan al tema de la accesibilidad.

Para no hacer esta entrada de blog demasiado larga, la voy a dividir en tres o cuatro partes. Y en esta primera entrega, dado que me he extendido en la presentación, solo veremos una. Una sola pero significativa.

Se trata de la enmienda nº5 de adición presentada por ese matrimonio de conveniencia que forma ERC con IU e IPC-V para poder tener grupo parlamentario propio. La enmienda dice lo siguiente:

Se añade un nuevo párrafo a la exposición de motivos con la siguiente redacción:

«El museo debe conservar, difundir, documentar, estudiar, coleccionar… pero por encima de todo está al servicio de la sociedad y de los ciudadanos.

Un museo estatal es un museo al servicio de todos los ciudadanos del estado y por tanto debe colaborar y cooperar con todos los museos de arte contemporáneo participados por cualquier administración pública en cualquier parte de su territorio con una voluntad clara de descentralización y federalismo en lo que respecta a los servicios culturales del estado.»

En su conjunto, esta enmienda es una muestra más que notable de lo que se llama falacia retórica. Es decir, trata de imponerse recurriendo a la manipulación lingüística antes que a las razones. Vamos a analizarla un poco.

La primera frase comienza enumerando las funciones propias de un museo. Sin embargo, acto seguido introduce ese «pero por encima de todo está el servicio de la sociedad y de los ciudadanos». La construcción de esta frase es una falacia retórica de las de libro. ¿Por qué? Porque con ese «pero» ahí situado trata de presentar a los fines propios de los museos como algo que podría ser contrario al bien común. Como si esos objetivos de conservar, coleccionar, etc., pudieran ser lesivos para la ciudadanía. Pretende crear una posible contraposición. Y una vez hecho eso, pasa al segundo párrafo.

Aquí se repite la jugada. Se parte de un supuesto aceptado –el de que un museo está al servicio de los ciudadanos-, pero solo para colar después un «por tanto…» que pretende inducir a la creencia de que el deber de un museo estatal es el de « colaborar y cooperar con todos los museos de arte contemporáneo participados por cualquier administración pública en cualquier parte de su territorio». ¿Las administraciones autonómicas por ejemplo?

Entendámonos. Por supuesto que los museos estatales deben de colaborar con los autonómicos y locales. Pero esa colaboración se centra en asesorías y apoyo técnico. No puede convertirse en una forma de financiar proyectos de museos autonómicos en detrimento, por merma de recursos, de los propios de ese museo estatal.

Pero sigamos, porque de ahí el texto, sin pausa, se acoge a eso de «con voluntad clara de descentralización y federalismo en lo que respecta a los servicios culturales del estado».

Acabáramos. Así que este encadenado de falacias retóricas –que no está nada mal estructurado- nos quería llevar a este huerto. A que los museos estatales deben emplear sus recursos materiales y humanos en beneficio de los autonómicos. Y, claro, a que las colecciones puedan –e incluso deban- ser descuartizadas como reses para ser repartidas entre las distintas CCAA. Todo en aras de «descentralizar y federalizar la cultura»… por supuesto.

Ocurre que los museos se dedican a reunir piezas en colecciones y no a lo contrario. Su misión es poner a disposición de la ciudadanía colecciones lo mejores y más amplias posibles. Por no hablar de que un museo bien concebido y ubicado puede convertirse en uno de los motores económicos de una población, dado que es fuente de atracción para visitantes. Así ha ocurrido con el Tyssenn o el propio Reina Sofía en Madrid, o con el Gugennheim en Bilbao.

Pretender dispersar las colecciones atenta contra los objetivos culturales y económicos de los museos. La defensa de una barbaridad así por parte de ciertas formaciones nacionalistas obedece en parte al mero interés. Al deseo de sacar tajada del despiece de un patrimonio de estado que sucesivos gobiernos han sido incapaces de proteger. Obedece también a esa aversión básica que sienten este tipo de ideologías contra todo aquello que pueda ser un elemento vertebrador y una seña de identidad del estado.

Algún día hablaré del poco respeto que las autoridades nacionales parecen tener por la unidad e integridad de las colecciones que forman nuestro patrimonio museístico. También de ese concepto delirante que es el de «museos dispersos». Un término acuñado para dar una patina de legalidad a que gran número de piezas de colecciones de distintos museos estén eso, dispersas por todo el territorio nacional. En lugares a veces peregrinos y en condiciones que no son las óptimas para una buena conservación.

Pero ahora, para acabar, me gustaría señalar un detalle que me ha llamado la atención. Uno que a mi juicio dice mucho.

En el segundo párrafo de la enmienda se lee que «un museo estatal es un museo al servicio de todos los ciudadanos del estado». Dice museo estatal, no museo a secas. ¿No sería más lógico decir que los museos están al servicio de los ciudadanos? Es como si «sus» museos no tuvieran que estar al servicio de todos. Asoma en esa redacción uno de esos fantasmas nacionalistas de los que hablaba al comienzo. Esa visión patrimonial y excluyente de los bienes y servicios que administran allá donde gobiernan.

Pero es mejor acabar esta primera entrega aquí. En la próxima o próximas ya nos detendremos en otras enmiendas que tienen tanta miga como esta.

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Cada cierto tiempo nos impacta alguna noticia sobre las exigencias de dinero, por parte de alguna Sociedad de Gestión de Derechos Colectivos (casi siempre la SGAE), a alguna entidad o particular, a cuenta de motivos a veces de veras estrafalarios. Reclamación de pagos por representar obras de teatro en colegios, por conciertos benéficos, por escuchar la radio en algún negocio modesto.

Esto se ha vuelto endémico. Y cada nueva noticia hace que muchos se lleven las manos a la cabeza. Aviva la cólera popular contra estas Sociedad de Gestión.

Bueno. Para algunos será guay el considerar a estas sociedades siempre los villanos de la película por defecto. Pero la gente sensata debiera reservarse de entrada ante estas noticias. Los que las dan –los medios de comunicación- son parte interesada por más de un motivo. El primero de todos es que hace mucho que gran parte de esos medios renunciaron a la información objetiva a favor del espectáculo. Informan desde el ángulo que más escándalo cause, tal vez porque se gana más audiencia con el circo que con la seriedad.

Y esos mismos medios tienen que pagar derechos a las sociedades de gestión. Así que si consiguen algún día no pagar, mayores serán sus ganancias, cosa que no deja de ser el fin último de toda gran empresa. Y una forma como otra cualquiera es la de soliviantar a la opinión pública. Nunca hay que olvidar que ciertos grupos mediáticos tienen deudas con las sociedades de gestión por valor de decenas de millones de euros.

Pero, hecha esta salvedad sobre la no-neutralidad de ciertos medios, convengamos en que de todas formas la base es cierta. Las sociedades de gestión piden a veces dinero por motivos que causan estupefacción, cuando no cólera.

Lo que aquí me gustaría es, a propósito de este problema, señalar un aspecto que me parece fundamental. Uno en el que no parece fijarse casi nadie, o tal vez algunos prefieren soslayarlo. Es algo que señalaba al comienzo de esta entrada. El que estos incidentes vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo. Esa es una clave. Porque, ¿Cómo es posible que nadie haya hecho nada para remediar esto en todos estos años?

Las leyes son artefactos, máquinas. Un suceso puntual solo indica que hay un desajuste en tal maquinaria. Se arregla y listos. Pero si se repite y repite sin que nadie haga nada, el fallo no es de la máquina sino de los mecánicos, que no hacen su trabajo. Y los mecánicos en este caso son los legisladores.

Todas estas cuestiones están reguladas por la Ley de la Propiedad Intelectual. Y parece haber bastante consenso en que la LPI está obsoleta. Los nuevos tiempos, las nuevas tecnologías han creado un marco totalmente nuevo. En él, la LPI ya no es una herramienta útil para defender los derechos de creadores e industrias culturales. Tampoco para regular las relaciones de estos con otras industrias y el público.

Cada vez se hace más necesaria la promulgación de una LPI totalmente nueva. Es preciso que para ello se tenga en cuenta a otros campos regulados por otras leyes, como es el caso de las TICs, la Propiedad Industrial y en general la llamada Sociedad de la Información. De hecho, lo óptimo sería el desarrollo de todo un marco legislativo integral que abarcase los campos citados y bastantes más, todos ellos intersectantes.

Algo así exigiría el concurso de juristas, especialistas y técnicos en muchas disciplinas. También un consenso amplio entre las fuerzas políticas y los distintos agentes implicados, hasta donde sea posible.

Eso lleva su tiempo. Mientras, para seguir con el simil de la máquina, lo lógico es que los mecánicos vayan trabajando en la que ahora tenemos, para que la ciudadanía no sufra los desajustes.

Sin necesidad de actuaciones grandilocuentes ni grandes planes, se pueden hacer retoques en la ley actual. Con cambios mínimos solucionar situaciones desquiciadas como las que vemos cada cierto tiempo en los telediarios.

La LPI, en su Título III, Cap. II, establece unos límites a ella misma. Es decir, enumera aquellos casos en los que no rige. Y lo hace de forma detallada. Así, queda sin vigor en supuestos tales como el derecho de cita, los actos oficiales, la parodia… hasta 42 supuestos distintos.

En vista de las aberraciones que se están produciendo, ¿costaría tanto ampliar el número de supuestos contemplados en los Límites? Eso sí que son ajustes muy simples que resolverían problemas concretos. Veamos algunos ejemplos.

Se podría contemplar la exclusión de pago para las representaciones de obras clásicas por parte de aficionados, no organizados en compañía estable, siempre y cuando los actores, director, etc., no recibiesen remuneración o compensación de ningún tipo.

Algo parecido podría hacerse con las bandas de música populares. En algunos puntos de España son de gran tradición y están sufriendo un gran castigo por este tema, al punto de que algunas de gran solera han tenido que disolverse.

Algo parecido habría que hacer en el tema de la música o la televisión en locales. Es una cuestión muy compleja esta, que requiere mucho estudio y ponderación. Pero a casi todos nos resulta meridiano que casos como los del peluquero al que quisieron cobrar por tener la radio puerta mientras cortaba el pelo a la parroquia son delirantes. Es difícil creer que ciertos comercios y negocios de barrio obtengan valor añadió de eso. Más bien es que el buen hombre se entretiene oyendo la radio.

En fin, no hace falta seguir. Son solo ejemplos. Pero está claro que se podría hacer y que algo así no exige grandes alborotos jurídicos. Ni siquiera es preciso modificar la ley. Se trata de la adición de algunos artículos más a los que ya están en el capítulo II del título III, con las debidas precauciones para no abrir resquicios a los pícaros de turno.

No parece tan difícil. Y sería de lo más útil. De entrada protegería tanto a manifestaciones de la cultura popular como a industriales modestos que se ven castigados de forma injusta por la Ley, tal y como está ahora. O al menos eso es lo que pensamos unos cuantos, claro.

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Nos anuncian el lanzamiento del PACE (Plan Nacional de Acción Cultural Exterior), propiciado por el ministerio de Asuntos Exteriores y el de Cultura, mediante el que pretenden ordenar la acción cultural de nuestro país en el exterior.

En sí, la idea de ordenar y organizar todo eso es aplaudible. La acción cultural exterior española es caótica. La llevan a cabo diversas instituciones y empresas públicas cuyas funciones se solapan. A veces también se ve obstruida por conflictos de jurisdicción entre estas entidades o aquellos dos ministerios.

El plan ve la luz sin el consenso entre los dos grandes partidos. Eso es la norma, no la excepción. Y parece que tampoco dentro del Gobierno el parto haya sido fácil. El documento es el fruto de casi año y medio de negociaciones entre Cultura y Exteriores.

Largo tiempo, porque el documento es breve y no entra en muchos detalles. Si se toman la molestia de leerlo, verán que se podría dividir en tres partes.

La primera es algo así como una exposición de motivos.

La segunda define unas estrategias y objetivos. Marca líneas maestras y poco se puede decir a eso. Optar por estrategias sectoriales y regionales es eso, tan solo una opción entre varias. Fijar objetivos tales como reforzar la marca «España», potenciar el turismo cultural, proyectar nuestra cultura en el exterior, etc., son metas más que razonables. Es difícil no estar de acuerdo.

Hasta aquí nada que objetar. Con estos documentos de corte general ocurre lo que con los contratos. Hasta que uno lee la letra pequeña no puede saber si son justos u onerosos. Habrá que ver qué medidas concretas se adoptan para alcanzar los citados objetivos.

El problema llega con la tercera parte: la Gobernanza. Para ordenar la acción cultural en el exterior, el documento establece la «Creación de un Consejo de Acción Cultural Exterior, que se reunirá una vez al año, presidido por las personas titulares de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y de Cultura y en el que estarán presentes al máximo nivel los responsables de todas las instituciones y administraciones que tienen competencia en política cultural exterior o la llevan a cabo».

Acabáramos, amigos. Para este viaje no necesitábamos tantas alforjas. Tantas vueltas y revueltas para crear otro órgano administrativo más. Uno con su secretaría, sus grupos de trabajo y un órgano consultivo en el que están presentes hasta las CCAA…

A juicio de más de uno, esto es justo lo peor que se podía hacer. Desde luego, la destartalada acción cultural española no se solucionará mientras subsista el caos de entidades y actuaciones. Y no va a ser un consejo el que ponga orden.

Les daré un ejemplo. Vamos a suponer que los hospitales, las bases de UVIs móviles, los ambulatorios, las farmacias, los centros de investigación, etc., funcionasen cada uno a su aire. Que se pisasen el terreno unas veces, que otras dejasen zonas y franjas horarias sin cubrir, que disputasen por competencias. ¿Se resolvería el desbarajuste creando un Consejo Sanitario para que los distintos representantes discutieran? ¿No sería mejor crear un órgano que los englobase y dirigiera, fijando una política común e integrada? Un Ministerio de Sanidad, por ejemplo.

Pues aquí igual. Debe haber un plan integral. Y debe haber una dirección política. Dirección que ha de ser única, con autoridad sobre todos los organismos involucrados en la acción cultural exterior. Solo así se pondrá fin a la descoordinación, los solapamientos, los vacíos, los conflictos.

Lo de Requiescat in PACE del título fue un chascarrillo al que no pude resistirme. O no tan broma. Este Consejo va a ser como una lápida de granito sobre nuestra acción cultural exterior. De entrada más burocracia y más gasto. Y si alguna paz va a poner va a poner será la de la tumba, porque lo único que puede hacer es aumentar la ineficacia de nuestro país en un terreno tan importante.

 

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Ejemplar en el sentido de ejemplo. Cartagena Puerto de Culturas sigue una de las líneas que las políticas culturales debían buscar en nuestro país, aunque por desgracia lo hagan en ocasiones contadas.

Verán. Para mí es un placer poder hablar para bien de una actuación cultural. No es plato de buen gusto sacar cifras y datos que no dejan en buen lugar al sentido común de las Administraciones Públicas. Pero es lo que hay. Muchas veces las cosas se hacen muy mal. Pero eso comento hoy con gusto una iniciativa útil, sostenible, que está aportando beneficios socioeconómicos a su comunidad.

Pero es mejor comenzar por el principio.

Cartagena, fundada por fenicios allá por el 227 a.C., ha sufrido a lo largo de sus más de dos milenios de vida no pocas convulsiones de muy distintos tipos. La última de ellas durante la década de los 90 del ya siglo pasado, el XX. La crisis económica que sacudió a toda España en esa época se cebó con saña en la zona. Las industrias tradicionales –como por ejemplo la construcción naval- que daban de comer a buena parte de la población se vinieron abajo sin que llegasen otras nuevas a sustituirlas. El resultado fue paro, depresión. Se puede decir que a finales del XX Cartagena era una ciudad en decadencia económica y social.

Una de las respuestas políticas a tal situación fue Cartagena Puerto de Culturas. Nació a partir de un estudio llamado Desarrollo del Producto Cultural de Cartagena, que proponía «un desarrollo sostenible del sector turístico en Cartagena que revierta en la mejora de los standares de calidad de vida y en la cohesión social de sus habitantes, mediante un proceso de valorización de los recursos patrimoniales culturales y turísticos, y de su óptima promoción y comercialización».

Sugería objetivos para lograrlo. El reconocimiento del valor patrimonial de la ciudad. La necesidad de mecanismos de protección, conservación y rehabilitación de ese patrimonio. Aprovechar este para potenciar la imagen turística de Cartagena, así como para dinamizarla en lo social, cultural y económico.

Comunidad Autónoma, Ayuntamiento, Confederación de Empresarios, Cámara de Comercio, Autoridad Portuaria y Universidad Politécnica firmaron en el 2000 un acuerdo para llevar a la práctica esas directrices. De ahí nació Cartagena Puerto de Culturas en el 2001, primero como consorcio y luego como sociedad privada de capital público.

Una década después, los logros son impresionantes. Han realizado actuaciones en el patrimonio histórico de todas las épocas urbanas. Apertura del Centro de Interpretación de la Muralla Púnica y del Decumano. Gestión del Augusteum. Gestión turística del Teatro Romano. Apertura del Museo de la Historia de Cartagena en el Castillo de la Concepción. Rehabilitación del fuerte de Navidad…

Es obvio el peso que está teniendo Cartagena Puerto de Culturas en la rehabilitación del patrimonio de la ciudad, así como en su recuperación para la ciudadanía. Y, lo que es igual de importante, ha ayudado así a sacar a la comunidad de la crisis que mencionábamos arriba, ya que ha generado un importante turismo cultural.

La inversión total en el proyecto ha sido de unos 15 millones de euros y la entidad, a día de hoy, se financia en un 70% con los ingresos que obtiene de sus actividades. Pero eso no implica que sea deficitaria. No hay que fijarse solo en la actividad dineraria. ¿No hay que contar con el impacto positivo sobre el tejido productivo de la ciudad? Actuaciones así siempre benefician a multitud de sectores, desde la hostelería al taxi.

¿Cómo cuantificar eso? Es difícil. No hemos desarrollado todavía indicadores que nos permitan evaluar a cuánto puede ascender el movimiento económico que se genera a la sombra de actuaciones así. No sabemos con exactitud cuántos empleos puede crear. Tampoco cuantos puede ayudar a sostener con los ingresos extra que atrae.

Es una pena no poder hacerlo. Los especialistas –economistas, estadísticos- podrían desarrollar indicadores para por lo menos hacer aproximaciones cuantitativas en estos casos.

Pero si es difícil de cuantificar, no lo es de calificar. Cartagena Puerto de Culturas es una actuación positiva. Caminos así son los que hay que seguir. Estas son las políticas culturales a aplicar. Conseguir que el patrimonio cultura –el material y el inmaterial- se convierta en fuente de riqueza y empleo.

En el caso de Cartagena lo están logrando. El patrimonio arqueológico es ahora un motor económico sostenible y no una carga financiera para la ciudad. ¿Qué duda cabe que así es mucho más fácil que los ciudadanos aprendan a amar y a respectar tal patrimonio? Pueden verlo como un tesoro vivo de la comunidad y no –como por desgracia ocurre en demasiadas ocasiones- como un lastre más que han de soportar a cosas de sus impuestos.

 

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Este lunes pasado, la parlamentaria Rosa Díez, de UPyD, presentó una PNL (proposición no de ley) para instar al Gobierno a que «realice las modificaciones legales precisas para que, en el plazo de tres meses, el IVA que se repercute a los libros electrónicos sea el mismo superreducido que se aplica a los libros en soporte físico» (sic).

Por cierto, para aquellos que no lo sepan, una PNL es una de las herramientas que tienen los partidos para pedir que se produzcan cambios legislativos en materias concretas. Y es la vía por la que se ha optado en este caso.

Los argumentos que expuse en la entrada El disparatado IVA de los libros electrónicos son casi idénticos a los que ofrece la PNL en su exposición de motivos. Eso no es casualidad. Al fin y al cabo, colaboro en el área de Cultura de UPyD.

Pero lo que quiero aquí resaltar es el gran valor que a mi juicio tiene esta PNL. Rompe con una inercia. Todos, gobierno y oposición, han estado asumiendo que este tema compete a la UE y que solo en el Parlamento Europeo puede arreglarse. No es cierto y así ha quedado sentado. Más allá de que el Gobierno de o no los pasos precisos (esperemos que sí) se ha abierto una puerta.

Esta iniciativa, pese a su importancia, no ha sido recogida por los medios. No es de extrañar. La medida absoluta para otorgar tiempo y espacio en medios a una noticia es la del espectáculo que esta pueda dar. A la prensa y la televisión le interesan las fragorosas disputas sobre el canon digital o la ley Sinde, no asuntos más discretos que sin embargo pueden llegar a tener más calado para la industria cultural.

Es curioso pero es así. Son los tiempos que nos han tocado vivir. Pero conviene no despistarse con el circo.  Hay que recordar que son los retoques, el ajuste fino las que hacen a la postre que una ley concreta sea útil o inútil, operativa o ineficaz, beneficiosa o dañina.

Esa era la primera reflexión. La segunda es que, comentando con algunas personas acerca de todo esto, he caído en la cuenta de que un número considerable de ciudadanos no tienen de verdad muy claro para qué sirve el Congreso. No, no lo tienen. Será asombroso pero es lo que hay. Y tiene sus explicaciones.

De entrada, no se ofrece una acertada educación a la ciudadanía sobre qué y cómo son nuestras instituciones y nuestra legislación. Pero a eso se ha sumado una distorsión propiciada de nuevo por los medios. Para muchos, el Congreso es un lugar casi siempre vacío al que acuden los jefazos de los partidos políticos a tirarse de los pelos y llamarse de todo. Es lo que ven en las televisiones, porque es casi lo único que estos se dignan trasmitirles.

Sin embargo el Congreso no tiene por primero misión que los cabezas de los partidos disputen sobre las acciones de gobierno. Una de sus grandes misiones es legislar. No solo promulgar las grandes leyes, sino también llevar a cabo esa misión perpetua de ajustar la maquinaria legal para una mayor eficacia y mejor servicio a los ciudadanos. O esa es la teoría.

Debemos recordar que el Congreso no es el Coliseo. Exigir a nuestros congresistas que legislen, que para eso están. La maquinaria legal es como la de un coche: o se mantiene a punto, limpia y ajustada, o empieza a echar humo y se descacharra. Y en eso la maquinaria cultural es en especial delicada.

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Cuentas cantan

Podríamos decir que el Teatro Real de Madrid es el último de toda una serie de edificios consagrados a las artes escénicas que se construyeron en el mismo terreno, en el centro de la ciudad. El primero se levantó en 1708 y, a partir de esa fecha, gracias a la piqueta o los incendios, se han sucediendo ahí los teatros.

En 1978, el Gobierno decidió dedicar el actual a la ópera, lo que motivó la última gran reforma a fondo del edificio. En la actualidad, está gestionado por la Fundación Teatro Lírico. Una entidad cuyo patronato está designado a medias por el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid.

La actividad económica de la fundación es notable. En el año 2006 ganó más de 65 millones de euros por diversas actividades entre las que se incluye la propia, que es la lírica. De ese dinero, más de 24 millones fueron en subvenciones públicas.

Como cualquier institución en la que participan administraciones públicas, es auditada de forma periódica por el Tribunal de Cuentas. Y lo cierto es que la última auditoría –la del ejercicio 2006- no es nada favorable para la entidad. El Tribunal de Cuentas detectó un número considerable de irregularidades que tienen que, entre otras con la contratación de personal, los métodos para obtener abonos y temas contables. No es poco.

De lo primero cabe decir que es un mal endémico en las instituciones participadas por lo público, cuando debían ser ejemplares. De lo segundo que supone una lesión a los derechos de la ciudadanía al acceso y a la accesibilidad a los servicios culturales que presta la entidad.

Las irregularidades contables detectadas van desde registros erróneos a imputar partidas de dinero a conceptos que no corresponde. Faltaba también documentación, por lo que no todas las cuentas se pudieron comprobar.

La fundación se comprometió a subsanar las deficiencias señaladas por la auditoría. Pero aquí no vamos a entrar en las cuentas en sí. Son temas de gestión cultural, cuando no económica o laboral. Pero cuando uno ve casos así no puede por menos que hacerse preguntas. Preguntas que ahora quiero compartir con ustedes.

A la hora de desarrollar una política cultural determinada, tan importante es la concepción como la ejecución. No basta con fijar objetivos. También hay que decidir qué fórmulas se van a usar para alcanzarlos. Y eso me lleva a la primera de las preguntas. ¿Se están aplicando en España las fórmulas correctas?

Parece que en muchos casos no. En el sector Cultura actúa una multitud de instituciones –desde fundaciones a empresas públicas- participadas por el Estado, las CCAA y los Ayuntamientos. Muchas reciben subvenciones suculentas. Y en sus patronatos o consejos se sientan representantes de las administraciones, con frecuencia «compensados» con dietas generosas.

En concreto, para seguir con el ejemplo de la Fundación Teatro Lírico, en el 2006 –año auditado que nos ocupa- los seis patronos natos eran el Ministro de Cultura, el Presidente de la Comunidad de Madrid, el subsecretario del Ministerio de Cultura, el titular del INAEM, el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid y el presidente de la Junta de Protectores. Aparte, existían vocales-patronos, nombrados unos por el Ministerio de Cultura y otros por la Comunidad de Madrid.

Pues no parece que la presencia de tanto notable sirviera para que las cosas se hicieran en la forma correcta. Y esto ocurre con multitud de entidades. Y si la presencia de tanto cargo nato y designado no sirve para que las cosas se hagan bien, ¿para qué sirve? Si las irregularidades no son casos aislados sino la norma, ¿no será que estas fórmulas no son acertadas?

En esto la inercia es terrible, como en tantos otros campos. ¿No sería posible mejorar los artefactos a través de los que trabajamos? Sin duda. Habría que recurrir a gestores culturales, juristas, expertos en gestión y administración de empresas, etc., para tales mejoras.

Pero, yendo más allá, ¿no podríamos emplear otros artefactos mejores? Sin duda. ¿Por qué no? Habría que estudiar qué soluciones exitosas se aplican en otros países. Con la ayuda de los expertos arriba mencionados, podríamos adaptarlo a nuestro propio estado. No que no tiene sentido es perpetuarse en la ineficacia y el error.

¿Por qué ni las Administraciones ni sus representantes en esas instituciones tengan responsabilidad alguna? No hablo ante los delitos. Pero si las cosas no se hacen como es debido, alguien tendría que asumir responsabilidades políticas. Y desde luego que alguien debería exigírselas.

Una última pregunta. ¿Por qué las Administraciones no supervisan el uso que se da a las subvenciones que entregan? Eso es dinero público. Ya hemos comentado que en este caso –que insisto que es solo un ejemplo de una situación general- el Ministerio de Cultura otorgó más de 24 millones. Pero otro tanto podemos decir del Ayuntamiento de Madrid, que dio a esta institución una subvención de 1,5 millones y esta la contabilizó en donaciones y legados, y no en subvenciones.

Las cuentas cantan. Y cantan que estas fórmulas no salen a cuenta. Debiéramos plantearnos nuestros esquemas, las soluciones que empleamos. Hay que romper con la inercia antes mentada, porque es una de las cuerdas que está estrangulando a la cultura en este país, que tan pródigo es en creadores y artistas por otra parte.

 

Addenda. Quien tenga curiosidad, puede consultar en la siguiente dirección el asunto de las cuentas de la Fundación Teatro Lírico, que por otra parte he usado en este artículo a título tan solo de botón de muestra: http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/23/pdfs/BOE-A-2011-5311.pdf

 

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Hará ya dos años, tuve la fortuna de poder conversar con un policía experto en delitos contra la propiedad industrial e intelectual. Un hombre de larga experiencia, con gran conocimiento sobre el tema. Sostenía que para combatir con éxito este tipo de delitos hay que apoyarse en tres puntos esenciales. Leyes más claras, represión adecuada y educación.

Claridad legal, porque en España no la hay. No la hay. Existen lagunas, confusión, indefiniciones que ayudan a escabullirse a los que cometen delitos contra la propiedad industrial o intelectual. Los piratas, para entendernos.

Represión adecuada que pasa por dotar a la policía de medios. Por castigar también a los compradores, por ejemplo con multas, cosa que ahora no se hace. Tal vez por crear juzgados especializados en este tipo de delitos, como los hay en otros.

Y educación. No es verdad que nuestro país sea uno de los que más piratea. Ocurre que aquí se ha viciado la opinión pública. En otros países de la UE se piratea más, pero pocos se jactan de algo que es ilegal. En España muchos se vanaglorian de ello. Con ese alarde tratan en el fondo de justificar algo que saben que está mal y se disfrazan de Robin Hood en pugna heroica contra malvadas industrias.

Y lo que quiero plantear aquí tiene mucho que ver con el ejercicio de pedagogía que se debe hacer en esta cuestión de la piratería.

Verán. Creo que es un error tratar de separar, a la hora de abordar estos delitos, al sector Cultura del resto. Error y de los graves. Ese acto preciso –presentar a la piratería contra lo cultural como algo aparte-, hace a la cultura mucho más vulnerable a ella.

Aunque el sector genera cientos de miles de empleos directos e indirectos, la parte visible del mismo es muy pequeño. Creadores, directivos de grandes empresas del sector, poco más. Muy poca gente. Algo que, unido a la segregación arriba apuntada, hace fácil a otros sectores interesados malquistar a la cultura con la opinión pública. Es fácil presentar el problema como un puñado de privilegiados voraces que no dejan de reclamar prebendas.

Es preciso que la ciudadanía tenga una perspectiva más amplia, que es por cierto más ajustada a la realidad.

La piratería afecta a muchos sectores productivos. Informática, ropa, calzado, perfumes, complementos…  Hay casos, como el de los medicamentos, en que se atenta además contra la salud. Es preciso que los ciudadanos sepan que se pierden cerca de medio millón de empleos al año en la UE por culpa de este tipo de delitos.

También que sirve para financiar tramas extremistas. Islamistas sobre todo. Hay sospechas fundadas de que en nuestro país actúan redes de este tipo. Por ejemplo, algunas integradas por islamistas paquistaníes a las que es casi imposible controlar, dadas las dificultades que tiene la policía para infiltrar agentes en las mismas.

Hay más. La piratería es parte de un problema mayor. El de los productos que, fabricados dentro o fuera de la UE, se comercializan en la misma sin homologación ni controles. En el peor de los casos suponen un riesgo para la salud. Y siempre son competencia desleal para fabricantes y comerciantes que siguen las normas, pagan impuestos y tienen en condiciones legales a sus trabajadores. La existencia de ese mercado pirata disminuye la calidad de los productos, merma las arcas públicas y atenta contra derechos laborales que han costado mucho tiempo y sangre conseguir. Casi nada.

Todo esto es preciso mostrárselo a los ciudadanos. Y hacerlo de la forma adecuada. Solo entonces, cuando vean la magnitud y las implicaciones de este problema, tomarán conciencia del mismo. Y tal vez entonces su actitud hacia la piratería cambie.

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