El pasado 30 de diciembre, el nuevo Gobierno del PP anunció la sustitución del llamado canon digital por otro método para compensar las pérdidas por copia privada a autores y empresas culturales. No fue ni siquiera la muerte de una crónica anunciada sino un entierro que tendría que haber tenido lugar hace meses. El canon estaba ya muerto. Un par de sentencias judiciales en su contra lo habían hecho inviable. Y en julio una iniciativa parlamentaria del PP que pedía su supresión salió adelante con los votos entre otros del propio PSOE.
Solo era pues cuestión de tiempo. Aunque el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero, como en otras tantas cuestiones, prefirió sacudirse el muerto y dejárselo al Gobierno entrante. Entre otras cosas porque la simple derogación no valía. Era preciso sustituirlo por otro método de compensación por copia privada, ya que esta obedece a una directiva europea en tal sentido. Directiva a la que cada país de la UE ha dado su propia solución.
El PP ha optado por instaurar un pago a autores y empresas a través de las sociedades de gestión de derechos colectivos. Pago que hará el propio Gobierno a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. La cifra –que algunas informaciones periodísticas sitúan entre los 40 y 60 millones de euros- se establecerá mediante decreto tras consultas entre las sociedades de gestión y la industria.
Así pues, de entre los métodos posibles, el Gobierno ha optado por lo que en años pasados venía pidiendo la industria fabricante, que exigía que la compensación corriese a cargo del Estado. Algo bastante peregrino, por cierto, ya que es la industria la que se lucra con la venta de soportes y parece lógico que sea ella la que pague la compensación.
Con esta decisión el Gobierno parece comprar paz a cargo de los presupuestos. El canon digital suscitó una controversia totalmente desproporcionada respecto a la suma que suponía, que era menos de 300 millones de euros. La industria fue muy hábil al presentar esa compensación como un recargo que se veía «obligada» a imponer a los usuarios para satisfacer las exigencias de las sociedades de gestión.
Es verdad además que ese gravamen era muy injusto, dado su carácter universal, se usasen o no los soportes para copias privadas. Y el cambio por cualquier otro método pero a cargo de la industria, como parece de justicia, habría seguido atizando esa polémica. De esta forma, paga el Estado y el Gobierno se ahorra campañas en contra que han salpicado a ejecutivos anteriores.
Pero claro, estamos hablando de dinero público y ya hay entonces cosas que aquí no cuadran. Mal que el Estado, y más en la situación en la que estamos, pague lo que debieran pagar unas sociedades mercantiles. Pero además, no se entiende eso de que la cantidad se fijará tras conversaciones entre las partes implicada.
Si el Estado va a pagar, lo lógico es establecer de una vez cuánto habría que pagar. Hacer una estimación fiable de qué pérdidas se ocasiona al sector con la copia privada. Nunca se ha hecho una evaluación de verdad objetiva y que sirva de indicador de qué cifra estamos hablando. Y mientras no se haga, no sabremos si se está pagando de menos o de más. Y al ser dinero público, las cuentas, en todos los sentidos, debieran estar muy claras.
Además, ante estos cambios surgen una serie de interrogantes.
Por ejemplo, qué va a pasar con ese «recargo» que se destinaba al pago del canon digital. Ahora que se ha derogado el canon, ¿bajará el precio de los soportes? ¿O procurará la industria embolsarse esas cantidades que según ellos el usuario se veía «obligado» a pagar en el precio final? Puede que por soporte individual sean cifras muy pequeñas, pero todos juntos arrojan un buen montón de millones.
Y eso provoca una segunda pregunta. Si la industria se embolsa ese dinero, si no desaparecen esas sumas de un canon digital que ya no existe, ¿qué harán ciertas organizaciones y ciertos gurús de red? ¿Seguirán su cruzada on-line contra un recargo por soporte que seguirá existiendo pese a haber desaparecido la ley que lo justificaba? ¿O se harán los locos y se irán en busca de otras causas mediáticas que les den tanta resonancia y notoriedad como les dio esta en su momento?
Ya sarcasmos aparte, cabe preguntarse por el mismo futuro de la compensación por copia privada. La tecnología avanza a una velocidad endiablada y se están planteando nuevos escenarios que pueden dejar toda esta cuestión obsoleta. Aquí tenemos ya los almacenamientos remotos que permiten a los usuarios albergar archivos de todo tipo. Luego solo necesitan sincronizar sus distintos dispositivos para tener acceso desde el PC, el portátil, la tableta, el móvil, etc., a esos archivos. No parece que eso quepa ya dentro de lo que se entiende por copia privada. ¿Y qué sucederá si en un futuro es posible compartirlos con cientos de usuarios a la vez, sin necesidad de descarga?
Es solo un apunte, un ejemplo. Todo está cambiando a velocidad de vértigo. Lo que ahora es novedad, mañana está obsoleto. Lo que hoy parece que será el futuro, pasado mañana es vía muerta. Nadie sabe de verdad qué va a pasar. Convendría por tanto que los legisladores estuvieran atentos a las señales. Como bien se indica en ese excelente libro llamado El cisne negro, no podemos prever los sucesos extraordinarios. Pero sí podemos estar preparados por si acaso suceden.
Y así es. Debemos estar preparados para lo que trae el futuro. Hay que saber qué haremos en caso de que las condiciones sean unas u otras. Las leyes están para crear un marco justo en el que las reglas de juego estén claras y sean iguales para todos. Cada vez que la legislación no se adapta con la rapidez bastante a las nuevas situaciones, la falta de regularización hace que siempre alguien –los más débiles en cada caso- se vean perjudicados por aquellos a los que los cambios les ponen la sartén por el mango.
Read Full Post »
