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Posts etiquetados ‘Canon digital’

Esto es como dice el título un detalle, un apunte jocoso. Menor también, pero que no puedo resistirme a consignar. Se lo oí a una persona que sabe mucho sobre la Propiedad Intelectual y aquí lo recojo tal cual.

El día 30 de diciembre, el Gobierno anunció la supresión del canon digital y su sustitución por un pago compensatorio a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. En efecto, el día 31 así quedó recogido en el BOE, dentro de un paquete de medidas en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público., en la Disposición Adicional Décima.

Y ahí está el detalle hilarante por la incongruencia. Se deroga la compensación por copia privada mediante el pago de un canon aplicable a los soportes. Se sustituye por una cantidad (de cuantía aún indeterminada) a pagar por el Estado. Y eso se promulgan en un decreto para ¡La corrección del déficit público!

Así que una medida que pasa el pago de los agentes privados involucrados a las arcas del Estado, con el consiguiente aumento del gasto, se recoge en un decreto que se enuncia como hecho para corregir el déficit. No me digan que no tiene su gracia. De acuerdo, sino negra, dada la situación que vivimos, al menos bastante tiznada, pero gracia.

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El pasado 30 de diciembre, el nuevo Gobierno del PP anunció la sustitución del llamado canon digital por otro método para compensar las pérdidas por copia privada a autores y empresas culturales. No fue ni siquiera la muerte de una crónica anunciada sino un entierro que tendría que haber tenido lugar hace meses. El canon estaba ya muerto. Un par de sentencias judiciales en su contra lo habían hecho inviable. Y en julio una iniciativa parlamentaria del PP que pedía su supresión salió adelante con los votos entre otros del propio PSOE.

Solo era pues cuestión de tiempo. Aunque el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero, como en otras tantas cuestiones, prefirió sacudirse el muerto y dejárselo al Gobierno entrante. Entre otras cosas porque la simple derogación no valía. Era preciso sustituirlo por otro método de compensación por copia privada, ya que esta obedece a una directiva europea en tal sentido. Directiva a la que cada país de la UE ha dado su propia solución.

El PP ha optado por instaurar un pago a autores y empresas a través de las sociedades de gestión de derechos colectivos. Pago que hará el propio Gobierno a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. La cifra –que algunas informaciones periodísticas sitúan entre los 40 y 60 millones de euros- se establecerá mediante decreto tras consultas entre las sociedades de gestión y la industria.

Así pues, de entre los métodos posibles, el Gobierno ha optado por lo que en años pasados venía pidiendo la industria fabricante, que exigía que la compensación corriese a cargo del Estado. Algo bastante peregrino, por cierto, ya que es la industria la que se lucra con la venta de soportes y parece lógico que sea ella la que pague la compensación.

Con esta decisión el Gobierno parece comprar paz a cargo de los presupuestos. El canon digital suscitó una controversia totalmente desproporcionada respecto a la suma que suponía, que era menos de 300 millones de euros. La industria fue muy hábil al presentar esa compensación como un recargo que se veía «obligada» a imponer a los usuarios para satisfacer las exigencias de las sociedades de gestión.

Es verdad además que ese gravamen era muy injusto, dado su carácter universal, se usasen o no los soportes para copias privadas. Y el cambio por cualquier otro método pero a cargo de la industria, como parece de justicia, habría seguido atizando esa polémica. De esta forma, paga el Estado y el Gobierno se ahorra campañas en contra que han salpicado a ejecutivos anteriores.

Pero claro, estamos hablando de dinero público y ya hay entonces cosas que aquí no cuadran. Mal que el Estado, y más en la situación en la que estamos, pague lo que debieran pagar unas sociedades mercantiles. Pero además, no se entiende eso de que la cantidad se fijará tras conversaciones entre las partes implicada.

Si el Estado va a pagar, lo lógico es establecer de una vez cuánto habría que pagar. Hacer una estimación fiable de qué pérdidas se ocasiona al sector con la copia privada. Nunca se ha hecho una evaluación de verdad objetiva y que sirva de indicador de qué cifra estamos hablando. Y mientras no se haga, no sabremos si se está pagando de menos o de más. Y al ser dinero público, las cuentas, en todos los sentidos, debieran estar muy claras.

Además, ante estos cambios surgen una serie de interrogantes.

Por ejemplo, qué va a pasar con ese «recargo» que se destinaba al pago del canon digital. Ahora que se ha derogado el canon, ¿bajará el precio de los soportes? ¿O procurará la industria embolsarse esas cantidades que según ellos el usuario se veía «obligado» a pagar en el precio final? Puede que por soporte individual sean cifras muy pequeñas, pero todos juntos arrojan un buen montón de millones.

Y eso provoca una segunda pregunta. Si la industria se embolsa ese dinero, si no desaparecen esas sumas de un canon digital que ya no existe, ¿qué harán ciertas organizaciones y ciertos gurús de red? ¿Seguirán su cruzada on-line contra un recargo por soporte que seguirá existiendo pese a haber desaparecido la ley que lo justificaba? ¿O se harán los locos y se irán en busca de otras causas mediáticas que les den tanta resonancia y notoriedad como les dio esta en su momento?

Ya sarcasmos aparte, cabe preguntarse por el mismo futuro de la compensación por copia privada. La tecnología avanza a una velocidad endiablada y se están planteando nuevos escenarios que pueden dejar toda esta cuestión obsoleta. Aquí tenemos ya los almacenamientos remotos que permiten a los usuarios albergar archivos de todo tipo. Luego solo necesitan sincronizar sus distintos dispositivos para tener acceso desde el PC, el portátil, la tableta, el móvil, etc., a esos archivos. No parece que eso quepa ya dentro de lo que se entiende por copia privada. ¿Y qué sucederá si en un futuro es posible compartirlos con cientos de usuarios a la vez, sin necesidad de descarga?

Es solo un apunte, un ejemplo. Todo está cambiando a velocidad de vértigo. Lo que ahora es novedad, mañana está obsoleto. Lo que hoy parece que será el futuro, pasado mañana es vía muerta. Nadie sabe de verdad qué va a pasar. Convendría por tanto que los legisladores estuvieran atentos a las señales. Como bien se indica en ese excelente libro llamado El cisne negro, no podemos prever los sucesos extraordinarios. Pero sí podemos estar preparados por si acaso suceden.

Y así es. Debemos estar preparados para lo que trae el futuro. Hay que saber qué haremos en caso de que las condiciones sean unas u otras. Las leyes están para crear un marco justo en el que las reglas de juego estén claras y sean iguales para todos. Cada vez que la legislación no se adapta con la rapidez bastante a las nuevas situaciones, la falta de regularización hace que siempre alguien –los más débiles en cada caso- se vean perjudicados por aquellos a los que los cambios les ponen la sartén por el mango.

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El martes pasado se discutió en el Parlamento una PNL (proposición no de ley) del PP a propósito del canon digital. Se pedía en ella la derogación del canon digital y su sustitución por «fórmulas menos arbitrarias e indiscriminadas». La PNL en sí misma parece bastante vacía de contenido real. El canon digital es un cadáver desde el momento en que una sentencia judicial asentó su ilegalidad. Otra cosa es que este Gobierno haya mantenido a ese cadáver insepulto más tiempo de lo razonable. Insepulto y recaudando de manera ilícita, contra las indicaciones de los tribunales.

Pareciera que esta PNL obedeciera más a la intención de dejar sin bazas al Gobierno, que estaba preparando algo en tal sentido. También a acosarle también por este flanco, aprovechando su situación de debilidad general y también particular en Cultura, debido al caso SGAE. Pero no vamos a hablar aquí de nada de eso.

Sí de que la presentación de la PNL fue buena excusa para que los distintos grupos parlamentarios debatiesen sobre el tema. Además, en concreto, UPyD presentó a través de su diputada Rosa Díez dos enmiendas de calado. Sobre la primera de ellas trata esta entrada. Una enmienda que proponía lo siguiente:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo dé tres meses una nueva redacción al artículo 25 del Real Decreto-Legislativo 1/1996 recogido por la Ley23/2006 de Propiedad Intelectual, en el que sin gravar indiscriminadamente a los usuarios y contemplando todos los preceptos que la elaboración de una norma de tal rango exige, se plasmen estudios económicos objetivos y se estudien las posibles alternativas que podrían surgir de una aplicación muy reducida de los tipos impositivos con los que actualmente se grava la percepción de estos derechos por copia privada en sustitución de una tasa de difícil cuantificación. Así como a la devolución de las cantidades retenidas en concepto de aplicación del canon digital desde la fecha de la Sentencia03576/2008, de 22 de marzo de 2011, dela Sala de lo Contencioso dela Audiencia Nacional».

Digo que es de calado. Un calado que puede quizá pasar desapercibido a muchos en una primera lectura. Sin embargo, fíjense que lo que se propone es compensar la copia privada por un método diametralmente opuesto al del canon digital.

El método del canon digital se basa en la recaudación. En gravar a todos los soportes electrónicos susceptibles de servir para copia privada, desde los CDs a los discos duros. Es una tasa injusta desde el momento en que grava por igual al material comprado por particulares, empresas y administraciones públicas. De ahí la demanda de la empresa Padawan que acabó en la práctica ilegalizando al canon digital.

Pero supongamos que se eximiese del pago del canon a empresas y administraciones públicas. Seguiría siendo injusto. Al imponer una tasa a todo lo adquirido por los particulares se viola la presunción de inocencia de los mismos. Se presupone que van a emplear ese material para realizar copias privadas, cosa que no tiene por qué ser así.

La enmienda de UPyD le da la vuelta a la tortilla. ¿Por qué? Porque propone compensar a creadores y a empresas culturales con una fiscalidad reducida que se aplicaría a los ingresos percibidos por la creación.

Esa fiscalidad podría aplicarse por tramos. ¿Por qué? Para que el beneficio sea acorde a lo declarado en concepto de ingresos por explotación de derechos de autor. A falta de estudios sobre el tema, lo más justo parece considerar que podría haber una correlación entre la copia privada y la obra en circulación. Desde luego, el método sería de lejos mucho más justo que los repartos arbitrarios que realizan algunas sociedades de gestión.

Fiscalidad frente a recaudación, que ha sido el método tradicional.

Con este método, la Hacienda Pública dispondría además de más información, lo que sería muy útil para comenzar a hacer estudios sobre el tema. Y vendría a corregir una situación atípica señalada por muchos entendidos. El canon digital es a todos los efectos una tasa. Y al entender de muchos no es razonable que un impuesto sea recaudado y gestionado por particular. Porque particulares son las sociedades de gestión de derechos colectivos.

Y una última ventaja. Con el método de la fiscalidad reducida todo el beneficio –poco o mucho- revertiría íntegro en los creadores. Con canon digital, parte de lo recaudado se pierde al estar interpuestas las sociedades de gestión. Es lógico, puesto que la gestión siempre acarrea gastos de personal, instalaciones, etc. Pero con el método de la fiscalidad eso ya no sería necesario.

En fin. Que aunque nada es perfecto en esta vida, parece que compensar la copia privada a través de la fiscalidad es mucho más justo que hacerlo a través de la recaudación indiscriminada. De verdad que me gustaría ver cómo este Gobierno o el que le suceda opta por esa primera vía u otra similar. Si sustituyen el canon por otra fórmula recaudatoria tendremos más repartos discutibles y sobre todo más crispación social. Una crispación que no es nada positiva. Y a quien desde luego menos beneficia es al conjunto de los creadores.

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Veo y oigo cada afirmación que me hace llevarme las manos a la cabeza. Entiendo los deslices, los errores de la gente de la calle. Pero es intolerable que líderes políticos sigan diciendo ante las cámaras que el llamado canon digital sirve para compensar a los autores por las pérdidas por piratería. Eso cuando no entra en juego la mendacidad más negra, como este mediodía en una tertulia de TeleMadrid, en la que una todóloga afirmaba que ella no cobraba derechos colectivos de sus libros porque se había negado a entrar en la SGAE. Eso es ganas de echar veneno inflamable al fuego: nunca habría podido entrar en la SGAE porque en esa entidad no nos aceptan a los escritores. Para eso está CEDRO.

Así que, un poco harto de tanto desatino, aquí les dejo una guía rápida o guiaburros para que si tiene alguien que naufragar en esta cuestión lo haga por su propia mala fe o contumacia, y no porque no tenga información a su disposición. Vamos allá en lista ampliable.

¿Qué son las entidades de gestión colectiva? Recurriendo a la página del Ministerio de Cultura, se pueden definir como «organizaciones privadas de base asociativa y naturaleza no lucrativa que se dedican en nombre propio o ajena a la gestión de derechos de propiedad intelectual de carácter patrimonial por cuenta de sus legítimos titulares.

¿Qué son los derechos de gestión colectiva? Todos aquellos que por su naturaleza son imposibles de desglosar de manera real. Por ejemplo, la música que se pone en garitos: es imposible cuantificar qué canciones y de qué autores se han puesto en cada local. Por eso se gestionan de forma colectiva y luego se realiza el reparto mediante distintos baremos. Al menos era imposible de cuantificar hasta ahora. Cada vez son más las voces que indican que gracias a los avances tecnológicos ahora es posible saber qué canciones se emiten. Por tanto, sería posible convertir esos derechos en individuales.

¿Cuáles son las sociedades de gestión y qué ámbitos abarcan? Buena pregunta, porque muchos –incluyendo a tertulianos que debieran informarse mínimamente- parece creer que la SGAE gestiona en exclusiva los derechos colectivos. Nada más lejos de la realidad. Aunque estamos ante un sistema de oligopolio, criticado en un informe bastante reciente de la Comisión Nacional de la Competencia, lo cierto es que existen 8 sociedades de gestión colectiva aprobadas por el Ministerio de Cultura. A saber:

  1. AGEDI. Para productores de fonogramas.
  2. AIE. Artistas, intérpretes y ejecutantes musicales.
  3. AISGE. Artistas, intérpretes y ejecutantes actores.
  4. CEDRO. Autores, traductores y editores literarios.
  5. DAMA. Directores, realizadores y guionistas de producciones audiovisuales.
  6. EGEDA. Productores audiovisuales.
  7. SGAE. Agrupa a editores y autores de obras musicales, audivisuales, literarias, dramáticas y coreográficas, aunque en la práctica no se encuentra a escritores ahí.
  8. VEGAP. Autores de obras plásticas.

¿Puede crear cualquiera una entidad de gestión colectiva? Técnicamente sí. Hay que reunir los requisitos y luego conseguir la aprobación del Ministerio de Cultura. En la práctica, el Ministerio no da la aprobación a nadie. Ya fue una lucha muy dura el conseguir por parte de distintos colectivos de creadores formar entidades al margen de la otrora omnipresente y monopolística SGAE. Ahora se ha establecido un oligopolio en la práctica. Una sociedad de gestión por colectivo de creadores. Esa es otra circunstancia resaltada por el informe de la Comisión Nacional de la Competencia.

¿Quién es competente para auditar a las entidades de gestión? El Ministerio de Cultura. Así lo establece el artículo 157 de la Ley de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, los últimos Gobiernos han tratado de escudarse en sentencias del Tribunal Constitucional para aducir que han de ser los que auditen las CCAA. Sin embargo, la gestión de la propiedad colectiva es unitaria y las entidades cubren todo el territorio nacional. Por eso el único competente es el Estado Central. Como el Ministerio no tiene capacidad de auditar, recaería tal auditoría en el Tribunal de Cuentas.

¿Qué es el canon digital? El llamado canon digital es en realidad la compensación por copia privada. Es decir, pretende compensar las pérdidas ocasionadas a los autores por copias privadas de carácter legítimo (un respaldo, una copia para el coche, para un amigo, etc.). Se implantó siguiendo directivas europeas y en ningún caso compensa por pérdidas por piratería.

¿Por qué es tan cuestionado el canon digital? Dejando de lado la oposición ejercida por demagogos e ignorantes, el canon digital en España ha sido cuestionado porque grava a la totalidad de los soportes susceptibles de copiar. Es decir: la estimación incluye no solo la parte estimable de copia privada, sino la de copia propia, los soportes destinados a administraciones públicas, a autónomos y empresas, etc. De ahí que salga un cálculo a pagar muy elevado que ha despertado oposiciones enconadas.

Parece de todas formas que el canon digital vive sus últimos días tal como lo conocemos. Recientes sentencias europeas han declarado abusivo el cobro indiscriminado del mismo a empresas y eso ha abierto la puerta a su derogación tal como lo conocemos. Los jueces ya han hablado, solo falta que este o el siguiente Gobierno de el paso de acatar –debiera haberlo hecho sin dilación- y anular al menos las partes abusivas.

¿Cómo hemos llegado a esta situación, con intervención de la policía, la fiscalía Anticorrupción y la salida a la luz de una supuesta trama que habría hecho desaparecer cientos de millones? Por omisión del Ministerio de Cultura de su deber de supervisión. Así de fácil. Se han escudado de forma torticera en una sentencia -que no vale para las entidades de gestión colectiva- para eludir auditar a ninguna entidad de gestión colectiva en la última década. De lo ocurrido, el principal responsable es el Ministerio y por tanto el Gobierno (conocer más).

¿Son culpables los detenidos? Eso debemos dejárselo a los jueces.

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