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Posts Tagged ‘Políticas Culturales’

Nueva entrega, correspondiente a la semana que va del 22 al 27 de abril de 2012.

Pinche sobre la imagen para acceder:

 

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La Nube es maravillosa, llena de aplicaciones y utilidades que nos dan acceso toda clase de acciones y experimentos. Por eso me he permitido armar esta «De políticas culturales» con la que, a manera de revista online, voy a tratar de ofrecer un vistazo periódico a artículos on line sobre políticas culturales. Hay en Red, o en Nube, iniciativas muy interesantes, artículos muy sustanciosos, y también documentación a la que dar difusión. Y gracias a una utilidad: scoop, vamos a intentar justo eso, que tenga un poco más de difusión, porque es valioso.

Así que aquí va el nº0. Solo hay que pinchar en el enlace y se accede. Y ya saben: si conocen algún documento o blog que consideren valioso en este tema, no duden en comentármelo para incluir sus entradas. Basta con comentarlo en comentarios (valga la redundancia), escribirme por el formulario de contacto o contactar a través de twitter o facebook. Ahora, si así lo desean, pinchen y disfruten de este número 0, marcado, cómo no, por los recortes en presupuesto de Cultura.
http://www.scoop.it/t/de-politicas-culturales

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El pasado 30 de marzo, los grupos municipales del PSOE e IU votaron a favor de que en el ayuntamiento de Parla se imponga una tasa de 3 euros a todos aquellos vecinos que quieran acceder a las bibliotecas públicas del municipio. Ver noticia.

Es una medida que solo se puede calificar de aberrante. Es más hija de la confusión mental, de no tener conceptos claros, que de la crisis. Por eso el otro día comentaba, en la entrada llamada Pirámides de necesidad cultural, que la Cultura no es un algo superfluo. Que el acceso universal a la cultura es un servicio básico para la ciudadanía. Esto demuestra cómo ven la Cultura muchos cargos públicos.

Universal no significa gratuito. Cierto. Pero es que las bibliotecas públicas ya las pagamos entre todos. Nos cuestan nuestro buen dinero, el de las arcas públicas que todos rellenamos con nuestros impuestos. Y se debe hacer este gasto porque las bibliotecas han sido y son un elemento corrector de primer orden, permiten el acceso a áreas de la cultura a muchos individuos y colectivos que de otra forma tendrían serías dificultades para ese acceso.

Obligar a un pago es justamente torpedear una de las principales razones de ser de las bibliotecas públicas. Aunque no es de extrañar una medida así de una clase política que, llevada del «buenrollismo» ha procurado convertir a las bibliotecas en una suerte de ludotecas para adultos inmaduros, en donde se puede hacer de todo y en nada relacionado con los libros y las lecturas, incluido parlotear con los amiguetes por red o descargar de forma ilegítima material protegido por las leyes de la propiedad intelectual.

Si obligamos a un pago de una tasa en las bibliotecas públicas, obstaculizamos el acceso a las mismas de unos segmentos de población que son una de las principales razones de ser de tales instituciones. Pero hay algo más.

Si con el cuento de la crisis estos señores cobran entrada a las bibliotecas, las están convirtiendo en un servicio de pago directo. En un negocio, vamos. Y si esto se va a convertir en un negocio, creo que los escritores tenemos algo que decir, lo mismo que los editores. Tendremos que negociar, ¿no? ¿O van unos avispados a comprar un solo ejemplar de nuestros libros y los van a alquilar n número de veces lucrándose por ello? Porque al final es eso. Y si hay lucro, entonces tendrán de darnos nuestra parte, porque nos corresponde.

Siempre hubo gran resistencia al pago de canon por bibliotecas públicas en España. Eso obedece a que la directiva europea que obliga a ello responde a una realidad norteuropea, ajena a la nuestra. Aquí ha habido bibliotecas públicas y, sí, hay instituciones de pago, como las universidades privadas, que entre otros servicios, ofrecen una biblioteca.

Pero con esta tasa, entramos de lleno en el negocio de alquiler de libro, o alquiler de tiempo de lectura. Ni más ni menos que un videoclub, vamos. Libroclubs, no bibliotecas. En lo que a mí respecta, si la ley lo permitiera, renunciaría al dinero que me corresponde del canon que se percibe (o debiera percibir) por préstamo en bibliotecas. Lo haría con gusto, porque creo –lo repito una vez más- que las bibliotecas son una piedra angular en el acceso universal de los ciudadanos a la cultura. Además, como novelista, salgo ganando porque la gente difunde mi obra. Entiendo que en el caso de otros autores –como los que escriben tratados técnicos voluminosos, que se compran pocos cientos pero se consultan decenas de miles de veces- eso no es así y está más que justificado el pago del canon.

Pero esto no es nada de eso. Esto es pervertir la institución de las bibliotecas públicas. Es también lucrarse por la cara y con el cuento, a costa del trabajo ajeno. El trabajo de gente como yo. Y eso sí que no. Yo no tecleo para que políticos manirrotos traten de cubrir luego agujeros a costa de autores, editores y del común de los ciudadanos.

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El proceso para la votación en el Congreso de los EEUU de la ley SOPA se ha paralizado. El enfrentamiento, el enconamiento era tal que se ha acordado buscar posturas de consenso, lo que no deja de ser una salida de lo más loable.

Hay mucha información en la Red sobre la SOPA. Hay artículos de fondo que analizan la ley y artículos de opinión acerca de su oportunidad y de las posibles consecuencias que puede traer su aprobación. Así que tampoco voy a entrar en detalles.

Dicho por encima, la SOPA (Stop on Piracy Act) pretende acabar con la trama de sitios que hacen la piratería posible. Sitios que sacan de esa piratería beneficio directo o derivado (gracias a la publicidad). Hasta ahí todo bien.

El problema es que, tal como está planteada la ley, pone en trance de sanción a cualquier sitio que tenga un enlace a sitio de descarga ilegal, colocado por algún usuario en por ejemplo foros. Con esa norma en la mano, cualquier web que tenga comunidad, espacio para la participación de usuarios, se expone a ser sancionada. Y esa ley da además la posibilidad de bloquear el acceso a aquellos sitios albergados en el extranjero que vulneren los derechos de la propiedad intelectual.

Esto es la SOPA muy a vista de pájaro. Vamos, que más bien debía llamarse PURE (Privacity Under Rough End).

Contra esa ley se han posicionado parte de los congresistas estadounidenses. Pero no caigamos en análisis ingenuos. Cada grupo representa a un lobby: el de las multinacionales de lo audiovisual por un lado y el de las grandes corporaciones de Internet por el otro. Eso sin perjuicio de que los haya que estén defendiendo lo que creen correcto. Pero esto es un choque de gigantes industriales cuyas consecuencias van a alcanzar a peces más chicos y a los simples particulares.

Pero yo a este respecto quería plantear un tema concreto. Uno que no he visto reflejado en artículos, lo que no quiere decir que nadie lo haya contemplado. Tal tema es el siguiente: todavía peor que los sitios que puedan cerrarse, es el caso de aquellos sitios que quedarán en situación de ser cerrados en cualquier momento. No es un trabalenguas y voy a procurar explicarme.

Una forma muy efectiva de tener «agarrados» a los ciudadanos y a las organizaciones es colocarlas en una situación tal que les sea imposible cumplir la ley. Eso es lo que hacen por cierto algunos ayuntamientos al demorar la concesión de licencias a locales. Les obligan a funcionar en precario. Algo que se logra también mediante una profusión excesiva de leyes.

Y también promulgando una que sea casi imposible de no vulnerar. En esa situación, los que pueden ser castigados –o sea, casi todos- se vuelven de lo más dóciles y cooperativos. Porque si se tornan díscolos, se les aplica esa ley. Y aunque eso es terrible siempre, en este caso puede serlo más porque estamos hablando de las grandes corporaciones de Internet. De Facebook a Amazon, pasando por Twitter o Wikipedia. Organizaciones que mueven a muchos millones de usuarios y cantidades ingentes de información. Si se saben en situación de ser castigadas por haber vulnerado –aún de forma involuntaria- una ley, es de suponer que muchas procurarán ser de lo más cooperativas con aquel que puede aplicarles dicha ley.

No creo que haga falta que diga más. Sobre las posibles implicaciones, cada cual que reflexione y saque las consecuencias que quiera. Por eso hacía yo arriba la bromita de que en vez de SOPA iba a ser PURE. Sé que el chascarrillo no es muy refinado desde el punto del idioma, pero entre mis prendas –muchas o pocas- no está el de un gran don de lenguas. Pero sí el tener la lengua que tengo algo afilada. Y con el sarcasmo expreso lo que considero que puede ser verdad si eso no se arregla. Que pueden pasar la privacidad por un rodillo, no a palos, sino con la amenaza del palo, que es siempre mil veces más efectivo.

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Hace ahora un año –el 26 de marzo del 2010-, la Agencia Tributaria emitió una respuesta vinculante a una consulta sobre el IVA aplicable a los ebooks. En ella indicaba que el IVA sería del 16% (ahora 18%) en los casos en que los libros se suministrasen mediante descarga.

Tal respuesta produjo un gran trastorno en el sector editorial. Muchas empresas tenían en marcha proyectos de producción y comercialización de ebooks, y se vieron obligadas a recalcularlo todo sobre la marcha.

La AGT sustanciaba su respuesta sobre todo en la directiva 2009/47/CE y parece que la gran mayoría de los legisladores españoles han aceptado esa óptica sin rechistar, ya que sus iniciativas se han encaminado a pedir al Gobierno que propicie un cambio en esa directiva. Sin embargo, existe otra óptica sobre el asunto que aquí quiero compartir.

De entrada, las directivas europeas no son obligatorias. Si la legislación propia de un país miembro contiene preceptos parecidos que pueden ser armonizados, no hay ninguna razón para trasponer la directiva, total o parcialmente. De hecho, esa directiva no se ha traspuesto en España. Resulta por tanto pintoresco que la AGT se acoja a ella.

Otro punto negro es que la AGT recurra a la definición de libro de la RAE y no a la de la ley 10/2007 de la lectura, del libro y de las bibliotecas. Desde un punto de vista jurídico, la única definición válida de libro es la que da esta ley. Y en ella se le define como producto y no como servicio.

Entiende la AGT que la venta del libro es la prestación de un servicio. Pero, según la definición que la ley del IVA, eso es imposible. El libro tiene como característica esencial que no puede ser modificado sin permiso. Así lo establece la Ley de la Propiedad Intelectual. Es imposible que un producto intelectual terminado se convierta en un servicio susceptible de modificarse a petición del comprador.

Habla de «venta de servicios». Pero los servicios no se venden sino que se prestan por un tiempo determinado. Su no permanencia temporal, su no propiedad por parte del usuario es lo que les diferencia de los productos. Los productos sí que son propiedad permanente: se disfrutan de nuevo sin necesidad de otro pago y su propiedad se puede trasmitir.

La AGT mezcla dos conceptos distintos. Atribuye más importancia al envase que al contenido. La ley del libro establece que el libro es producto y no servicio, y que puede estar en cualquier soporte. Eso es así porque el soporte lo único que hace es permitir la lectura. Y la lectura es la forma del disfrute del bien adquirido. Sin ello, no tendría sentido la compra.

Con su respuesta, la AGT contradijo otras previas, emitidas por ella misma sobre el mismo asunto. Y ha causado una serie de daños notables:

Daño a todos los españoles, que son los destinatarios últimos de las políticas culturales. Su derecho al acceso a la cultura y a la información se resiente por culpa de este tipo abusivo de IVA.

Daño al desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

Daño a las empresas editoriales e informáticas. También a los creadores.

No es un tema baladí. Puede llevar a escenarios poco halagüeños. Por ejemplo a que las editoriales españolas tengan que competir en desventaja con otras radicadas en estados de legislación más favorable. Puede haber riesgo de deslocalización, de que nuestras empresas se muden a otros países, ya que para vender ebooks solo se necesitan páginas de descarga y no presencia física en el país.

Casi cualquier opción nos lleva a la pérdida de movimiento económico y a la destrucción de empleo.

Así que más nos vale que alguien haga algo al respecto. Algo tan sencillo como desarrollar una legislación coherente. Una que ayude a un sector de futuro con un mercado potencial enorme que, según las previsiones, no hará sino crecer en las próximas décadas.

 

Legislación mencionada:

Directiva 2009/47/CE

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:116:0018:0020:ES:PDF

 

Ley de la lectura, del libro y las bibliotecas:

http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27140-27150.pdf

 

Ley del IVA http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1992-28740

 

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Ayer 23 de febrero, inauguraron una plaza minúscula con el nombre de Antonio Vega. Es en realidad un rinconcito –la confluencia de tres calles en Malasaña- hasta ahora sin nombre. ¿Qué más da eso? El más pequeño de los jardines históricos de Madrid, el del Príncipe de Anglona, es al tiempo uno de los más hermosos de la ciudad. Antonio Vega es una figura mítica de una época mítica. Y poner su nombre en esa placita, junto al barrio enseña de la movida madrileña no podía por menos que atraer a los medios. Así que tampoco podía faltar el alcalde de Madrid.
Esta afirmación la hago sin retintín. Su presencia era lógica y obligada. Su ausencia hubiera sido poco menos que un desaire, además de un daño a la imagen del cargo como vertebrador de la vida cívica. También, desde luego, hubiese sido renunciar de forma absurda a una publicidad positiva para la persona.
Gran número de acciones culturales tienen su dimensión mediática. Eso es un hecho. Dan imagen positiva a los promotores. También a la sociedad que los acomete, sea una ciudad, región o país. Y eso se traduce en prestigio, turismo, ingresos, puestos de trabajo.
¿Qué ciertas actuaciones culturales tienen su toque de vanidad? Claro, como casi cualquier acto humano. Eso en sí no es bueno ni malo. Sin ese punto de vanidad humana –personal o colectiva- tal vez no tendríamos pirámides, ni catedrales ni pintura renacentista. La vanidad solo es dañina si se desboca y antepone al primero objetivo de las políticas culturales. Les ocurre a los dictadores, que tienen tendencia a sembrar sus países con estatuas ciclópeas de ellos mismos. Efigies que, casi con en un rito de paso, las multitudes derriban y achatarran no bien cae el régimen.
Pero volvamos al factor «imagen» en las políticas culturales. Soy de los que creen que no solo debe asumirse su presencia. Es indispensable tenerlo en cuenta al diseñar cualquier política de tipo cultural. Si no se hace, el cálculo estará siempre incompleto. Digo esto para que no se malentienda lo que esto diciendo.
Volvamos de lo general a lo particular. Esto viene a que ayer, cuando vi en la tele cómo el alcalde inauguraba esa placita, ante cámaras y micros, esa imagen me resultó de un gran simbolismo.
Verán. A solo unos pasos de ese cruce de tres calles está la calle del Dos de Mayo. Y ahí, en el nº 11, está la iglesia de la parroquia de Nuestra Señora de las Maravillas y los santos Justo y Pastor. Un monumento del siglo XVII que ahora se está cayendo. Se cae de verdad, sin que nadie haga nada para remediarlo.
Es simbólico porque esa iglesia pertenece al municipio, no al obispado. El templo era parte de un convento que, tras la revolución de 1868, fue desamortizado. Demolieron el convento pero no la iglesia, que pasó a propiedad municipal, aunque se permitió seguir celebrando culto en su interior.
Así pues, el responsable de mantener esa pieza del patrimonio arquitectónico es el Ayuntamiento de Madrid. Pero a la vista está que el consistorio no está cumpliendo con su obligación. Han aparecido grietas que afectan a la estructura. Grietas que en la cúpula llegan a los diez centímetros de anchura. Diez centímetros. Se están produciendo caídas de materiales. Por esta razón ya han tenido que acudir los bomberos varias veces, la última esta misma semana.
El mal estado en que se halla el edificio ha sido reconocido por el Ayuntamiento. En su día hizo un plan de saneamiento. Plan que es papel mojado. Nada. Porque de momento ninguna obra se ha acometido.
¿No resulta muy simbólico que esos dos sucesos tengan lugar a solo unos pasos de distancia y con unas pocas horas de diferencia. El señor alcalde que inaugura una placita ante los medios y los bomberos municipales que acuden tras la llamada de vecinos alertando de la caída de material del exterior de la iglesia cuatro veces centenaria.
Y ahora regresemos a lo general. En las políticas culturales es malo no tener en cuenta el factor imagen. Por no hacerlo ocurre que ciertas actuaciones –como las subvenciones al cine, ciertos eventos o algunas restauraciones de monumentos- se ganan la hostilidad de la población, que las ve como un despilfarro de dinero público.
Y lo contrario, primar demasiado la imagen, no es malo sino terrible. Que la imagen sirva se sustente sobre nada. Que no sea pantalla donde se proyectan los resultados de la política en materia de cultura sino telón para tapar las ruinas. Ruinas de verdad como las que amenazan a esa iglesia.
Por eso aquella imagen en televisión de ayer me resultó tan simbólica. Símbolo de una situación que venimos sufriendo con demasiada frecuencia. Sufriendo en toda España y no solo en Madrid, eso es cierto.

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En la última década, el Ministerio de Cultura español ha venido utilizando la fórmula de la Cuenta Satélite de la Cultura para medir el dinero que mueve el sector, así como el porcentaje que le corresponde dentro del PIB nacional. La Cuenta Satélite de la Cultura busca una evaluación objetiva del peso económico del sector, mediante la aplicación de herramientas estadísticas e índices oficiales. Se pretende pues medir el valor material que produce el sector, sin entrar en el valor inmaterial que pueda generar.

Para ello se consideran, por un lado, distintos segmentos: Patrimonio, Archivos y Bibliotecas, Libros y prensa, Artes plásticas, Artes escénicas, Audiovisual, Cine y vídeo, Música grabada, Radio y televisión. De otra parte se contemplan diversas actividades: Creación y producción, fabricación, difusión, promoción, actividades educativas, actividades auxiliares.

Los cálculos son sin duda complejos. De todo ello, la Cuenta Satélite de la Cultura nos ofreció, para el año 2008 –última fecha hecha pública- una cifra de 31.094 millones de euros. Algo más del 4% del PIB nacional. Ese, siempre según la Cuenta Satélite, sería el movimiento económico que genera la Cultura en España.

Sin observamos por sectores, la estrella es sin duda el de Libros y Prensa, que supone algo más del 40% de todo eso. Y, en cuanto a actividades, la palma se la lleva la de Creación y producción, que abarca el 56% del total.

Si hemos de creer a la Cuenta Satélite, tampoco en el terreno del empleo la Cultura es de desdeñar. En actividades culturales, estaría dando trabajo a 660.000 personas, nada menos. Y aquí de nuevo brilla el sector de Libros y prensa, que supone el 40% de esa cantidad. Le seguiría Audiovisual y multimedia con el nada despreciable porcentaje del 22%.

En lo que toca a las comparativas, también la Cuenta Satélite mostraría la salud relativa del sector. Por ejemplo que no habría dejado de crecer en cifras, desde los 19.833 millones de euros del año 2000 a los citados 31.094 del 2008. O por ejemplo que tendría más importancia que el sector energético (2,7% del PIB) o que el agrario (3,7%).

A simple vista, todo esto parece una gran suma y un % del PIB más que respetable. Pero no lo es a juicio de algunos. España es el segundo o tercer país con mayor patrimonio cultural –material e inmaterial- del mundo. Solo estamos en este terreno por detrás de México y no disputamos el segundo puesto con Italia. Con este factor sobre la mesa, los hay que consideran que el sector Cultura debía generar más ingresos y aportar más al conjunto de la riqueza nacional.

Pero además, dejando de lado esta cuestión, resulta que la Cuenta Satélite, los métodos que emplea y las cifras que ofrece, están sometidas a crítica desde campos muy diversos. Desde los que consideran que se inflan las cifras a los que le acusan de dejar fuera de las estimaciones a elementos importantes. Y es a ambas críticas a los que vamos echar una ojeada en las siguientes entradas.

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